Los hombres de ciencias están acostumbrados a la prudencia. Se estudia y revisa, se concibe una hipótesis, se determinan los medios para llegar a comprobarla o rechazarla, se ejecutan, se evalúan resultados, se someten a la sociedad científica, y antes de alegrarse por una intuición comprobada, se encaminan nuevas búsquedas de fondos para seguir profundizando en la línea iniciada.
Las promesas políticas parecen seguir otro curso, y así lo muestra el caso del Río Riachuelo, cuya contaminación preocupa desde 1811. Sí, desde el primer gobierno patrio.
En 1993 la entonces secretaria de Recursos Naturales de la República Argentina prometió limpiar el Río Riachuelo, contaminada cuenca al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en mil días. En 2006, la funcionaria de turno aseguró que en 10 años todos los habitantes de su cuenca tendrían cloacas. En 2008 la situación era tan grave que la Corte Suprema de Justicia abordó el caso e instó a las autoridades nacionales, de la provincia y de la ciudad a enfrentar de manera urgente y con todos los esfuerzos el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que es para Greenpeace una de las más contaminadas del mundo.
Como revela esta ONG, 5 millones de personas viven en zonas afectadas por la contaminación del río, al que arrojan desechos miles de empresas. El último informe de Greenpeace, en 2013, era elocuente con su título: “Las aguas siguen bajando turbias”.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el organismo oficial encargado de hacer frente a este drama, que se inició con la instalación de curtiembres, mataderos y saladeros en la época del vierreinato. La naturaleza de las industrias ha ido cambiando, pero no el destino de sus desechos.
La ACUMAR aprobó y financió hace unos años una prueba piloto de un grupo de científicos, cuyos resultados ilusionan. El proyecto, presentado en 2011, se ejecutó en 2012. Consistió de la instalación de una planta en el arroyo del Rey, para tratar mediante un proceso de seis etapas, 10 mil litros de agua por hora.
La planta dejó de funcionar a finales de ese año, pero los resultados fueron auspiciosos, tanto en los resultados químicos, como en la percepción de los vecinos, que percibieron menos olor que el habitual, y en consecuencia, se ocuparon de cuidar sus propios espacios linderos con el arroyo. Según informó el diario La Nación, los estudios de la ACUMAR “no sólo mostraron mejoras notables en los índices de carbono orgánico, hidrocarburos y coliformes, sino que además se habían generado bancos de peces”.
La propuesta del grupo de científicos que ejecutó la prueba piloto, según informa el diario argentino, es que se instale una planta en la desembocadura de cada arroyo, para que así las aguas bajen limpias al río. El costo de la implementación, de unos 300 millones de dólares, proponen que sea abonado por las industrias que arrojan sus desechos a la cuenca.
“Proponemos que, hasta que las industrias se reconviertan y vuelquen como corresponde, paguen un canon para sostener la planta. Si no se reconvierten, la planta va a seguir funcionando y el agua va a estar limpia. Pero a la larga, a la industria le va a salir más barato reconvertirse que pagar el canon por contaminar”, aseguró al diario Sergio Ferrari, responsable del grupo de investigadores.
La propuesta, por ahora, no tuvo cabida. La ACUMAR sufrió una transformación política reciente tras los cambios de gobierno, como varios de los organismos del Estado. Y los esfuerzos parecen estar concentrados en forzar a las empresas a dejar de contaminar el Ríachuelo, según escribió La Nación.
Mientras tanto, y pese a que el Tribunal Supremo de Justicia lo había encomendado, 17.771 familias aún deben ser relocalizadas para evitar estar expuestas a una contaminación que los puede afectar severamente. El camino, con la propuesta de los científicos, o con otra, parece ser largo. Una solución integral a un problema que ya lleva siglos sigue siendo acuciante.
Hoy celebramos a...
