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Es mentira que los «inmigrantes ilegales» no contribuyan nada

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Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza

Presuponer que los datos y las cifras hacen desapasionado al investigador es no conocer a Gonzalo Fanjul, con una amplia historia de activismo y de lucha contra la pobreza. Su último proyecto se llama porCausa.
 
Se define como investigador y activista contra la pobreza.
 
Siempre fui activista pero mi profesión es la investigación. Una investigación aplicada y social, no de tipo académico, sino más bien como la que se hace en centros orientados a cambiar decisiones y no solo a diagnosticarlas.
 
¿Qué es porCausa?

 
PorCausa es una organización de producción de materiales periodísticos que colocamos en distintos medios de comunicación. La particularidad de nuestro modelo es que combinamos la investigación social, el oficio del periodismo, y el análisis y la visualización de datos. Unir estos factores nos permite profundizar en los asuntos de una manera que ningún medio de comunicación puede hacer. Hemos empezado con la pobreza infantil, hicimos un trabajo puntual sobre el hambre con Martín Caparrós, y vamos a entrar de lleno en el tema de la inmigración, que es un asunto clave, con un debate público de muy mala calidad.
 
¿Cuáles son las claves en el tema de la pobreza infantil?
 
España vive una verdadera emergencia nacional, con uno de cada tres niños viviendo en la pobreza o en riesgo de exclusión. Esto, hasta hace poco, no se reconocía. El gran titular es que la pobreza infantil existe, y creo que hemos logrado trasladarlo junto a otros que han trabajado también en la cuestión. 
 
Escribió hace poco sobre la exclusión de los inmigrantes indocumentados en el sistema de salud, ¿qué ha pasado*?
 
Lo que ha ocurrido es muy simple. El Gobierno del Partido Popular introdujo un decreto que excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria. Mantuvo la atención en urgencias, a embarazadas y a niños, y luego incluyó a enfermos infecciosos. Pero se trata de una medida para la que nunca se aportó explicación, que no incluyó una memoria económica, que crea un agujero moral y establece un precedente grave. Además, como muchas otras medidas en materia de inmigración, es tan inmoral como idiota. Supone un riesgo para la sanidad pública porque en esas poblaciones en situación irregular algunas enfermedades son prevalentes, como la tuberculosis, y seríamos imbéciles si quisiéramos excluirlas de nuestro radar sanitario.

Además, el uso de la atención de urgencias es entre cuatro y cinco veces más caro que la atención sanitaria básica en un centro de salud, así que concentrar esta población para tratarse una gripe en centros de emergencias supone un coste que nunca se calculó. Por último, está provocando un caos administrativo. Lo preocupante es que el Partido Popular aprobó esto, pienso que como medida populista y electoralista, y ahora nos enteramos de que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, considera el asunto una buena idea. Este es uno de tantos ejemplos en el que hacer lo correcto sería también lo más inteligente. No hay justificación para afectar a una población que, por cierto, es ahora mucho más pequeña de lo que dijo el Gobierno, ya que en ningún caso hay 800.000 inmigrantes en situación irregular. Personalmente me parece una línea roja. 
 
Pero se usará el argumento de que con esta medida se frena el “efecto llamada” y por tanto, la inmigración ilegal, ¿no?
 
Eso no es cierto. En esto insisten sistemáticamente los expertos. Vienen a trabajar y, por supuesto, hay problemas de salud sobrevenidos. Por cierto, también es un mito que no contribuyan nada, porque lo hacen con sus impuestos indirectos y muchos de ellos estarían dispuestos a hacer aportaciones a través de un seguro o cuota si se pusiese en marcha, pero tampoco lo hizo el Gobierno tras haberlo anunciado.

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