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Histórica negociación en España para un gran Pacto Nacional de Educación

Gettyimages / skynesher
Large group of happy young people in classroom celebrating the end of a school year in lecture hall. They are looking at camera.
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8 leyes en 4 décadas y un sistema ineficiente

En España se han iniciado los primeros pasos que conducen a la elaboración de un gran Pacto Nacional por la Educación, al que se han comprometido principalmente el Partido Popular, el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Partido de centro que apoya al gobierno del PP). Esta es una tarea trascendental que afecta a toda la sociedad y al futuro de los españoles.

Una subcomisión en el Congreso deberá alcanzar un acuerdo, en seis meses, sobre las necesidades del sistema educativo del país y poder elaborar un proyecto de Ley de Bases sobre la educación.

Es la primera vez que en España se quiere consensuar una ley educativa entre partidos de derechas y de izquierdas, después de cuatro décadas en las que se han aprobado ocho leyes que han conformado un sistema educativo que se dice ineficiente.

Por primera vez, por lo tanto, tanto la derecha como la izquierda quieren ponerse de acuerdo para elaborar una ley básica pactada, lo que permitirá que dure en el tiempo, en lugar de tener que elaborar leyes básicas de educación al ritmo que se suceden los gobiernos.

El motivo fundamental de la falta de acuerdos en materia educativa ha sido de carácter ideológico, pues mientras la izquierda pedía una escuela pública muy potente controlada por las administraciones públicas, la derecha era partidaria de la libertad y pluralidad de centros, públicos y privados, sustentados estos con fondos públicos.

Existe, de todas formas, un pacto de mínimos que establece el artículo 27 de la Constitución. Dicho artículo afirma que la enseñanza será “obligatoria y gratuita” en los niveles obligatorios (hasta los 16 años); establece la libertad para promover centros docentes y consagra el principio de los derechos humanos de que los padres podrán elegir el centro educativo de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales.

En España un 70 por de la enseñanza es pública, mientras que un 30 por ciento es privada o “concertada”. La enseñanza concertada, mayoritariamente dirigida por entidades católicas, es la que recibe fondos del Estado para cubrir parte de los gastos del profesorado y material escolar, pero estos fondos suponen solamente entre un 65 y un 75 por ciento de los costes reales de los colegios.

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la educación? En primer lugar la calidad de la enseñanza. España está en la cola de los países de la OCDE en lo que se refiere a conocimientos básicos de los alumnos (Informe PISA), y es el país de Europa que más abandonos escolares tiene en la enseñanza obligatoria (un 19 por 100). El Plan Europeo pide que se llegue al 15 por 100 como máximo el año 2020.

Por otro lado, la opinión pública considera que la enseñanza “concertada” –la que recibe fondos públicos, aunque sin cubrir los costes totales– es selectiva porque las familias con menos ingresos no pueden pagar la diferencia entre los costes reales y los de los fondos públicos recibidos.

El Estado no parece nada interesado en incrementar estos fondos destinado a la concertada. Ahí está una parte importante del problema educativo español: la diferencia de recursos que el Estado destina a la enseñanza concertada en relación con los que destina a la enseñanza pública. Esto impide una gratuidad plena de la enseñanza.

Otro problema importante es la asignatura de Religión. Los obispos piden que se cumpla también lo establecido en los pactos con la Santa Sede en el sentido que en todas las escuelas públicas se ofrezca la asignatura de Religión para quien libremente quiera cursarla.

En numerosos centros públicos no ofrecen la asignatura de Religión, y los partidos laicistas afirman que es una asignatura de “catequesis”, que bien puede enseñarse fuera de la escuela.

La Iglesia, dijo José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal, tiene 2.600 centros en España con 1,5 millones de alumnos. La asignatura de la Religión no es una catequesis, sino cultura, pues no se entiende el mundo, la historia, sin la religión.

En la última reunión de la Conferencia Episcopal Española, celebrada a finales de noviembre, los obispos afirmaron públicamente, a través de su portavoz, que la Iglesia no pide privilegios en el tema de la enseñanza, sino un trato de igualdad económica para hacer efectiva la gratuidad en los niveles obligatorios.

Los obispos españoles piden que se mantenga la oferta de libre elección para la asignatura de Religión en todas las escuelas (solicitada hoy por tres millones de alumnos), al mismo nivel y trato que tienen otras confesiones religiosas que mantienen acuerdos con el Estado. La asignatura, además, debe estar “plenamente integrada” en el currículum escolar.

Finalmente, los obispos manifestaron que en el Plan Nacional de la Educación no quieren ser “convidados de piedra” sino que quieren participar “con voz propia” y “con una sola voz”.

Los cuatro puntos-clave en las negociaciones podrían ser:

1) garantizar la pluralidad de proyectos educativos, lo que se consigue dando autonomía a los centros;

2) la financiación de los centros concertados;

3) la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o Regiones, y

4) La enseñanza de la Religión.

En los gobiernos regionales el trato que tiene, tanto la enseñanza concertada como la asignatura de Religión, depende mucho del color de gobierno que hay.

Por ejemplo, en Cataluña hay muy pocas escuelas públicas en las que se imparte la asignatura de Religión porque no la quieren los colegios. Además, en Navarra y el País Vasco la enseñanza concertada recibe ayudas adicionales de los gobiernos respectivos para intentar paliar la diferencia de costes entre lo que se recibe del Estado y los costes reales.

 

 

 

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