Madre de familia, tras 18 años viviendo en el Estado de ArizonaPuede que sea una coincidencia. Puede que no. Pero el primero de los casos mediáticos de gran repercusión de deportación a México por el nuevo régimen de Estados Unidos se llama Guadalupe.
Guadalupe García de Rayos condensa en sí misma toda la historia reciente de la migración mexicana a Estados Unidos. Es madre de familia, tiene 18 años de vivir en el Estado de Arizona. Llegó a los 14 años sin papeles y ahora está de regreso a México, en Nogales, Sonora, ciudad fronteriza a la que fue repatriada.
Lupita –como le conocen familiares y amigos—llegó a Estados Unidos en 1999, a los 14 años de edad, a vivir con sus padres. Pero en 2008 fue detenida en su lugar de trabajo por una de las muchas redadas ordenadas por el célebre sheriff de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio.
Estuvo seis meses detenida y salió libre al pagar una fianza (porque había sido descubierta con papeles falsos). En 2013, una corte de inmigración ordenó que fuera deportada pero Lupita se acogió al programa de Familia Unida, del entonces presidente Barack Obama, en el que se le otorgó permiso de trabajar para estar con sus dos hijos (nacidos en Estados Unidos) y su marido mexicano, también indocumentado.
La única condición era que cada año fuera a firmar su registro ante los oficiales del ICE (Control de Inmigración y Aduanas). De 2014 a 2016, la firma ocurrió sin ningún contratiempo. Pero en 2017, fue a firmar al ICE y ya no regresó a casa: se acabó el indulto de Obama; comenzó, para ella y para muchos más, la era Trump.
Fue trasladada a la frontera con México en un auto encubierto del ICE sin poderle avisar a su familia, sin derecho a un abogado y con la orden de deportación elaborada y lista, quizá por ser activista de la Organización Puente de Arizona, un movimiento de derechos humanos que, según su página web, “desarrolla, educa y empodera a las comunidades migrantes para defender a sus familias y a nosotros mismos”.
Una política “sin prioridades
En sus primeras declaraciones a la prensa en suelo mexicano, *Lupita* dijo que, en efecto, tenía mucho miedo de ir a firmar al ICE, “pero no me iba a esconder, yo no quería eso”.
Por su parte, la vicedirectora de educación del organismo America’s Voice, Lynn Tramonte, dijo: “*Lupita *es solo el primer caso de gran repercusión mediática. Es indignante ver que una madre común es tratada como un peligro para Estados Unidos”.
Al respecto, las autoridades migratorias estadounidenses consideraron que “el caso de la señora García fue revisado en múltiples niveles (…) y los jueces sostuvieron que no tiene una base legal para permanecer en Estados Unidos”.
El delito de Guadalupe García –originaria de Acámbaro, Guanajuato (México)– fue haberse establecido en la ciudad de Mesa (Arizona) con papeles de trabajo falsos. Pero ahora, dice, fue tratada por las autoridades fronterizas, “como si fuera (el narcotraficante) Joaquín *El Chapo* Guzmán”.
Puede que sea coincidencia. Puede que no: pero se llama Guadalupe, la primera víctima de una reciente política de deportación –como subraya un comunicado de America’s Voice—“total, inexorable y sin prioridades”.
