La ONU exhorta a Bolivia a abolir esta práctica y lamenta la violencia de los últimos meses Durmieron en la calle, atravesaron carreteras, aguantaron el frío y otras inclemencias del tiempo. Los discapacitados en Bolivia no tuvieron meses fáciles. Fueron protagonistas de largas marchas y protestas persiguiendo un único fin: atención de sus reclamos de parte del gobierno, principalmente los vinculados a las pensiones.
“No tenemos ni carpas, dormimos en la calle y sufrimos mucho frío”, expresó el dirigente de los discapacitados David Cayo los medios de prensa durante una de las marchas hacia La Paz
La violencia se hizo presente –de parte de la policía- en varias oportunidades durante esos días complejos donde las negociaciones sufrían altibajos.
Pero ahora es la Organización de Naciones Unidas, a través de la Comisión sobre los Derechos de las Personas que sesionó en los últimos días en Ginebra (Suiza), quien tomó cartas en el asunto y lamentó los hechos de violencia, además de instar a “abolir la práctica de esterilizar a discapacitadas sin su consentimiento libre e informado”, indica La Razón, algo que dependía de una decisión de un representante legal.
¿Qué puede llevar a una esterilización de este tipo? Como trasfondo aparece la polémica medida vinculada por lo general con un segmento de la sociedad para evitar que a través de la reproducción se sigan propagando ciertos defectos.
Es por ello que la ONU exhortó a Bolivia a establecer los protocolos para regular las intervenciones de tipo quirúrgicas en las discapacitadas.
En cuanto a la violencia desatada en los últimos meses, el comité indicó que los discapacitados “ejercían su legítimo derecho a la manifestación pública”. Pero también recomendó la adaptación a nivel legal de leyes para garantizar la defensa de los derechos de las personas con estas características.
Por otro lado, el organismo de Naciones Unidas lanzó una advertencia sobre trascendidos vinculados a infanticidios de recién nacidos con discapacidad en comunidades remotas del país, agrega La Razón.
“Instamos al Estado a que fortalezca las medidas para proteger a los niños con discapacidad”, expresó el comité.
En tanto, ahora se espera una respuesta en cuanto a estos exhortos y también se aguarda que haya un proceso de “investigación imparcial e independiente” para que se pueda enjuiciar a los responsables sobre estos hechos violentos de los últimos meses que afectaron a discapacitados de todo tipo, incluso mujeres y niños.
