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La paz en Colombia, ¿es inminente?

Camilo Rueda Lopez
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El anuncio para blindar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC generó distintas reacciones

«Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional», indica el comunicado que enviaron los negociadores del Gobierno y las FARC el pasado 12 de mayo.

 Y agrega: «Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior».

Este comunicado ha generado distintas reacciones. Por un lado, aquellos que confían en la proximidad de la paz y se alegran por este supuesto logro, y otros que han expresado su indignación por, una vez más, las concesiones hechas por el Gobierno al grupo guerrillero.

Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, explicó a los medios que este Acuerdo Final, después de haber sido aprobado, firmado y entrado en vigor “tendrá la categoría de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra”.

La intención de esto es garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y cuidar que no ocurran nuevas violaciones a causa del conflicto interno. “Lo que buscamos en La Habana es terminar la guerra. Terminar la guerra es el mejor modo de garantizar los Derechos Humanos de los colombianos”, prosiguió.

De la Calle explicó que no se trata de un tratado internacional por lo que se hace necesario “un procedimiento para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, mediante una ley del Congreso de la República que apruebe el Acuerdo Final, como Acuerdo Especial, en desarrollo del derecho a la paz que contiene nuestra Constitución”.

En tanto, este domingo hubo un nuevo anuncio en el que se indicó que saldrán de las filas de las FARC los niños, niñas y adolescentes.

Según un comunicado en conjunto con el gobierno de Colombia, “serán 21 menores de 15 años los primeros en ser liberados de la guerra y quienes retornarán a sus lugares de origen con sus familias, mientras que con los demás menores (16 a 18 años), su desvinculación será progresiva.

El acuerdo contempla que los niños menores de 14 años no serán penalmente responsables y que en 15 días habrá una propuesta de protocolo para la salida de los niños de las filas del grupo insurgente, informó El Colombiano.

¿Todos de acuerdo?

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo a los medios que por primera vez las FARC estimaban la Constitución. «Es un aspecto muy importante, porque las FARC venían desconociendo la Constitución, es más combatiéndola, desconociendo los poderes del Estado y lo que hace en este momento es todo lo contrario, es reconocer la Constitución, al congreso de la República», señaló.

Asimismo, Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, declaró que están comprometidos a dejar las armas y a respetar el cese el fuego.

“Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Si el acuerdo sobre garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque efectivamente estamos cerca del acuerdo final”, aseguró Márquez.

Márquez afirmó también que la legitimidad del Acuerdo Especial será reforzada mediante una “declaración unilateral del Estado” colombiano, en la que se solicitará también la incorporación de su texto a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Una vez aprobado el Acuerdo Final, el Congreso de la República decidirá si lo hace suyo, y si así fuera a través de procedimiento legal definido, lo incorporará al orden jurídico colombiano, lo cual interpreta fielmente el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, continuó.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, se integrará a la Carta Magna de Colombia un artículo transitorio que contenga lo que se ha acordado al respecto en la Mesa de Negociaciones.

Frente a estas declaraciones la senadora Claudia López ha salido a los medios y a las redes a denunciar el cese por parte del Gobierno hacia el grupo guerrillero.

“No es un acuerdo, es una concesión completamente unilateral del Gobierno a las FARC. Las FARC no ceden nada (…) En cambio el Gobierno le cedió unilateralmente a las FARC, a cambio de nada, volver los acuerdos de La Habana un acuerdo especial conforme a los convenios de Ginebra, lograr que ese acuerdo especial se incorpore al Bloque de constitucionalidad de Colombia”.

En ese sentido, ha calificado lo acordado el jueves como “inaceptable”.

Un nuevo camino: ¿“resistencia civil”?

El viernes 13 de mayo, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe concedió una entrevista a El Colombiano en dónde comparte sus reflexiones y argumentos sobre el llamado que ha hecho a los ciudadanos de sumarse a la “resistencia civil” frente a los acuerdos de paz.

Su propuesta surge debido a la inconformidad con las concesiones que se le ha hecho al grupo guerrillero en Cuba: “Nos parece que eso le hace daño a la democracia, por la impunidad, por considerar al narcotráfico delito político; porque los responsables de delitos atroces no van a tener cárcel; porque cualquiera sea la gravedad del delito van a tener elegibilidad política”, indicó.

“Porque a las FARC, que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no se les exige dinero para reparar a las víctimas; porque convierten a las FARC en cogobierno para el sector agropecuario y para la lucha contra el narcotráfico; porque igualan a los militares, a las Fuerzas Armadas de la democracia con el terrorismo. Por todo eso decimos que aquí hay un camino dañino para nuestra democracia y por eso hemos venido en esta actitud crítica, argumentada todos estos años y ahora estamos proponiéndole al país esta resistencia civil”.

En cuanto a su parecer frente a lo acordado el jueves entre el Gobierno y las FARC expresó: “El gobierno de Colombia ha acordado con el grupo terrorista las FARC cambiar la Constitución de la patria, dándole un golpe de Estado a la democracia para garantizarle total impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo. Resistencia civil pacífica, pública, argumentada, persistente para hacer el esfuerzo de evitar este golpe de Estado a la democracia, o seguir trabajando para posteriormente derogarlo”.

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