Cada año madres, esposas, hermanas, hijas de migrantes centroamericanos desaparecidos en México organiza una caravana, que concluye el 16 o 17 de diciembre, con el objeto de encontrar rastros de sus seres queridos que quedaron en algún lugar del país azteca al cruzar hacia Estados Unidos.
La desesperación y la constancia de estas mujeres, especialmente hondureñas, ha ganado algunos resultados importantes. El más importante de todos, recuperar con vida a sus familiares o a familiares de otras personas que no pudieron hacer el peregrinaje anual a México. Otro es modificar las leyes y los procedimientos migratorios y de justicia en este país.
Investigación y apoyo
Por lo pronto, esta semana la Procuraduría General de la República (PGR) de México anunció la creación de una nueva Unidad de Investigación que se encargará de “facilitar el acceso a la justicia” a personas migrantes, víctimas de algún delito en territorio mexicano, con especial énfasis en “la búsqueda de (personas) migrantes desaparecidas”.
Con la creación de esta unidad, que va acompañada del establecimiento de un “Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación”, las familias de personas extranjeras podrán denunciar, desde sus países de origen, la desaparición de sus seres queridos, a través de las agregadurías de la PGR en consulados y embajadas mexicanas.
Este es un avance muy importante para las familias que habitan el llamado “Triángulo Norte de América Central” (Honduras, Guatemala, El Salvador), puesto que anteriormente a estas disposiciones, tenían que hacer el viaje a México para presentar la denuncia y seguir la investigación, la que, la mayoría de las veces concluía con resultados negativos.
Según el decreto por el que se crea la Unidad de Investigación, ésta tendrá la obligación de asignar un abogado a cada familia denunciante, que desde territorio mexicano deberá darles asistencia legal, y mantenerlos informados de las labores de búsqueda, además de que las familias podrán contar con traslados a México, para participar en rastreos “in situ”, así como para participar en audiencias y procedimientos legales.
21 mil desaparecidos ¿no son suficientes?
Según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se tiene registro oficial de 139 personas extranjeras desaparecidas, la mayoría estadunidenses (94 casos); sin embargo, hasta el año 2011, la CNDH tenía contabilizados más de 21 mil casos de migrantes secuestrados o desaparecidos (la mayoría centroamericanos), cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.
Según el acuerdo A/117/15, difundido por la PGR a través del Diario Oficial de la Federación, la nueva Unidad de Investigación tendrá la obligación de instrumentar mecanismos y convenios que permitan el ingreso “libre e inmediato” del Ministerio Púbico, a cualquier centro de detención del país, en el que se presuma la presencia de migrantes considerados desaparecidos, misma garantía con la que podrán contar los familiares de las víctimas.
Otra de las obligaciones que tendrá esta Unidad es la de desplegar “acciones estratégicas de difusión”, con apoyo de los medios masivos de comunicación, para hacer del conocimiento público la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano.
En el caso de secuestros extorsivos de migrantes, además, esta Unidad tendrá la facultad de realizar “entregas vigiladas y encubiertas”, que permitan rastrear el paradero de la víctima, así como el de sus captores.
Por último, la PGR quedó obligada a desarrollar un “protocolo” que le permita distinguir entre personas extranjeras que son víctimas de “trata de personas”, y personas extranjeras que son “probable responsable” de estos delitos.
Quizá sea un triunfo de “la caravana”, quizá sea fruto de la presión internacional. Lo cierto es que México, finalmente, pone un gramo de empeño en detener la enorme sangría en contra de centroamericanos cuyo único “delito” era (y es) tener que pasar por el país en busca de un mejor destino en Estados Unidos.
Con información de Animal Político
Hoy celebramos a...