La moneda está en el aire
Republicanos y demócratas se juegan algo más que un pulso para ver si se autoriza o no el alivio migratorio propuesto por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se están jugando, a no dudarlo, las próximas elecciones que se llevarán a cabo en 2016.
Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos pidió el lunes 23 de febrero a un juez federal que aplace la orden temporal que suspendió una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, misma que protege de la deportación a millones de inmigrantes no autorizados.
La moción del Departamento de Justicia fue presentada ante el juez de distrito Andrew Hanen en Brownsville, Texas, ciudad fronteriza con México, concretamente con la población de Matamoros, en Tamaulipas.
El Gobierno va a apelar
El Gobierno encabezado por el presidente Obama también presentó a Hanen un informe de tres páginas donde le notifica que apelará su decisión ante el quinto circuito judicial de Estados Unidos, cuya sede está en Nueva Orleans, en el Estado de Lousiana.
Hay que recordar que el juez Andrew Hanen emitió la semana pasada una suspensión temporal solicitada por los gobiernos de 26 estados, obviamente republicanos, que entablaron una demanda contra el decreto de Obama que protege de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.
Este decreto fue anunciado justamente en noviembre del año pasado, cuando los republicanos propinaron una dura derrota electoral al presidente y a su partido político, haciéndose con la mayoría en las dos cámaras de las que se compone el Congreso estadounidense.
La reacción del presidente Obama ante el descalabro electoral fue la de anunciar una acción ejecutiva (no cuenta con el apoyo del Congreso) para aliviar el problema migratorio de EE UU.
¿Es inconstitucional?
Aunque también lo hizo, según analistas, para volverse a ganar, para los demócratas, el voto hispano, población que ya ha alcanzado a ser la primera minoría étnica en Estados Unidos, con poco más de 55 millones de personas habitando ese país.
Por su parte, los gobiernos estatales, liderados por el de Texas, han alegado que la medida de Obama es inconstitucional y obligaría a un aumento en el gasto de los estados en funciones policiales, servicios médicos y educación. Todo para atender a los migrantes, fruto, dicen, del desorden que en que viven sus países de origen.
Si Hanen aplaza la entrada en vigor de su orden mientras se resuelve la apelación ante el quinto circuito, el gobierno de Estados Unidos podría proceder con sus políticas migratorias mientras la demanda sigue su curso en los tribunales.
Hoy celebramos a...
