La eventual decisión ya la había advertido el diputado Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN) el pasado 7 de abril.
“El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara una sentencia para declarar como ‘inconstitucionales’ las leyes que sean aprobadas por la mayoría opositora del Parlamento venezolano”, expresó Ramos Allup en esa oportunidad.
Así se cumplió este 11 de abril cuando la Sala Constitucional del poder judicial venezolano declaró la “inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, sancionada por la mayoría opositora el 29 de marzo de 2016.
La fecha no podía ser menos emblemática: 11 de abril, cuando se cumplieron 14 años de los fatídicos hechos de 2002 que alejaron del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
La Corte Suprema del momento sentenció que se había producido “un vacío de poder”; pero sus seguidores denunciaban que “fue sacado por un golpe de Estado”. Y un tercer sector, se decantaba por el “autogolpe para descubrir y excluir del entorno presidencial a militares y políticos adversos” del “proceso revolucionario”.
Además de ese marco político, la sentencia deja tras de sí una estela de sospechas sobre la imparcialidad de los magistrados, si se toma en cuenta que fueron denunciados por ser nombrados fuera de los lapsos legales, y en las últimas horas del pasado Parlamento, para torpedear las propuestas de la nueva mayoría parlamentaria.
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional era considerada una primera etapa para acabar con la segregación y acoso político que afecta a dirigentes políticos y a miles de venezolanos que han sufrido persecuciones penales, administrativas y laborales en virtud de su postura crítica con el gobierno nacional socialista.
El gobierno de Maduro desde el mismo día de aprobación de esta ley, expresó su rechazo porque supuestamente iba a proteger “asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas”.
El 7 de abril, el jefe del Ejecutivo informó que le había solicitado al TSJ declarar inconstitucional la ley de Amnistía, lo cual para sectores de la oposición ratificó la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela.
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OEA Rechaza la sentencia
Delsa Solórzano, quien presentó el proyecto, ante el rechazo confirmó “lo inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, y prometió: “No descansaremos”.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó el 6 de abril su apoyo al proyecto de Ley de Amnistía, instando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a firmarla.
Ante la decisión expresó que en Venezuela “es clave recuperar equilibrio de poderes poniendo los intereses y necesidades del pueblo primero”, una clara alusión a la sentencia sobre la Ley de Amnistía.
Sabiendo las reacciones que esto generaría en el mundo, el gobierno de Maduro convocó simultánea a la sentencia una “Comisión de la Verdad”. El objetivo: esclarecer lo ocurrido en los sucesos de abril de 2002 y febrero de 2014, pero integrada por afectos a su gobierno y respaldada por el secretario general de la Unión de Naciones del Sur, Unasur, el colombiano Ernesto Samper. La comisión fue rechazada por la oposición.
¿Escucharán la voz de la Iglesia?
El futuro de Venezuela, de no concretarse un acuerdo político entre las partes, se visualiza con la posibilidad de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, como una manera de que el país retorne al redil de los postulados de la OEA.
También estaría pendiente la concreción de una intermediación de la Iglesia; las palabras del papa Francisco en relación a las “difíciles condiciones” de Venezuela han sido refrendadas tanto por el Gobierno como por la oposición, a pesar de que la Iglesia no ha sido convocada oficialmente al diálogo entre las partes.
Así las cosas, queda en el limbo político el destino inmediato de los presos políticos, cuya cifra se actualizó recientemente en 115, de los cuales 23 presentan estados críticos de salud, según informó esta misma semana Solórzano.
Hoy celebramos a...