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La Catedral de Córdoba (2): ¿A quién pertenece?

© Toni Castillo Quero
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Si ha sido templo católico durante 800 años seguidos, ¿por qué ahora se cuestiona la propiedad?

Este artículo ha sido escrito en colaboración por María Angeles Corpas y Pablo J. Carrión

La Catedral Mezquita de Córdoba es el principal templo católico de la ciudad desde el siglo XIII. Ya antes ese espacio albergó la Basílica de San Vicente Mártir (siglos V-VIII). En los últimos años se ha provocado un fuerte debate sobre su titularidad. En especial desde su inscripción en 2006 en el Registro de la Propiedad. Esta polémica tiene dimensiones legales, políticas e ideológicas. La diócesis ha presentado razones históricas y jurídicas. De otro lado, organizaciones laicistas, partidos de izquierda y grupos de musulmanes en España esgrimen posiciones alternativas.     
 
1. Un inmueble registrado legalmente  
           
La cuestión legal es importante porque requiere una aclaración definitiva que aporte seguridad jurídica. Al ser un templo, también alude al ejercicio de la libertad religiosa consagrado en la Constitución española (art. 16). 

El 2 de marzo de 2006 la diócesis procedió a la inmatriculación (primer acto registral de una finca) de  la “Santa Iglesia Catedral de Córdoba” en el Registro de la Propiedad, mismo nombre que se le dio con la declaración como monumento nacional en el siglo XIX. El acto tuvo un coste de 30 € y estuvo exento de impuesto de transmisión patrimonial al ser un templo. Anteriormente no podían inscribirse bienes de dominio público, ni iglesias según la legislación anterior.

Se entendía que el uso para el culto bastaba para publicitar la titularidad. Algo explicado en la resolución de del la Dirección General de Registros y Notariado (31-III-1982) en la que se explicaba que eran lugares de acceso abierto y uso general, propiedad de la Iglesia. En 1998, con la reforma del reglamento de la ley hipotecaria (art. 5.4, Real Decreto 1867/1998) se permitió, aunque no hubiera títulos escritos de dominio. Bastaba una certificación catastral del uso como lugar de culto católico y una declaración episcopal que certificara el dominio.

Algo similar a lo hecho por el Estado donde no había títulos de propiedad escritos ya desde el RD de 21-VIII- 1860 y 6-XI-1863, que dejaba también este recurso de inventariado a las diócesis. Obviamente, ni en el siglo V, ni en el XIII existían registros, aunque existe una constatación histórica absoluta de la utilización del lugar como Catedral desde el siglo XIII. El Cabildo señaló su “posesión pacífica, pública e ininterrumpida en concepto de dueño” durante casi 800 años. Una titularidad pública y notoria, en un espacio que fue sede episcopal ya en el siglo V. Propiedad y uso del edificio como lugar de culto sin cambio desde la reconquista. 
           
El exhaustivo informe legal diocesano incluye referencias que ampararan la inscripción de templos católicos en la Constitución española (art.14 y 16), Ley Hipotecaria de 1944-1946 (art. 206) y Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado (12-I-2001). Se alegaba que era discriminatorio para la Iglesia no poder inscribir lugares de culto en condiciones de igualdad, al igual que otras confesiones, dada la aconfesionalidad estatal.
 
2. Al servicio de la comunidad. Derechos y obligaciones del propietario 
           
El hecho de que la titularidad no sea estatal no limita los derechos y obligaciones que de ella se derivan para el propietario privado. En este caso la Iglesia, tiene el derecho a su uso y la exigencia de custodia y conservación. A su vez, las autoridades deben respetar esta propiedad y colaborar en su mantenimiento, en tanto que bien cultural internacionalmente reconocido. La cuestión es que se trata de un templo, un lugar de culto. Un espacio que solo la Iglesia está legitimada para desacralizar. Todo el edificio está consagrado desde el siglo XIII de forma pública y continuada.

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