Ante la multiplicación de los hechos delictivos aseguran que es necesario un “cambio de mentalidad” en favor de las personas privadas de libertad. No alcanza “simplemente con penas más duras y más cárceles”.
Lo afirma la Conferencia Episcopal Argentina en un reciente documento para la reflexión y el trabajo sobre la realidad carcelaria en la Argentina, titulado Estuve preso y me viniste a visitar (cf. Mt. 25,36).
Por sus fuentes y propuestas, bien puede ser de trabajo para el abordaje de la delicada cuestión en otros países de Latinoamérica, cuyas cárceles suponen un auténtico reto a la humanidad.
“Pensamos que el camino es otro: concretar y profundizar más políticas de inclusión que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral”, consideran.
“Nadie por haber delinquido, pierde su condición de persona, de Hijo de Dios y de miembro de la familia humana. Por lo tanto debe ser tratado como tal”, advierten los obispos.
En esa línea indican que el respeto a la dignidad humana “no solo debe actuar como límite de arbitrariedades y excesos, sino como criterio de ordenación de todas las acciones y estructuras”.
“Nunca se debe subordinar el respeto de la dignidad de la persona a ninguna otra finalidad como, por ejemplo, la correctiva o la restauradora del daño producido”, prosiguen.
En uno de los párrafos alarmantes, los obispos denuncian que parte de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades básicas, desde la alimentación y la salud hasta la recreación y la religiosidad, “se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos”.
Asimismo, se manifiestan en contra de los casos de completa imposibilidad de comunicarse y la falta de contacto con seres queridos, “que provocan sufrimientos físicos y psíquicos muy graves que aumentan la tendencia al suicido”.
Los obispos consideran inadmisibles las “celdas de aislamiento total”, y cuestionan los frecuentes “tratos inhumanos” y las “humillaciones” a las que se someten a las familias para visitar a sus presos.
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En otro duro apartado, advierten sobre la ilegalidad de los presos sin condena, con personas que “encarceladas por la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, y luego por la lentitud de la justicia u otros intereses, como el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción, o simplemente porque son pobres, pasan largo tiempo detenidos sin condena”.
La completa reflexión contempla también las necesidades de los recluidos con enfermedades terminales, embarazadas, adultos, e incluso personas con problemas de drogadicción.
Y se detiene a pedir por una “política coherente de recursos humanos” para el personal penitenciario, que contemple tanto salario digno, vivienda y formación como también formación ética y apoyo psicológico y espiritual, entre otros.
El documento concluye invitando a toda comunidad cristiana a estar “cerca de las familias de los detenidos, saliendo al encuentro de sus necesidades y ‘contagiándoles’ la alegría de la Fe”.
Incluso insta a quienes puedan ofrecer fuentes laborales a los que vuelven a la libertad, y a concretar la presencia de la Iglesia en los centros de detención con propuestas de asistencia, promoción humana y anuncio misionero.