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India: entre la Madre Teresa y los mártires del Orisa

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Las premisas existen e incluso el cardenal Oswald Gracias, presidente de la Conferencia episcopal, ha auspiciado que los 101 cristianos asesinados “in odium fidei” en el estado indio de Orisa, durante la ola de violencia desatada en 2008 por parte de militares extremistas indúes, sean reconocidos como mártires. 

Mientras se acerca la canonización de la madre Teresa de Calculta, que será proclamada santa en el Vaticano el 4 de septiembre, y el gobierno indio del premier Narendra Modi anuncia el envío de una delegación de alto rango (pero sin él), otro episodio tiene lugar en la Iglesia india y tiene que ver con las delicadas relaciones con el ejecutivo de matriz nacionalista actualmente a la guía de la democracia más grande del mundo. 

Es un episodio doloroso, una narración de sangre, violencia, violaciones, abusos, destrucción, evacuación: la violencia gratuita sobre civiles indefensos que causó, más allá de las 101 víctimas, la destrucción científicamente orquestada de 8.500 casas y 395 iglesias, mientras 56mil desplazados cristianos, echados para siempre de sus pueblos, perdieron casas, propiedades y cualquier medio de subsistencia. 

Ocho años después de aquella auténtica limpieza étnica que ha marcado para siempre la vida de las comunidades católicas en el país (se trata del más feroz episodio de violencia de masa sobre los cristianos), la Iglesia en el estado de la India centroriental celebra el 30 de agosto de cada año su “Jornada de los mártires”. Y espera que sea la nación entera, a partir de la Conferencia episcopal, que reconozca esta instancia haciéndose así promotora de un verdadero proceso de canonización. 

Muy activo en este frente está el obispo John Barwa, de Cuttack-Bhubaneswar, presidente de la conferencia regional de los obispos de Orisa, que han elegido para celebrar los mártires el día sucesivo del martirio de san Juan Bautista. Decisión, ésta, “adoptada para honrar y respetar el sacrificio de todos aquellos que han perdido la vida durante las masacres contra los cristianos del 2008 en el distrito de Kandhamal”, ha explicado Barwa a la agencia vaticana Fides, recordando haber hablado a la asamblea plenaria de los obispos indios, que tuvo lugar en Bangalore la pasada primavera. 

Mientras tanto la Iglesia local ha encargado ya a un equipo especial de sacerdotes e investigadores documentar los incidentes que causaron la muerte de los 101 cristianos en Orisa, preparándose de esta forma para dar comienzo a la fase diocesana del proceso para declarar el martirio. 

La cuestión, sin embargo, no se desarrolla solo en el plano de la fe sino que continua teniendo rostros humanos y legales: la comunidad continua pidiendo justicia plena y rescarcimientos adecuados para todos aquellos que escaparon de la ola de violencia. 

En la batalla legal que ha dado comienzo, los cristianos han conseguido hace poco un veredicto favorable: aceptando un recurso presentado por el entonces arzobispo Raphael Cheenath, desaparecido hace pocos días, la Corte Suprema de la India, considerando las indemnizaciones correspondientes hasta ahora “inadecuadas”, ha ordenado al gobierno de Orisa dar una compensación suplementaria para las familias cristianas. El tribunal ha dispuesto además volver a examinar 315 casos de violencia, todos casos señalados a la policía pero no investigados adecuadamente por la policía. 

Un primer paso que, si bien se produce ocho años más tarde, obliga al gobierno del estado a garantizar que los autores de aquellos crímenes no queden impunes y hace que la violencia de Kandhamal no caíga en el olvido. 

Apoyando, por estos motivos, la necesidad de una ’Jornada de la memoria’, el semanal de Delhi ’Indian currents’ dirigido por el fraile capuchino Suresh Mathews, dedica un número especial monográfico al suceso de los mártires de Orisa, hablando de “parodia de la justicia”. 

Por un lado el semanal recuerda que casi un tercio de las 827 denuncias presentadas por los cristianos fueron archivadas porque la policía no consiguió encontrar rastro de los culpables Y de los 362 procedimientos que llegaron, sólo 78 acabaron en tribunal. En segundo lugar, la mayor parte de las acusaciones decayeron porque los testigos oculares fueron amenazados y el gobierno “fracasó en su deber básico de proteger a los testigos de los crímenes más terribles”. 

El gobierno de Orisa, por otra parte, no ha dado ningún paso hacia adelante en ocho años para poder devolver a los desplazados sus casas, avalando y perpetuando de hecho una ocupación ilegal y violenta de la propiedad de otros que no parece querer poner en discusión. 

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