Colombia es un país multicultural. Tiene poco más de 40 millones de habitantes, de los cuales 1.400.000 son indígenas (lo que representa el 3,3 % de la población) y 4.300.000 son afrocolombianos (el 10,62 % de la población).
Todo el territorio nacional suma más 114 millones de hectáreas, de las cuales los indígenas poseen, como resguardos, 36 millones de hectáreas (el 31,5 %) y las comunidades negras, en consejos comunitarios, casi 5 millones de hectáreas (4,13 %). Las cifras hablan por sí solas.
Si el acuerdo que está a punto de firmarse en La Habana es la paz territorial, los pueblos indígenas y afros tienen mucho que ver con lo que se discute en la mesa de diálogos.
Por ello, lanzaron la Comisión Interétnica para la Paz, una plataforma que reúne a las más significativas organizaciones afrocolombianas e indígenas para plantear sus preocupaciones y propuestas a la mesa de diálogos entre el Gobierno y las FARC.
Y la primera petición es que sean invitados a Cuba para ser escuchados por las partes.
El proceso de unidad entre organizaciones étnicas tiene dos objetivos principales: canalizar inquietudes y propuestas sobre lo que se discute en La Habana y acudir ante gobiernos, grupos políticos y organizaciones internacionales para que intercedan ante la mesa de diálogos para que las cuestiones étnicas sean incluidas en el acuerdo final de paz.
Marino Córdoba, representante de ambos grupos, propone que se tenga en cuenta el aspecto histórico: “Los afros e indígenas hemos sido los más afectados con el conflicto armado. Los territorios del Pacífico colombiano han tenido la mayor concentración de grupos armados”, expresó en declaraciones al diario local El Espectador.
“Allí se han producido las masacres más horrendas, los desplazamientos más grandes, los combates más feroces. Allí han anidado el narcotráfico, la pobreza, el abandono. Además, nuestros territorios, resguardos indígenas o consejos comunitarios, constituyen el 70 % del territorio del Pacífico colombiano”, indicó.
“Eso nos hace merecedores de ser consultados en cualquier tema de reforma agraria o de política contra los cultivos ilícitos. De los 7 millones de víctimas registradas, el 30 % son de población afrocolombiana. Y cuando usted desagrega estas cifras, el resultado es que la mitad de nuestra población ha sido víctima directa del conflicto armado. Y no estamos hablando de las indirectas, que pueden a llegar al 80 %. Súmele la situación de exclusión histórica y de pobreza de nuestra comunidad”, prosiguió.
“Hemos tenido una afectación desproporcionada. Por eso pedimos que se nos dé un tratamiento diferencial en la aplicación de los acuerdos”, sentenció Córdoba.
Están optimistas y muy de acuerdo con el proceso de paz pero quieren que sus derechos se tengan en cuenta en la mesa de negociaciones: autonomía territorial y política.
Los acuerdos prevén la ubicación de “zonas de concentración de la guerrilla” en territorios históricos de los indígenas y, lógicamente, reclaman que se les tenga en cuenta.
Hoy celebramos a...