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Birmania; la crisis de los rohinyá llega al Vaticano

Vatican Insider - publicado el 10/02/17

Perseguidos, discriminados, marginados. Apátridas. Los rohinyá son los rechazados de nuestro tiempo. Una minoría étnica de religión musulmana que vive en la Birmania occidental y no cuenta con derechos ni ciudadanía. Esta minoría atrajo la atención de Papa Francisco, quien se refirió a ella en la Jornada mundial en contra de la trata como caso ejemplar de «migrantes, refugiados, explotados que sufren mucho, expulsados». 

La mirada del Papa se posó en una porción de humanidad que vive actualmente una crisis en la que se ve involucrada la comunidad internacional y por la que se preocupan diferentes organizaciones y la Iglesia de Birmania: se denuncia el terrible sufrimiento de más de un millón de personas y se trata de sensibilizar a la opinión pública con el objetivo de organizar una obra humanitaria. 

El último informe, publicado el 3 de febrero por el ACNUR, se refiere a brutalidad y violencia de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado de Rakhine, en la frontera con Bangladesh, en donde viven los rohinyá. La ofensiva, según las reconstrucciones, sería la reacción por la muerte de 9 militares a manos de presuntos “rebeldes” en octubre del año pasado. 

Según el documento de la agencia de la ONU, más de mil civiles han sido asesinados en la región que se encuentra al norte de Maungdaw; los medios de comunicación y algunas organizaciones internacionales no pudieron acceder a la zona durante las auténticas operaciones de “limpieza étnica”. 

El informe, redactado gracias a los testimonios de prófugos que huyeron a Bangladesh, describe ejecuciones sumarias de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, ráfagas de balas contra civiles en fuga, violaciones, vejaciones, violencias y atrocidades (como enteras aldeas incendiadas). Actos que organizaciones no gubernamentales como Human Right Watch describen como «crímenes contra la humanidad» y «genocidio». 

Deplorando «tal inhumanidad y barbarie», el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangón, dijo que estos hechos son «profundamente inquietantes». «El odio contra personas de diferentes etnias y religiones se ha intensificado y ha alcanzado un nivel alarmante. Hay que detener de una vez por todas lo que ha sucedido en el estado de Rakhine», añadió. «Estas barbaries –indicó– pueden hacer que el país (que acaba de salir de una feroz dictadura militar) vuelva a caer en días oscuros» y poner en riesgo «su frágil recorrido de democracia». 

Una alarma para la nación que, añadió Bo, «está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia». «En el último lustro, Myanmar ha vivido muchos cambios positivos y se ha convertido en un país más abierto. Se trata del alba de una esperanza», recordó refiriéndose a las reformas a nivel económico, en los medios de comunicación, en la sociedad, en los mecanismos democráticos. Pero todo ello «corre el peligro de convertirse en una ilusión». 

Recordando también la situación de conflicto y las acciones militares que se están llevando a cabo en los estados septentrionales, donde vive la mayor parte de los cristianos del país. El cardenal pidió al gobierno (en manos de la Liga Nacional por la Democracia, el partido de la histórica lideresa Aug San Suu Kyi), que «ponga fin a la ofensiva militar en contra de los civiles en el estado de Rakhine y en los estados de Kachin y Shan», por lo que también pidió que puedan tener libre acceso a esos territorios agencias humanitarias, medios de comunicación y observadores de derechos humanos. 

Bo invitó al ejecutivo birmano a «actuar al lado de la comunidad internacional para indagar sobre los delitos denunciados por las Naciones Unidas»; y a la comunidad internacional a «vigilar y a sostener al actual gobierno democrático birmano». 

Mientras tanto, miles de personas que pertenecen a la minoría rohinyá han huido a Bangladesh: el gobierno birmano, de hecho, no los considera ciudadanos sino «inmigrantes ilegales», por lo que no tienen ningún derecho. Un estatus de «discriminación institucionalizada» que perdura desde hace décadas, pero que en los últimos años se ha ido recrudeciendo. Grupos de nacionalistas budistas piden la expulsión de estas personas del país. Según la ONU, 100 mil rohinyá han abandonado el país y se han refugiado en los países vecinos; alrededor de 22 mil personas lo han hecho en las últimas semanas, después de la ofensiva del ejército birmano. Otros 150 mil civiles rohinyá se encuentran en campos para refugiados. 

La Caritas (que en Birmania se llama Karuna) no puede actuar. «Ninguna organización de carácter religioso puede entrar a la zona y solo algunas Ong internacionales pueden llevar asistencia humanitaria», refirió a la agencia vaticana Fides Nereus Tun Min, sacerdote birmano responsable de la Caritas en la diócesis de Pyay, en la que se encuentra el territorio de los rohinyá. «Con pesar nuestro, somos solo espectadores de esta crisis. La falta de reconocimiento por parte del estado es el principio» de esta terrible situación. 

Una ley de 1982, de hecho, niega a los rohinyá la ciudadanía, les impide poseer tierras, viajar sin permiso y tener más de dos hijos por familia. El gobierno birmano podría volver a empezar modificando urgentemente esta disposición. 

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