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Argentina abre el debate: ¿Hay que controlar la migración? ¿Cómo?

Norberto Duarte / AFP

Quads cross the border from Argentina to participate in the Dakar Rally in Luque, Paraguay, on December 28, 2016. Some 316 vehicles, including 83 cars and 146 motorbikes, are registered for the 39th Dakar Rally, which will be staged over nearly 9,000 kilometres (5,600 miles) from January 2-14 in Argentina, Bolivia and Paraguay. / AFP PHOTO / NORBERTO DUARTE

Esteban Pittaro - publicado el 23/01/17

Mauricio Macri podría impulsar normas para restringir el acceso al país y agilizar las expulsiones

Brian, de 15 años, presuntamente, robaba en una motocicleta. Otro Brian, de 14 años, circulaba con su abuelo. El primero, según consideran fuertes indicios de la investigación, forcejeó con las víctimas y disparó, y el segundo, que pasaba por allí, murió víctima de ese disparo.

La justicia argentina no pudo imputar al primero por ser menor de 16 años, y lo liberó para que viaje a Perú, donde viven sus abuelos, ya que no consideraba que sus padres, bajo la mira por delitos de narcotráfico, puedan ser responsables. Pero los papás del otro Brian encarnan un llanto de impotencia que podría llevar a cambios en leyes tanto penales como migratorias en la Argentina.

Si bien en la Argentina la mayoría de edad se establece en los 18 años, hay un régimen penal juvenil que contempla la imputabilidad para quienes cometan ciertos delitos entre los 16 y los 18 años.

El caso, en el que el supuesto homicida estaba a dos meses de cumplir los 16, ha vuelto a poner sobre el tapete la discusión.

Según informa la prensa argentina, desde el gobierno se va a estar convocando a una comisión especial conformada tanto por jueces y fiscales como por expertos en educación y salud para analizar cómo proceder con delitos cometidos por jóvenes de 14 a 16 años.

Entre las opciones que se barajan, informó el diario Clarín, están analizar el grado de conciencia del niño al momento de cometer el delito, y dejar la pena de prisión solo para casos de homicidio, entre otras variables.

Pero el otro frente en el que el caso de Brian podría llegar a marcar un antes y un después tiene que ver con una posible reforma migratoria. Según ha publicado la prensa local, el presidente Mauricio Macri podría por decreto impulsar normas que restringirían tanto el acceso al país para quienes cuenten con antecedentes penales en sus países de origen, como para agilizar las expulsiones de quienes delincan en el país.

El primer Brian fue detenido en Chile, a donde habría escapado con su padre. Por fotos y comentarios subidas por su madre en Facebook, se intuye que estaba iniciando una huida del país. Brian nació en la Argentina, pero cuenta con nacionalidad peruana.

Su padre nacido en ese país, reside en la Argentina desde hace varios años, donde fue condenado por delitos de narcotráfico hace más de una década. Su madre, también de nacionalidad peruana, está cumpliendo una pena de prisión domiciliaria por una causa de drogas, informó el portal Infobae.

Las reformas anunciadas implicarían la consolidación de bases de datos con otros países para rechazar el ingreso de aquellos con antecedentes penales, y la agilización de la expulsión para aquellos condenados en la Argentina.

Según reportó Clarín, en el decreto se incluiría la revocación del permiso de residencia ante la comisión de ciertos delitos y la eliminación de dilaciones que puedan ser manipuladas para evitar expulsiones. Hay antecedentes de un condenado por delito de narcotráfico cuya extradición al país de origen lleva ya más de 8 años demorada.

Además, se modificaría las condiciones para obtener la ciudadanía argentina.

Actualmente, pueden solicitar la ciudadanía aquellos que acrediten dos años continuos viviendo en la Argentina. Ahora, informó Clarín, se tendrían que acreditar dos años continuos “de residencia legal vigente”, lo que dificultaría el trámite de aquellos que ingresan como turistas al país, y permanecen más allá de los tres meses permitidos hasta alcanzar el plazo que permita solicitar la ciudadanía.

Distintos organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Federación Argentina de Colectividades ya han cuestionado las posibles modificaciones en distintos medios de comunicación. En los cuestionamientos insisten en que no deben identificarse los problemas de delincuencia con la inmigración y que no están dadas las condiciones para garantizar la justicia en expulsiones rápidas.

¿Aumentar los controles y las exigencias en un país en el que no hay familia en la que no haya un antecedente directo de inmigrantes? ¿Expulsar delincuentes extranjeros e impedirle el reingreso aun cuando lleven años residiendo en la Argentina y hayan formado familia allí? El debate está abierto y será politizado por los distintos partidos políticos. El anhelo de un país más seguro, en el que perder la vida por simplemente circular por la calle no sea una posibilidad, parece lejano.

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