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El Vaticano, un estado de derecho

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La sentencia del proceso «Vatileaks 2» emitida por el Tribunal vaticano deja claro que, a pesar de las leyendas negras sobre el oscurantismo vaticano, hay vigente un estado de derecho y un código penal garantista. Los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi, autores de dos libros que contienen los mismos documentos sobre el estado de la administración vaticana cuando comenzó el proceso de reforma, fueron absueltos por defecto de jurisdicción. Y en la misma sentencia se recuerda que la «libertad de manifestar el pensamiento y la libertad de prensa en el orden jurídico vaticano» es garantizada «por el derecho divino». En estos meses se han planteado muchas dudas sobre la oportunidad de llevar al banquillo a dos periodistas. Y muchos comentadores, con mayor o menor autoridad, clamaron que se estaba violando la libertad de prensa y trazaron escenarios tétricos del tipo Santa Inquisición. A la luz de la sentencia, estos últimos habrían podido ser más prudentes.

El proceso fue celebrado porque una ley de 2013, predispuesta tras el primer caso «vatileaks», introdujo nuevos tipos de delito. El público ministerio vaticano trató de averiguar cómo se llevó a cabo la difusión de los documentos y si hubo presiones o chantajes. El proceso fue rápido y, sobre todo, no tuvo nada prefabricado. Fittipaldi y Nuzzi fueron absueltos sin entrar en los detalles de las acusaciones. El Tribunal vaticano, conformado por juristas y académicos de renombre, se declaró no competente sobre ellos. Las partes en causa fueron escuchadas y la opinión de los jueces se fue formando en el aula y no en los documentos del público ministerio. Y al final la sentencia no cedió lo que pedía la acusación.

Es importante que los jueces también hayan hecho caer para todos los imputados la hipótesis del delito de asociación criminal. Así como la total absolución del Nicola Maio, colaborador de mons. Vallejo Balda, evidentemente ajeno a lo sucedido. Lástima que la misma objetividad no hubiera surgido hace cuatro años durante el primer proceso «vatileaks», con otro inocente, el técnico informático  Claudio Sciarpelletti, condenado no se sabe por qué, pero que en la actualidad forma parte nuevamente del organigrama de los empleados vaticanos.

Los jueces no infirieron sobre el monseñor español, que confesó el delito, y que fue Secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos, a quien Papa Francisco (equivocándose) encomendó la dirección de la comisión que se encargaba de estudiar el estado de la administración vaticana. También se utilizó la clemencia para Francesca Immacolata Chaouqui, increíblemente catapultada en la misma comisión. En estos últimos días repitió, como un mantra, que la habrían encarcelado en el Vaticano ( o en Italia) con su hijo recién nacido. Pero esto no sucederá.

Tal vez Papa Francisco, al impulsar más el trabajo de reforma y de transparencia que comenzó su predecesor, se habría merecido colaboradores más honestos, que compartieran los mismos objetivos, y no personajes de historias de espías que, al ver destruidos sus proyectos, utilizaron la enorme cantidad de documentos reunidos para combatir sus personalísimas batallas.

Este articulo fue publicado en la edición de hoy del periódico italiano «La Stampa»

 

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