A muchos sorprendió la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley conocido como “Nica-Act “, pero que, en realidad lleva el nombre de Nicaraguan investment conditionality act, una iniciativa de Ley que condicionaría la inversión y el intercambio comercial de Estados Unidos y aliados con el país centroamericano.
Similar a un bloqueo comercial, la iniciativa apenas ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. Para ser efectiva, tendría que ser aprobada por el Senado y por el presidente. También podría ser vetada por Obama, aunque el primer mandatario estadounidense no se ha pronunciado al respecto.
La Cámara de Representantes votó a favor de la iniciativa de manera expedita (apenas una semana tardó en ser aprobada) y por unanimidad: demócratas y republicanos consideraron el régimen de Daniel Ortega Saavedra ha cometido muchos atropellos en contra de la democracia, la ley y el respeto a los derechos humanos, por lo que propusieron cuatro mandatos en específico.
El primero pide que los representantes de Estados Unidos se opongan a las solicitudes de crédito que haga el gobierno de Daniel Ortega en instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta que no haya elecciones libres, respeto al Estado de Derecho, libertad de expresión e independencia entre el poder judicial y los organismos electorales.
El segundo mandato es que Ortega Saavedra y su gobierno acepte a la Organización de Estados Americanos (OEA) como observadora electoral en las votaciones del próximo 6 de noviembre de 2016.
El tercer mandato tiene que ver con el papel prioritario que le dará la Agencia para el Desarrollo Internacional, que es la agencia de cooperación norteamericana, a la asistencia al pueblo de Nicaragua a la sociedad civil en programas de gobernabilidad democrática y derechos humanos.
Y el cuarto mandato dice que en el plazo de 120 días después de aprobada la ley el Departamento de Estado de los Estados Unidos deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en los altos niveles del gobierno de Ortega, y otras instituciones del Estado nicaragüense, incluyendo el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. La elaboración de este informe se apoyará en reportes de los servicios de inteligencia norteamericanos.
Ciertamente, podría ser un amago de la Cámara de Representantes estadounidense ante la deriva de Nicaragua a un régimen similar al que instauró Hugo Chávez en Venezuela.
Sin embargo, como ha dicho el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, “no hay duda de que esta iniciativa tendrá impacto negativo a nivel económico, tanto para los privados como para la población pobre. Muchos programas que se desarrollan en el país a través de las ayudas se verían afectados”.
Así pues, Ortega Saavedra se encuentra en una encrucijada. Si no abre las elecciones y permite la libertad de expresión, así como el desarrollo democrático, tendrá que enfrentar una crisis económica y comercial de enormes dimensiones en el pequeño país centroamericano.
Pero si las abre podría perder el mando, que, a través de la vicepresidencia dada a su esposa, parece ser que quiere retener para la eternidad.
El cardenal Brenes ha pedido al gobierno un “plan B” ante esta amenaza. ¿Lo tendrá pronto? Falta poco más de un mes para las elecciones.
Hoy celebramos a...