Con un proceso bien calculado y conducido, obedeciendo a los planes internacionales que con intereses ideológicos, políticos y económicos están contra la vida, hemos llegado, el pasado 20 de abril de 2015, a la Resolución 1216 del Ministerio de Salud que legaliza y determina la aplicación de la eutanasia. Este Protocolo es fruto de la sentencia T-970 (2014), la cual, a su vez, tiene origen en la sentencia C-239 (1997) de la Corte Constitucional sobre "homicidio por piedad". El acto se presenta viciado pues no se acudió al debido ordenamiento legislativo, ni se le hizo el necesario debate público a una decisión que compromete convicciones profundas de la mayoría de los colombianos.
En nombre del pluralismo, del secularismo y de la libertad, se llega, en primer lugar, a dejar a los familiares del enfermo, que está inconsciente, la posibilidad de terminar su vida, y después, a establecer comités, sin objeción de conciencia, no para defender la vida sino para supervisar la muerte.
La primera pregunta que surge es ésta: ¿Tiene el Ministro de Salud autoridad legítima para dar licencia para asesinar? Podemos preguntarnos también: ¿Quién puede determinar realmente cuándo y cómo una persona debe terminar su vida? ¿Al reducirse las garantías para defender la vida, no se dará en Colombia, como ya acontece en otros países, que se aproveche la ley para deshacerse de personas que resultan incómodas o para apropiarse de sus bienes?
La licencia para matar o para suicidarse no es una exigencia de la libertad. Si la libertad, entendida como la capacidad del ser humano para hacer cualquier cosa que quisiera, fuese fuente absoluta e incondicionada de derechos, no existirían los ordenamientos jurídicos, ni la sociedad, ni el Estado, pues cada persona determinaría por sí misma lo que es justo o injusto, bueno o malo, permitido o prohibido.
La Iglesia mantiene, por tanto, la convicción de que jamás es lícito matar a un paciente, para no verlo sufrir o porque él lo pide. Sin embargo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral.
La Iglesia tiene que seguir defendiendo, no por apego a una religiosidad trasnochada o a visiones ya superadas, la inviolable dignidad de la persona humana, señalando la grandeza de la vida en todos los estadios de su existencia y mostrando las implicaciones de su destino trascendente.
Hay mucha vida en cada vida. Nadie puede decir cuándo hay méritos o calidad para mantenerla o terminarla. En nombre de la libertad y de la “calidad de vida” se puede dar rienda suelta al egoísmo, manipular inmisericordemente al ser humano y cometer verdaderos crímenes. Detrás de la defensa de la eutanasia hay una visión materialista y utilitarista de la persona humana y está el abuso de legislar sobre derechos que no se tienen.
Desde noviembre de 2012 le hacía ver a la Arquidiócesis que llegaría este momento y pedía una seria reflexión a las Universidades Católicas, un trabajo decidido de formación en los Seminarios y en los encuentros sacerdotales sobre esta materia, a fin de tener ideas claras, de poder aportar a los debates públicos y de saber orientar a los políticos y al personal médico con criterios válidos, desde el ámbito humano y racional, en la defensa de la vida. T
al vez no fue escuchado mi llamamiento. Ahora, más que nunca, seguimos ante el desafío de evangelizar una sociedad cada vez más marcada, aun con el apoyo de la ley, por la “cultura” de la muerte. Si no queremos caer en la anarquía, es preciso lograr que la humanidad respete el valor sagrado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Ricardo Tobón Restrepo
Arzobispo de Medellín
Artículo originalmente publicado por Arquidiócesis de Medellín
Hoy celebramos a...