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¿Los donativos que recibe la Iglesia son dinero negro?

Shutterstock/Ansis Klucis

Henry Vargas Holguín - publicado el 05/11/15 - actualizado el 14/07/17

No deberían serlo porque está previsto que todo pase por la contabilidad de la parroquia o institución religiosa

¿Los donativos que recibe la Iglesia católica –cheques, ingresos bancarios, dinero en sobres o en el cepillo que se pasa en las iglesias,…- son dinero negro? Para responder a esta pregunta, hagamos otra. ¿Qué es el dinero negro?

El dinero negro es el dinero que no se declara a la Hacienda Pública o se mantiene oculto a la misma aunque provenga de actividades legales; en muchas ocasiones el motivo es simplemente la evasión de impuestos.

Este dinero hay que diferenciarlo del dinero sucio, el cual procede de actividades ilegales que, de consecuencia, nunca será declarado a Hacienda porque supondría confesar dichas actividades. De esta manera el dinero sucio mientras no se blanquee será también dinero negro.

El procedimiento mediante el cual el dinero sucio y/o negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capital y su objetivo es hacer que ese dinero aparezca oficialmente como procedente de una actividad lícita.

Decir que Iglesia maneja dinero negro equivaldría a decir que sus instituciones hacen su misión con dinero negro a espaldas de los órganos de control financiero de un Estado o que con este dinero responde a sus obligaciones tributarias.

Pero normalmente las instituciones de la Iglesia ni ocultan dinero al Estado (no tienen dinero negro) ni reciben dinero sucio o ilegal que luego integren en la corriente del circuito financiero. Si se da algún caso, se trata de una opción personal o institucional que se sale de lo que la Iglesia busca y enseña.

Por tanto generalmente el dinero que administra la Iglesia ni es dinero negro (porque declara todo lo que debe declarar, incluidos los donativos en la iglesia, el cepillo), ni es dinero sucio (porque sólo es fruto de la corresponsabilidad eclesial de los fieles), ni la Iglesia evade las responsabilidades tributarias que le corresponda.

La Iglesia, con transparencia, tributa a los diferentes Estados y esta tributación de la Iglesia se regula básicamente conforme a lo que está pactado en los diferentes concordatos (según norma del derecho internacional).

Los concordatos (acuerdos que regulan la relación Iglesia-Estado) básicamente constan de dos puntos:

· Por parte de los diferentes Estados: reconocer la personalidad jurídico-civil de la Iglesia y garantizar la libertad de culto, jurisdicción y magisterio.

· Por parte de la Iglesia católica se compromete a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

De consecuencia existe una absoluta independencia económica de la Iglesia o de sus instituciones.

¿Qué impuestos paga la Iglesia?

Hay diferencias de país a país, pero básicamente la Iglesia o sus instituciones pagan más o menos los siguientes impuestos:

1. El impuesto de la renta de las personas físicas o naturales (IRPF). Todos los clérigos tributan como cualquier otro ciudadano. La Iglesia paga los impuestos correspondientes por los trabajadores y servicios.

2. Impuestos generales. Por ejemplo la Iglesia paga por todas las operaciones sometidas a IVA, salvo alguna excepción.  Así que, si la Iglesia hace una reforma en un templo o de una casa, paga el IVA de la obra y si compra cualquier bien inmueble igualmente paga el IVA.

3. El impuesto de sociedades. Las instituciones de la Iglesia pagan por toda actividad de carácter económico que no haga parte de sus actividades benéfico-social-cultural-educativa.

4.  Contribuciones de todo tipo o impuestos de bienes inmuebles. Los bienes de propiedad particular, es decir los bienes que no hacen parte de la institución eclesial como tal, pagan los impuestos. Los inmuebles afectos a la actividad de enseñanza no eclesiástica sino secular, aunque sean de la Iglesia, pagan las respectivas contribuciones, como es el caso de los colegios estrictamente privados.

La Iglesia paga tributos y también “goza” de algunas exenciones (incluso por ser la Iglesia una entidad sin ánimo de lucro); y pongo la palabra goza entre comillas porque no es propiamente un privilegio sino que es un acto de justicia dado que son muchos los miles de millones (en la moneda que sea) lo que la Iglesia les ahorra a los Estados en el ejercicio de su misión o en la prestación de los servicios y atenciones que le correspondería desarrollar a la administración pública.

Nadie debe dudar del hecho evidente de que las actividades de la Iglesia tienen utilidad pública.

La Iglesia es una institución libre y lo que pide a cualquier Estado es un trato igual en base al reconocimiento objetivo de la utilidad pública de todas las entidades que, sin ánimo de lucro, colaboran con el Estado en la realización de los intereses generales.

Las diócesis cuentan con un Consejo Económico de presbíteros y laicos, a quienes cada año se presenta un balance de la situación financiera.

En las parroquias los fieles que forman parte del consejo económico parroquial -organismo bajo la supervisión del párroco-,  son quienes administran las ofrendas. Y las parroquias al final del año presentan a los fieles de cada parroquia y a la diócesis misma el balance económico; y a su vez las diócesis hacen lo correspondiente ante los organismos del Estado.

E incluso toda la información financiera de cada diócesis se da a conocer cada 5 años a la Santa Sede.

Anualmente la Iglesia cumple dando la información general de cómo funciona ante los organismo de control de cada Estado. Las declaraciones fiscales de las instituciones de la Iglesia son revisadas con relativa frecuencia por Hacienda, comprobando que se ha tributado de acuerdo con la legalidad.

Así pues la Iglesia católica rinde cuentas claras y transparentes y no solamente con números ante los organismos del Estado sino, y sobre todo, con una memoria anual llena de obras sobre todo en el ámbito socio-caritativo.

La Iglesia no solo actúa de la mano con el Estado sino que además llega donde el Estado no hace presencia; y llega sobre todo con calidad, generosidad y compromiso.

A veces circulan en los medios de comunicación informaciones con imprecisiones, inconsistencias e incluso con falsedades manifiestas. Muchas pretenden tendenciosamente atacar la credibilidad de la Iglesia.

Otras veces -es cierto- hay que lamentar actuaciones poco éticas de algunos miembros de la Iglesia.

Pero la Iglesia como ente patrimonial único no existe. Lo que existen son instituciones que gozan de la personalidad que les otorga la legislación canónica y la civil (diócesis, órdenes religiosas, parroquias, asociaciones y fundaciones).

Todas estas entidades tienen su autonomía total, de manera que resulta absurdo hablar de la Iglesia en su conjunto en términos financieros, y más absurdo aún pretender que unas pocas entidades o personas en concreto representen el conjunto de la Iglesia.

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