Al conceder el amparo interpuesto por la organización privada “Mexicanos Primero” sobre un desvío de los recursos públicos por funcionarios corruptos, recursos etiquetados para educación y que no llegaron a concretarse en acciones para las que iban encaminados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso esencial en la batalla contra este mal endémico que asola a México.
En efecto, la última instancia de la justicia en el país, reconoció ayer, por primera vez, el derecho que asiste a las organizaciones sociales para denunciar la corrupción y a las instituciones omisas de investigarla para hallar a los responsables de desvío de recursos públicos.
En este caso, fue la Auditoría Superior de la Federación la entidad que fue omisa en investigar quién desvió recursos federales que iban al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), y que jamás llegaron a su destino.
La denuncia fue interpuesta en 2013 por la organización civil “Mexicanos Primero”, que encabeza el empresario Claudio X. González y dirige el académico David Calderón.
Se trata del desvío de recursos destinados al FAEB que terminaron en los bolsillos de comisionados sindicales, “aviadores” (personas que solamente aterrizan en la ventanilla de pagos para cobrar, pero que no ejercen ningún trabajo por el que cobran) y hasta personas con cargos de elección popular, pese a que el presupuesto estaba etiquetado para mejorar las escuelas del país y la profesionalización docente.
“Mexicanos Primero” interpuso un amparo en 2013, mismo que fue rechazado en tres juzgados, hasta que llegó a la Corte y ayer miércoles 10 de marzo, los ministros de la primera sala resolvieron por unanimidad a favor de la organización civil, creada, justamente, para evaluar la educación en México desde la sociedad civil organizada.
Esto significa que la Auditoría estará obligada a realizar las investigaciones y denuncias correspondientes para que los responsables del desvío presupuestal sean castigados y el dinero pueda ser reintegrado a la Federación.
Según la investigación de “Mexicanos Primero” se trataría de un desvío de 11 mil millones de pesos, unos 730 millones de dólares que fueron ‘borrados’ de la educación básica y normal por desvíos.
“La sentencia es muy relevante porque implicará responsabilidades para quien entregó el dinero, pero también para quien lo recibió porque ambos quedan catalogados como servidores públicos”, afirma David Calderón, director general de Mexicanos Primero.
Se trata de una acción que demuestra el interés de la ciudadanía para castigar la corrupción. “Es pasar de las quejas a los tribunales, para que obliguemos a la autoridad a luchar contra la corrupción y aminorar la impunidad”, consideró el abogado Luis Pérez de Acha, quien lideró la estrategia legal del caso.
Con esta determinación, la Corte reconoce el derecho a la educación para miles de niños que estudian en escuelas a las que nunca les llega el recurso federal.
“Son miles de millones de pesos desviados a las cúpulas sindicales mientras las escuelas carecen de todo y nuestros niños no están recibiendo la instrucción que merecen”, dice Claudio X. González, presidente de “Mexicanos Primero”.
El empresario se refirió a este fallo como un hecho “histórico” porque se hace justicia y “se ensanchan las posibilidades de defensa de derechos humanos en México, sobre todo por parte de organizaciones sociales con respecto a las garantías de terceros, lo que se conoce como “interés legítimo”.
Y terminó diciendo: “Vamos a informar a todas las organizaciones de la sociedad civil de que tienen este beneficio porque hay una nueva avenida para defender los derechos humanos en el país”.
Hoy celebramos a...