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El Rey de España premia al Instituto fundado por el jesuita salvadoreño Segundo Montes

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Facebook Instituto de Derechos Humanos de la UCA - IDHUCA

Jaime Septién - publicado el 19/11/16

A los 27 años de la masacre en la UCA

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En la madrugada del 16 noviembre de 1989, la Universidad Centroamericana “José Simón Cañas” (UCA) y su Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), sufrieron un duro golpe por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el Padre Segundo Montes, fundador del IDHUCA en 1985, y dos colaboradoras.

A 31 años “de interpretar la realidad salvadoreña e influir en ella para construir una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana”, como se puede leer en el objetivo que impulso la fundación del IDHUCA por el padre Montes, el pasado martes 15, coincidiendo con el 27 aniversario de la masacre en la UCA, el embajador de España en El Salvador, Francisco Rabena Barrachina, en nombre del Rey de España, Felipe VI, le entregó la Placa del Mérito Civil.

Este reconocimiento lo otorga el Rey de España “a personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que han destacado por prestar servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o una constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”.

En la exposición de motivos se destaca que el IDHUCA ha realizado su labor de manera extraordinaria y ejemplar: ha luchado encarecidamente por el respeto a la dignidad y los derechos humanos en El Salvador desde que fue fundado.

“A lo largo de sus 31 años, el IDHUCA ha encarnado a plenitud la misión de la Compañía de Jesús: la defensa de la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige, la opción preferencial por los pobres y la búsqueda de la reconciliación. El IDHUCA ha sabido estar al lado de los pequeños, de los encarcelados, de los desnudos, de los sin tierra, los sin hogar, los desamparados”, dice el texto con el que Su Majestad Felipe VI reconoció la labor del Instituto.

El principal objetivo del IDHUCA ha sido “contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas”.

Opción por los Derechos Humanos

Desde 1980 hasta 1992, un enfrentamiento armado –originado por la crisis económica, el cierre de espacios políticos para la participación ciudadana y la constante represión– generó la violación de los derechos humanos de la mayoría de la población salvadoreña. En ese tiempo, y hasta el día de hoy, el IDHUCA se ha preocupado por registrar cuidadosa y rigurosamente las violaciones a estos derechos.

Su trabajo no se limitó ni se limita “a una simple recopilación de atropellos”, sino que se esfuerza por realizar una reflexión sobre su significado teórico y práctico y por procurar movilizar a la opinión pública y organizar una red de solidaridad internacional con El Salvador.

Al padre Segundo Montes le siguió el sacerdote jesuita Michael Czerny que, al fin de la guerra guió al IDHUCA hacia enfrentar el problema del respeto de los derechos humanos a partir de un tratamiento multidisciplinario del mismo, “con el objeto de propiciar, dentro y fuera de los espacios académicos, una mejor comprensión del fenómeno y posibilitar la búsqueda de propuestas fundamentadas para su solución”.

Además, el IDHUCA concentró parte de su trabajo en la resolución del caso jesuitas, y desde entonces ha luchado para lograr justicia en este brutal crimen que se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una vez firmados los acuerdos de paz en El Salvador, el IDHUCA asumió «un rol activo y propositivo para el cumplimiento de los compromisos asumidos. La transición hacia el régimen democrático abrió una amplia gama de posibilidades y desafíos». En ese momento, 1992, llegó el actual director del Instituto, Benjamín Cuéllar.

Desde enero del 2001, el IDHUCA ha extendido sus servicios de asesoría legal a migrantes y sus familiares, nacionales y extranjeros; además, ofrece capacitación sobre el tema con enfoque de derechos humanos y ha realizado investigaciones bajo la modalidad de monitoreos, para develar la ausencia de un debido proceso administrativo a favor de población migrante y la necesidad de una moderna legislación en la materia.

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