Hace un par de meses la Iglesia católica latinoamericana presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un amplio panorama de la expansión minera y la violación a los derechos humanos en América Latina: un conflicto que no cede.
En este mismo tenor, se presenta ahora el informe Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2014 elaborado por diversas organizaciones socio-ambientales de la región en el que se da ya un informe detallado de lo que la Iglesia denunciaba.
"América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos", reflexiona el informe en su parte medular.
Lucio Cuenca, quien es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), afirmó que uno de los componentes de los conflictos en la expansión minera es que ha ido debilitando mucho la institucionalidad y la democracia en los países de la región.
Además, afirmó que ha venido aparejada de muchas situaciones de represión y de vulneración de los derechos humanos, dando como ejemplo la militarización de territorios que realizó hace unas semanas el presidente Ollanta Humala en Perú.
Radiografía del desastre: El Salvador
Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y algunos países centroamericanos, son los que presentan mayores problemas en su relación con la expansión minera, los conflictos ambientales, sociales y culturales en donde las empresas canadienses y brasileñas llevan la palma tanto de las iniciativas como de los problemas generados.
Y lo que ahora preocupa a los defensores de los derechos humanos y de los derechos ambientales es la expansión reciente de los conflictos mineros a Centroamérica, de la cual un ejemplo concreto es lo que está sucediendo ahora en El Salvador.
En esta pequeña nación, apenas en 2004, se comenzaron a levantar los primeros proyectos. Allí, los ciudadanos, considerando la experiencia sudamericana, tomaron posición y concluyeron que los impactos ambientales que se derivan de la minería superan por mucho los ingresos que esta genera.
Por lo mismo, han exigido a las autoridades que no se invierta en la materia. Edgardo Mira, integrante del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio (Ceicom), afirmó que están en una moratoria de hecho, lo que valoró, pero dijo que "no es suficiente" cuando estima que gran parte de la población en El Salvador considera que no debería haber minería. Por consiguiente, afirmó que su bandera de lucha es que haya una ley que, de forma explícita, prohíba la minería metálica.
El salvadoreño afirmó que una ley debe dirimirse en la Asamblea Legislativa, es decir el Congreso Nacional y allí entran otros intereses. Por lo mismo, mientras se realiza el trámite legislativo están pidiendo que el presidente emita un decreto para prohibir la actividad minera. Sin embargo, mientras, las mineras no ceden y siguen afectando fuertemente las aguas, una de sus principales preocupaciones.
En ese sentido, Mira afirmó que se debe dar un salto desde la formación de comunidades de resistencia para entrar e incidir en el debate de políticas públicas en los distintos países, regulando los elementos estructurales que norman este tipo de actividades y sus consecuencias para la población.
Con información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)
Hoy celebramos a...