Debate sobre la legalización de la prostitución
«Ninguna mujer ejerce libremente la prostitución», afirma Rocío Nieto, directora de APRAMP. Hay muchos factores que llevan a una mujer a vender su cuerpo, como la extorsión, la pobreza extrema o la crisis económica. Pero la solución a esto no pasa por regularizar su situación, sino por implementar «programas de protección y ayuda»
La legalización de la prostitución es uno de los debates que deja este año electoral en España.
Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos, o Esperanza Aguirre, candidata a la Alcaldía de Madrid por el Partido Popular, han puesto sobre el tapete la propuesta, con el argumento de que serviría para «acabar con la trata y que las personas que ejerzan la prostitución de forma voluntaria tengan unos derechos sociales y unas obligaciones tributarias», según el político catalán. Rivera afirma que el 85% de las prostitutas ejercen esta práctica de manera forzosa, pero cree que la regulación serviría para «sacar la prostitución de la calle», y de paso, recaudar 6 mil millones al año. Aguirre, tirando de argumentario liberal, defiende que «quien desee cobrar por el sexo, que lo haga libremente».
Los expertos no lo ven tan claro. Lejos de acabar con las mafias que trafican con mujeres, la regularización haría que «se fomentase la trata aún más. Las redes mafiosas aumentarían su control sobre este negocio incontrolable», afirma Rocío Nieto, directora de APRAMP, una de las asociaciones líderes en España de trabajo con víctimas de la trata y la explotación sexual.
«La legalización supondría que las mujeres estuvieran siempre encerradas, que pasaran, de estar ejerciendo en la calle, a trabajar dentro de pisos, lo que las invisibilizaría aún más. A ver quién controla lo que ocurre en esas casas, si no lo ves», afirma a este semanario. Hay que «tender a que esta práctica desaparezca, no a reglamentarla. Lo que se necesita son programas de protección para que estas mujeres puedan salir de la calle y se atrevan a denunciar a sus explotadores, y planes y protocolos que sirvan para mejorar el trabajo de asociaciones como la nuestra, en colaboración con la policía».
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tras conocer la propuesta de Ciudadanos, declaró que la prostitución «es un gran mal», y que legalizarlo «me parece aún peor». A juicio de Becerril, «la inmensa mayoría de las mujeres se sienten abocadas a la prostitución porque no tienen otro medio de subsistencia».
Violación de la dignidad humana
En Camberra, Australia, se debatió en 2011 sobre la legalización de la prostitución. En representación de la Iglesia, el sacerdote Legionario de Cristo John Flynn escribió un extenso documento en contra de la proposición. «La prostitución es una violación de la dignidad humana», recalcaba. «Las mujeres dañan su dignidad, porque se reducen a ser instrumentos del placer sexual». Flynn no se olvidaba de los clientes, «culpables de una grave ofensa».
El padre Flynn también advertía de los diversos peligros, tanto personales como sociales, causados por esta práctica, que se afianzarían si el negocio se convirtiera en legal.
El primero, la infravaloración de las propias mujeres; y hay muchos más, como que «las prostitutas son objetivos fáciles de crímenes violentos»; «que muchas mujeres implicadas en la industria lo hacen para poder seguir con su adicción a las drogas»; o que, «cuando se legaliza o despenaliza la prostitución, se crea una cultura permisiva que tiene efectos perjudiciales no sólo para las mujeres que se prostituyen, sino para todas las mujeres que viven dentro de esa cultura». Por último, y uno de los puntos más importantes, añadía el sacerdote, es que «la prostitución está estrechamente ligada a la esclavitud y al tráfico sexual de mujeres».
Hoy celebramos a...
