Diversas voces en América Latina se alzan para alertar que algunas empresas multinacionales extractivas de los metales preciosos y del petróleo están afectando a las poblaciones más vulnerables de la región.
Una de ellas se hizo sentir el último 19 de marzo en Washington DC, donde se realizó una Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nos referimos al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que llegó hasta allí para sentar su posición frente a la vulneración contra los derechos humanos de las poblaciones autóctonas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina.
La posición de la Iglesia se fortaleció gracias a la presencia de los representantes de diversas organizaciones católicas como el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM, el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, la Comisión Amazónica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y la Red Eclesial Pan-amazónica (REPAM).
Iglesia, pueblos indígenas e industrias extractivas
Según el informe final difundido días atrás, fueron los altos representantes de la Iglesia católica en América Latina quienes dieron a conocer a la CIDH, a los estados y a la sociedad en su conjunto, que los denominados “conflictos socio-ambientales” no solo han sido fuente de inestabilidad social en los países de la región, sino que también han vulnerado los derechos de las personas y se ha favorecido a la inversión privada en desmedro de estos.
Durante la audiencia, el CELAM advirtió sobre el incremento de la corrupción, el debilitamiento de la gobernabilidad y otros problemas sociales.
En ese contexto, la Conferencia Episcopal de Colombia admitió la necesidad de mayor energía en el mundo, pero muestra su preocupación por la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que no cumplen los compromisos internacionales como el Convenio OIT N° 169, referido al derecho a la consulta previa.
Por su parte, monseñor Pedro Barreto, SJ, arzobispo de Huancayo (Perú) y entonces presidente del DEJUSOL-CELAM, afirmó que “Nuestra misión a partir de nuestra fe, es custodiar los bienes de la creación”. Por ello aseguró que el CELAM ve como prioridad a los más pobres, dado que hoy existe una primacía por la actividad extracta sin rostro humano.
La Iglesia y su defensa de los pueblos afectados
En ese sentido en mayo del 2007, la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Brasil, mediante el documento de Aparecida ya advertía que las industrias extractivas y la agroindustria muchas veces no respetan los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de las poblaciones locales, generando daños a la biodiversidad, agotamiento del agua y contaminación.
En el acto realizado en Washington DC, las diversas instituciones de la Iglesia advirtieron con profunda preocupación ante la OEA la expansión de la minería informal y los daños graves que está generando a la salud de la población y al medio ambiente. Y no solo ello: de por medio se está afectando los derechos humanos sobre todo en la trata de personas y explotación sexual.
Bajo este contexto, el entonces papa Juan Pablo II alertó de una crisis ecológica en el mundo por la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. Lo mismo advirtió su sucesor, Benedicto XVI.
Propuestas y sugerencias de la Iglesia
Los representantes del CELAM propusieron que en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establezca un canal permanente de comunicación para desarrollar talleres de formación sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas, dirigidos a agentes pastorales y líderes sociales.
La Iglesia exhorta también a los países de las Américas a no criminalizar las protestas sociales de poblaciones indígenas y no indígenas en conflictos socio-ambientales. Por el contrario, los exhorta a encontrar una solución pacífica y justa mediante el diálogo, respetando la cultura y la naturaleza.
Los representantes de las organizaciones eclesiales invitan a que las empresas extractivas cumplan los estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como garantizar el derecho al territorio, a la consulta previa, a la vida y la integridad de los pueblos indígenas y tribales.
Hoy celebramos a...