La Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Brasil se encuentra estudiando un proyecto de ley de estatuto de familia que considera la entidad familiar como “el núcleo social formado a partir de la unión entre un hombre y una mujer, por medio del matrimonio o de la unión estable, o también por la comunidad formada por cualquiera de los padres y sus descendientes” (art. 2º).
Este núcleo social debe ver garantizado por el Estado “la efectividad del derecho a la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el tiempo libre, el trabajo, la ciudadanía y la convivencia comunitaria” (art. 3º).
Más concretamente, los agentes públicos deben “ampliar las alternativas de inserción de la familia, promoviendo programas que prioricen su desarrollo integral y su participación activa en los espacios decisorios” (art. 4º, IV).
El Estado debe “garantizar a la entidad familiar las condiciones mínimas para su supervivencia, mediante la realización de políticas públicas sociales que permitan la convivencia saludable entre sus miembros y en condiciones dignas” (art. 5º).
La prevención de la salud de los miembros de la entidad familiar se hará efectiva, entre otras medidas, por la asistencia prioritaria al embarazo en la adolescencia (art. 5º § 1º, V).
Se reconoce el derecho de todas las familias a “vivir en un ambiente seguro, sin violencia, con garantía de su integridad física y mental, siéndoles aseguradas la igualdad de oportunidades y facilidades para su perfeccionamiento intelectual, cultural y social en cuanto núcleo societario” (art. 7º).
“Educación para la familia” en la enseñanza escolar
El proyecto estipula que todas las curricula de enseñanza fundamental y media “deben tener en su base nacional común, como componente curricular obligatorio, la disciplina ‘Educación para la familia’, que será especificada, en cada sistema de enseñanza y establecimiento escolar, de acuerdo con las características regionales y locales de la sociedad, la cultura, la economía y los asistentes” (art. 10).
Se garantiza también “la participación efectiva de un representante de los intereses de la familia en los consejos e instancias deliberativas de gestión democrática de las escuelas” (art. 11).
La negativa reacción de la ONU
Ante la gestión de esta política pública en favor de la familia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una nota en la cual expresa su “preocupación” por este avance, sosteniendo que el concepto de familia expresado en el proyecto podía tener un impacto negativo para el ejercicio de los derechos humanos.
Esgrimiendo documentos no vinculantes para los Estados -como las conclusiones de la IV Conferencia sobre la Mujer, o la Declaración y el Programa de Acción emitido por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia-, el organismo internacional, una vez más, se entromete en las políticas internas de los Estados, no ya ante leyes sancionadas por el Congreso sino ante la mera posibilidad de tratamiento de un proyecto legislativo.
Hoy celebramos a...