Una situación “preocupante” a nivel social y político es la que los obispos agrupados en la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) observan y explican en un reciente comunicado a la nación que intitularon Dios ama la justicia y el derecho.
Por principio de cuentas, los prelados guatemaltecos señalan que en ese país, que tuvo una “primavera” reciente al derrocar en septiembre de 2015 –de forma pacífica– al gobierno de Otto Pérez Molina, señalado por actos de corrupción, está enfrentando una crisis por “parálisis institucional”.
Una crisis –añaden los obispos de Guatemala– que se manifiesta de diversas maneras: “En el ejecutivo percibimos graves dificultades para llevar adelante acciones concretas. En el legislativo hay bloqueos dentro de los diputados y señalamientos graves contra no pocos de ellos. En el judicial vemos rezagos enormes que impiden llevar adelante una justicia pronta, imparcial y ajena a injerencias de poderes externos e internos”.
En octubre del mismo año (2015), el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, ganó la presidencia de Guatemala tras vencer claramente -con más de un millón de votos de diferencia- a su rival, la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza.
En ese tiempo, la CEG expresaba su temor de que la situación del país –larvado por conflictos de violencia en las últimas décadas— empeorara y se convirtiera en una nación ingobernable. Y lo hicieron mediante el comunicado intitulado Nos duele Guatemala.
A un año de distancia del nuevo gobierno encabezado por Morales, los obispos precisaron que el país centroamericano necesita fortalecer la democracia para hacerla más expresiva de la defensa del bien común y de la promoción de la dignidad humana, que garantice el imperio de la ley para todos los sectores sin exclusión.
“Necesitamos ciudadanos y funcionarios honestos, con conciencia ética y sentido de responsabilidad moral en el manejo de los asuntos públicos y privados”, señalaron en su comunicado, al tiempo que subrayaron que las demandas legítimas y sensatas de los distintos sectores de la sociedad civil no encuentran espacios suficientes para priorizar, dirimir y establecer mecanismos de negociación que tengan al final el bien común como meta suprema.
La caída del régimen de Otto Pérez Molina se produjo por actos de corrupción. Sin embargo, y para desencanto de los guatemaltecos –infieren los obispos en su comunicado—la trama no ha concluido.
Para los obispos, “la lucha contra la corrupción es fundamental pero es necesario enmarcarla en los objetivos inmediatos de construcción de un proyecto de país que brota jurídicamente del proemio de la Constitución, en el que se afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; se reconoce a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común”.
La CEG, dice finalmente que lo que le mueve a denunciar el estado de cosas es porque quiere “una Guatemala distinta”. Para ello, los prelados se comprometieron “para que la verdad del Evangelio sea nuestra mayor contribución al cambio social y ético que como país necesitamos.”
Hoy celebramos a...