Para la Guajira (una región colombiana ubicada al noreste), una gota de agua significa una verdadera bendición. Desde hace tiempo esta zona atraviesa una fuerte crisis debido a la sequía, aspecto que ponen riesgo no solamente la vida de animales y planta, sino, fundamentalmente, la de la propia población.
Debido a esta situación se viene trabajando con las autoridades locales en un plan para darle garantías a todas las comunidades indígenas y tribales que habitan al sur de la Guajira para que tengan acceso al agua potable. En ese sentido, hubo un fallo que ordenaba la puesta en marcha del plan.
Sin embargo, ante la falta de respuestas -y el pronunciamiento de algunos sectores gubernamentales de que la situación crítica había sido superada- la Corte Constitucional de Colombia tuvo que tomar cartas en el asunto y recientemente ordenó que se garantice de forma inmediata este acceso al agua potable.
“No hay políticas clarasque dé una verdadera solución a esta problemática, generando un aumento en los índices de pobreza, desnutrición, enfermedades catastróficas, imposibilidad de desarrollo e insatisfacción de mínimas necesidades básicas”, expresa la Corte, según reproduce El Espectador de Bogotá.
Es que la Corte Suprema entiende que la situación verdaderamente, con falta de agua potable, pobre en riesgo la vida de estas personas.
“La crisis humanitaria que vive hoy en día el departamento de La Guajira no tiene espera puesto que se acentúa con el pasar del tiempo. No es posible que exista un territorio completo, habitado por minorías indígenas y población vulnerable, el cual no tenga un mínimo vital de agua potable”, agrega la Corte.
Uno de los grupos que desde hace tiempo vienen reclamando que se atienda esta situación es la Comunidad de Negros Afrodescendientes, quien terminó presentando una demanda ante la Corte.
Según ellos, otro aspecto a considerar tiene que ver con la explotación de carbón desde hace 30 años, algo que también terminó repercutiendo de forma negativa en la calidad del ambiente y en la salud de los habitantes.
A través de su ordenamiento, la Corte demuestra atender la solicitud de este grupo y reconoce que la situación crítica que se vive en la Guajira repercute en el desarrollo normal de la vida familiar y el trabajo de la población.
El plazo puesto por la Corte es de dos años mediante la ejecución de alguna política pública que contemple los aspectos productivos y protección de las formas de vida del lugar.
De momento, lo que resta esperar es que se haga lugar a la exhortación de la Corte y que las comunidades afectadas no tengan que clamar más por un derecho fundamental para la vida de cualquier ser humano como lo es el acceso al agua potable.
Hoy celebramos a...