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Venezuela: Discriminación en la entrega de comida

Ramón Antonio Pérez - publicado el 07/06/16

En medio de la crisis humanitaria, el Gobierno prioriza a sus seguidores

“Si llega comida para todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Es mi opinión personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle comida a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”.

Bajo esta filosofía se mueven los promotores de los Comités Locales de Abastecimiento Popular, CLAP, una especie de instancia de control que desde mediados de mayo comenzó a organizar la entrega de pequeñas bolsas de comida a la población más necesitada ante la crisis alimentaria y sociopolítica que estremece a Venezuela.

Aunque ya funcionaban desde hace poco menos de un año en algunas comunidades, el sistema que rige los CLAP tomó fuerza a raíz del Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, promulgado por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 13 de mayo, cuando les atribuyó “funciones de vigilancia y organización”.

Los CLAP en unión de “los consejos comunales, y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Nacional y Municipal”, quedaron facultados “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”, dice el artículo 9 del citado decreto.

Mediante los consejos comunales, los promotores invitan a los vecinos para levantar el censo en el que deben entregar la información de sus familias.

Además de las comunidades, otros lugares de organización son las escuelas para los educadores, y los ministerios para los empleados públicos, mayormente allegados al Gobierno.

Desde el Poder Ejecutivo indican que “la intención es garantizar que los alimentos lleguen a todos los venezolanos y quebrar el espinazo a los bachaqueros”.

Sin embargo, para conformar los CLAP los datos son recogidos en planillas cuya estructura alerta de un nuevo estilo discriminatorio en Venezuela. “¿Milita en la Revolución?”, pregunta uno de los ítems del citado instrumento, con opciones para responder “Sí” o “No”.

“¿Cuál es nuestra prioridad?”, se preguntó ante un medio televisivo el oficialista Daniel Aponte, jefe del gobierno del Distrito Capital.

Acto seguido respondió: “Las personas con mayor índice de pobreza, con discapacidad, los adultos mayores e igualmente los sectores donde hay bases de misiones”, que son sectores sin servicios.

Pese a esto, existen comunidades censadas desde hace más de dos meses y no las han recibido como ocurre en las urbanizaciones “Doña Menca de Leoni” y “Oropeza Castillo” de Guarenas, o en “Filas de Mariche” de Petare, comunidades ubicadas en el estado Miranda, entidad gobernada por el opositor Henrique Capriles Radonski.

Segregación alimentaria

El politólogo John Magdaleno, advirtió que con este sistema el Gobierno intenta “evitar una pérdida mayor de piso político al garantizar que sean sus seguidores los que obtengan los productos”, según dijo al diario El Nacional.

“El estado de excepción deja la puerta abierta para una distribución segregacionista de los bienes”, acotó.

Igualmente sostuvo que “así como en la Unión Soviética el lema era ‘Todo el poder para los soviets’, aquí en Venezuela avanzamos hacia ‘Todo el poder para los CLAP’. Al final corremos el riesgo de parecernos cada vez más al socialismo soviético con las arbitrariedades y contradicciones que terminó teniendo”.

“¡Tenemos hambre, tenemos hambre!”

El sistema ofrece bolsas con alimentos regulados que según los “técnicos” del Gobierno deberían alcanzar para una familia promedio de cuatro a seis personas y pueden obtenerlas cada 28 días, con precios que van desde los 600 hasta los 1.800 bolívares.

Por otra parte, la aplicación de este sistema ha implicado la prohibición directa a los comerciantes de distribuir los productos regulados, conllevando la frustración en las colas y el incremento de protestas y saqueos en supermercados o directamente a los vehículos que transportan los insumos, al grito: “¡Tenemos hambre, tenemos hambre”.

Es de mencionar que independientemente de los registros del CLAP, las bolsas solo contienen uno o dos kilos de harina de maíz precocida, azúcar, arroz y pasta, además de un litro de aceite y medio kilo de margarina, productos que muchas veces no alcanzan para dos semanas, por lo que el círculo se hace recurrente ante la insoportable realidad.

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