La Administración para el Control de Drogas, conocida como la DEA por sus siglas en inglés, es una poderosa agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyo trabajo es la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas dentro del territorio norteamericano y la investigación antidroga en otros países.
Para esta labor cuenta con 227 oficinas en el país y 86 en el extranjero repartidas en 62 países. Tiene un presupuesto de más de 2,415 millones de dólares para llevar a cabo sus operaciones y pagar el salario de alrededor de 10,800 empleados, de los cuales unos 5,500 son agentes especiales.
Un informe de 50 páginas titulado “Auditoría a las políticas de la administración federal antidrogas (DEA), para el manejo de fuentes confidenciales y supervisión de fuentes confidenciales de alto riesgo”, que fue hecho público el pasado 21 de Julio, señala diversas irregularidades en los operativos llevados a cabo por esta institución.
“Debido a las irregularidades, las fuentes confidenciales se pueden involucrar en actividades ilegales o pisar la línea de la legalidad, creyendo que la DEA condona cualquier actividad ilícita en la que participan”, indica el informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, quien ha sido el auditor y firma el documento, sostiene que la DEA incumple las reglas y los manuales federales para el manejo de fuentes de información, informantes confidenciales y fuentes confidenciales de alto riesgo, gastando más recursos de los necesarios, y vulnerando el respeto y la aplicación de la ley.
La investigación encabezada Horowitz que comenzó en febrero del 2014 y concluyó el pasado mes de Julio, revela que en ocasiones la DEA utiliza como informantes o fuentes de información de alto riesgo a criminales investigados por otras dependencias federales de Estados Unidos (líderes del crimen organizado, traficantes de drogas, abogados, médicos y periodistas), lo cual socava aún más la credibilidad de las operaciones antinarcóticos.
“Esto ha creado un riesgo significativo de relaciones inapropiadas entre los agentes federales y las fuentes, que al continuar mucho tiempo pasando información, pueden resultar en la divulgación y pérdida de información sensible u otras consecuencias adversas para el gobierno”, destaca el reporte que se entregó la semana pasada a la procuradora general, Loretta Lynch.
Otra irregularidad que aparece en el informe es la violación de los estándares para el reclutamiento de informantes o fuentes de información confidenciales o de alto riesgo por parte de los agentes de la DEA, lo cual hace que los informantes piensen que reciben una especie de licencia autorizada por la DEA para delinquir.
En el manual de la DEA, se define a un informante o una fuente de información confidencial como: “cualquier individuo quien con una expectativa razonable de confidencialidad, entregue información sobre el tráfico de drogas o lleve a cabo actividades de investigación”.
Las cinco clasificaciones para los informantes o las fuentes confidenciales de información que aparecen en el manual son:
1.-De uso restringido: fuente confidencial sujeta a un alto nivel de supervisión y control, debido a sus antecedentes.
2.– Acusado (testigo protegido): fuente confidencial que está bajo arresto y sujeta a juicio por haber cometido un delito estatal o federal. Requiere concurrencia de una fiscalía para definir su situación jurídica.
3.-Nombre protegido: individuo cuya identificación pública o utilización como fuente confidencial de la DEA pueda significar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o para la de un país extranjero.
4.-Informante: fuente confidencial que no cumple con los criterios para el establecimiento de uso restringido, acusado o de identidad protegida.
5.-Informante de uso limitado: fuente confidencial únicamente para propósitos de pago, y que puede ser un profesionista, empresario o una persona que sólo proporciona pistas.
Esta categorización representa para Horowitz una prueba de las irregularidades y violaciones a las leyes y reglamentos federales en los que incurre la DEA. En su informe, el inspector general resalta que en este manual para el manejo de informantes y fuentes confidenciales no existe el requerimiento de la aprobación de la fiscalía. En otras palabras, el reclutamiento de un capo del narcotráfico como informante es prerrogativa exclusiva del agente encargado del caso.
Este informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido entregado a la Fiscalía General de Loretta Lynch con el propósito de que la procuradora general emita correcciones a las ilegalidades reportadas.
Hoy celebramos a...