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Chile y el derecho a la información, un recurso aún poco considerado

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En tiempos que abundan los desastres naturales y la desinformación es importante que la ciudadanía conozca este derecho

La ley data del año 2009, pero a nivel ciudadano aún persiste el desconocimiento. Formalmente es conocida como la Ley de Acceso a la Información Pública o Ley de Transparencia.

En las últimas semanas Chile ha sido escenario de desastres naturales como los incendios forestales, pero a menudo acontecen otras situaciones que conllevan la destrucción de poblaciones, naturaleza y desplazamiento de personas.

Cuando suceden estas cosas también es común que aumenten las demandas de información (en un tiempo marcado por la desinformación a través de las redes e internet) sobre el origen de las ayudas gubernamentales, los costos para el Estado, diversas responsabilidades, etcétera.

“Los medios de comunicación, sin duda, cumplen un rol muy relevante en informarnos y cubrir estos temas. Sin embargo, existen herramientas para que como ciudadanos también podamos pedir información que sea de nuestro interés al Estado”, reflexiona la periodista chilena María Jaraquemada en un artículo publicado por La Hora de Chile con respecto a este tema.

Por ejemplo, en los últimos días la Corporación Nacional Forestal de Chile, Conaf, estuvo en el ojo de tormenta debido a la existencia de dudas en torno a los contratos de alquileres de aeronaves (de origen español, cuyas compañías están siendo investigadas por presuntos delitos) para la ayuda en el combate de los incendios.

La reconstrucción de la ciudad de Santa Olga, lugar devastado por los incendios, y el tema costos para volver a ponerla en pie ha sido otro de los aspectos puestos a consideración a nivel mediático en los últimos días.

Y todos estos temas, expresa la periodista, no deberían ser ajenos a la ciudadanía, que tiene entre sus manos la gran posibilidad de reclamar la información (la creada con presupuesto público o en Poder del Estado salvo algunas excepciones como información personal de terceros, entre otras).

“Cualquiera de nosotros, ya sea a través de un formulario o por internet, puede solicitar al Gobierno, municipio y otras entidades públicas información como en qué estado está la reconstrucción de Santa Olga y cuánto le costará al Estado; cuánto se gastó en los aviones, helicópteros y otros instrumentos para enfrentar los incendios; cuáles son las políticas públicas que se adoptarán para prevenir este tipo de situaciones y qué está haciendo el Estado para enfrentarlas, entre otras cuestiones”, enfatiza la periodista.

El plazo estipulado por la ley para obtener alguna respuesta, una vez realizado el pedido, es de 20 días hábiles. En caso de insatisfacción o ausencia de respuesta se puede hacer el debido reclamo a través del Consejo para la Transparencia, organismo que tiene la potestad incluso de sancionar a los jerarcas que se nieguen a brinda la información requerida.

“Se trata de un derecho que, lamentablemente, no es ampliamente conocido por la ciudadanía, pero que puede ser de mucha utilidad tanto para estas situaciones como para obtener otra información pública de mi interés”, señala la periodista.

Lo que sucede en Chile con respecto a la información no es ajeno a otros países de la región. Si bien hubo avances de un tiempo a esta parte, aún queda mucho camino por recorrer para que los ciudadanos empiecen a utilizar de manera más frecuente un recurso que representa una cara más de cualquier sociedad que se precie de defender la libertad de expresión y con ello la permanente búsqueda de transparencia para una democracia más sana y duradera.

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