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Chiapas: «los rostros del despojo»

Tatogra / CC
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No tienen acceso a sus tierras, sus viviendas han sido saqueadas y viven fuera del ámbito en que está anclada su cultura y su cosmovisión como pueblo indígena

Frente a la lacerante realidad de desplazamiento forzado de comunidades en el contexto del conflicto armado interno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), inició desde el 13 de noviembre de 2014 la campaña «Los rostros del despojo», que busca visibilizar y denunciar estos casos, además de hacer conciencia y luchar contra la mercantilización de los territorios y recursos naturales de los pueblos originarios de Chiapas.

El centro Frayba ha registrado, desde 1994, alrededor de 12 mil personas que han sufrido desplazamiento forzado interno, en su mayoría mujeres, niñas y niños, lesión de derechos humanos que aún continúa. Ejemplos paradigmáticos de esta situación son los casos conocidos como Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo; Banavil, en el municipio de Tenejapa; San Marcos Avilés, municipio de Chilón.

Casos paradigmáticos

El primer caso se enfoca en una masacre que se perpetró el 13 de noviembre de 2006, durante el gobierno estatal de Pablo Salazar, en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Ese día «irrumpieron habitantes de Nueva Palestina armados en Viejo Velasco, acompañados de 300 elementos de la Policía sectorial y el comandante de la entonces Agencia Estatal de Investigación. Ese día se ejecutaron extrajudicialmente seis personas, desaparecieron forzadamente cuatro más y los 36 sobrevivientes fueron desplazados de manera violenta», señala un informe del Frayba. Las familias aún siguen en desplazo sin atención.

En la comunidad llamada Banavil, explica Pedro Faro, director del Frayba, se dio una desaparición forzada y el desplazamiento de cuatro familias, el 4 de diciembre de 2011, como punto culminante de un conflicto, debido a que esas personas se negaron a acoger proyectos del gobierno y por mantener relaciones con bases de apoyo del Ejercito zapatista (EZLN). «Eso los estigmatizó, y la comunidad los desplazó de manera violenta. En la agresión fue asesinado Pedro Méndez López, fue desaparecido Alonso López Luna, y 13 personas fueron desplazadas a la fuerza. Aun sigue la desaparición del señor Alonso».

Otro desplazamiento de bases de apoyo zapatista se ha dado en San Marcos Avilés, una comunidad tzeltal «Ahí el desplazamiento se configura por sus tierras laborales, y los que han provocado el desplazado son los partidista: Verde, PRI, PAN, PRD. Ellos se unieron para desplazarlos. Aunque pudieron regresar a sus viviendas, éstas fueron saqueadas y hasta el momento, persiste el clima de hostigamiento contra ellos».

Otros casos se han dado, por ejemplo, en la comunidad llamada 1° de agosto, municipio de Las Margaritas, en un contexto complicado porque en esa región una organización popular con muchos años de historia y resistencia, «ubicada en la izquierda política, en lucha por la tierra. Ha cambiado sus objeticos e intereses, ya que se les abrieron puertas para ser gobierno, y han desvirtuado su lucha. En 2013 formaron su autodefensa.

Esta organización, con el aval de los gobiernos municipal y estatal desplazó a la comunidad 1° de agosto. Antes habían emboscado a bases zapatista en La Realidad y habían perpetrado la ejecución extra judicial del maestro Galeano. Esto son hechos que nos hablan de continuidad en la violación de derechos humanos en este contexto de conflicto con desapariciones», apunta el director del Frayba.

Impunidad y riesgo constante 

A decir de Pedro Faro, en la situación de desplazamiento forzado el Estado mexicano no ha respetado los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De ahí que «las personas desplazadas forzadamente no han sido atendidas y la situación de impunidad impide que retornen a sus comunidades manteniendo un riesgo inminente a su seguridad e integridad personal y a su vida».

Los grupos de personas desplazadas forzosamente, según denuncia el centro de derechos humanos fundado por el obispo Samuel Ruíz en 1989, «no tienen acceso a sus tierras, sus viviendas han sido saqueadas y viven fuera del ámbito en que está anclada su cultura y su cosmovisión como pueblo indígena». Por eso, los protectores de derechos humanos, acompañando a los grupos de desplazados, empujan la exigencia de justicia para dar más visibilidad a este tema y presionar al Estado mexicano a asumir su papel como garante y protector de los derechos humanos.

No al olvido, sí a la memoria

La campaña «Rostros del despojo» señala que la situación que padecen las personas desplazadas forzosamente, su despojo, «forma parte de la negativa histórica del Estado mexicano a reconocer plenamente los derechos colectivos indígenas, al provocar y permitir que planes gubernamentales, como el Proyecto Mesoamérica, y de empresas transnacionales impongan proyectos (de infraestructura, agro combustibles, concesión y extracción minera, entre otros) que atentan contra estas culturas milenarias. En Chiapas, el despojo provoca desplazamiento forzado en un contexto de guerra integral de desgaste», argumenta el informe «La insurgencia de los derechos humanos», del centro Frayba, publicado en septiembre de 2015.

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