Cada año, cerca de 400 mil personas cruzan la frontera sur de México se internan en el vasto territorio de este país, con la mira puesta en “la tierra de la gran promesa”. No todas llegan. Muchas se quedan en México, o son repatriadas a sus países por el gobierno mexicano.
Otras quedan para siempre en tierra extraña, asesinadas por grupos como los que pasaron a formar parte de la infamia en San Fernando.
Un número emblemático
En agosto de 2010 se localizaron los cuerpos de 72 personas migrantes ejecutadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (al noreste de México, muy cerca de la frontera con el Estado de Texas): 58 hombres y 14 mujeres.
El número 72 ha sido usado, desde entonces, como símbolo de la barbarie que se comete todos los días con los migrantes centroamericanos (y algunos sudamericanos) en su tránsito por México.
Incluso, un albergue de migrantes en el sureste, en Tabasco, lleva el nombre de “La 72”, en memoria de la masacre de San Fernando.
Meses más tarde, en el 2011, se encontraron fosas clandestinas con los restos de 193 personas en el mismo municipio de San Fernando. Ninguno de los dos casos ha sido considerado como grave violación de los derechos humanos.
Las primeras investigaciones señalaron que los migrantes fueron asesinados por grupos de narcotraficantes quienes, luego de secuestrarlos, los obligaron a pagar dinero por su rescate o a pasar a formar parte –como carne de cañón— del crimen organizado.
Al no pagar el dinero que les exigían para dejarlos libres y también porque se negaron a formar parte del grupo criminal, motivó que los asesinos los privaran de la existencia, dejando familias destrozadas y una grave crisis al interior del Estado mexicano.
Múltiples violaciones a los derechos humanos
La violación del derecho al acceso a la justicia las familias de las víctimas, encierra fragmentación de casos, negación de información, negación de copias del expediente, falta de reconocimiento de sus derechos como víctimas, malos procedimientos forenses, falta de atención y reparación del daño… Todo ello ha caracterizado estos terribles acontecimientos.
Por esta razón, siete familias provenientes de El Salvador, Guatemala y Brasil han llegado a México, se han manifestado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y han exigido una sentencia justa.
La Corte ya ha abierto el debate sobre el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, promovido por un amparo de familiares de migrantes víctimas de estos hechos y por la Fundación para la Justicia.
Frente al debate, la Fundación para la Justicia junto con los comités de familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) y Honduras (COFAMIPRO) emitieron un comunicado conjunto para solicitar a los Ministros de la SCJN no dejar desprotegidos los derechos de las víctimas de fosas clandestinas de San Fernando y de sus familias.
Las familias centro y sudamericanas han programado distintas actividades en el transcurso de esta semana –en la Ciudad de México– con el fin de exigir a las autoridades mexicanas que cumplan con sus compromisos en materia de derechos de las víctimas migrantes.
Hoy celebramos a...