Los gobiernos venezolano y turco continúan acosando a opositores y disidentes, cada vez con medidas más severas
Si bien la constitución venezolana establece la posibilidad de revocar cargos de elección pública a mitad del período de ejercicio, varios voceros del partido de gobierno (el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) se han opuesto a la iniciativa, asegurando que el referendo no se llevará a cabo.
Jorge Rodríguez, vocero del partido y alcalde de uno de los municipios de la capital venezolana, aseguró que, por orden del presidente Maduro, se entregarán a cinco ministerios los nombres de los funcionarios de altos cargos que firmaron solicitando la apertura del proceso de referendo revocatorio.
A estos funcionarios se les ha dado 48 horas de plazo para presentar sus renuncias y abandonar la administración pública: “no puede haber en cargos directivos de ministerios, instituciones públicas, gobernaciones y alcaldías personas que estén en contra de la revolución bolivariana y del presidente”, afirmó Rodríguez, al tiempo que aseguraba que estos funcionarios “son los que maltratan al pueblo (…) son los que boicotean el trabajo”.
No muy lejos de este tipo de medidas están las recientemente adoptadas por el gobierno turco presidido por Erdogan, que acaba de emitir 29 órdenes de arresto contra personal académico y administrativo de la Universidad de Izmir Katip Celebi, acusándolos de estar vinculados con los organizadores del reciente y fallido golpe de Estado.
Estas 29 órdenes de arresto se suman a las ya 44 que fueron emitidas a inicios de este mes de agosto. De estas primeras, 40 académicos están encarcelados, y los cuatro restantes siguen en fuga.