Una enmienda a la ley para liberalizar la economía prevé sustituir los días festivos del calendario nacional por los “días festivos locales”
Una enmienda a la ley sobre el trabajo dominical y los días festivos, votada en Francia este lunes 16 de febrero, prevé permitir a los prefectos [gobernadores de departamento, n.d.t.] de las comunidades de ultramar (Guadalupe, Guayana, Polinesia francesa,…) sustituir los días del calendario nacional francés por los específicos del territorio.
Según la diputada que propuso la enmienda, Éricka Bareigts (de la primera circunscripción de la isla de la Reunión), se trata de “dar una transparencia y una base legal a las prácticas diversas que se expresan en nuestros distintos territorios”, informó L’info.re.
“La sustitución de un día festivo heredado de una fiesta religiosa católica se dejaría a la apreciación del prefecto, en acuerdo con los agentes locales y teniendo negociaciones para adaptar las convenciones colectivas”, según Le Figaro.
En su enmienda, la diputada precisaba que los días festivos susceptibles de ser sustituidos eran el Lunes de Pascua, la Ascensión, el Lunes de Pentecostés, la Asunción (15 de agosto) y Todos los Santos.
Pero la versión finalmente votada ayer prohíbe solamente sustituir los días festivos republicanos (1 y 8 de mayo, 14 de julio y 11 de noviembre), lo cual permitiría por tanto sustituir también Navidad y Año Nuevo.
Para aplicarse, este enmienda deberá esperar la promulgación de la llamada ley Macron (un proyecto de ley para liberalizar algunos sectores de la economía que la asamblea nacional francesa somete a voto en primera lectura este martes 17 de febrero) y pasar el examen del Consejo constitucional.
Habrá que esperar que sea censurada para preservar la celebración de las fiestas cristianas que pertenecen a la identidad francesa y para evitar crear una fractura entre la Francia metropolitana y los departamentos de Ultramar.
El ministro de Economía, Emmanuel Macron, ya planteó, en el debate en la Asamblea nacional sobre esta enmienda, que el Consejo constitucional podría estimar que no tiene relación con “el crecimiento y la actividad”, que es el objeto de su texto de ley.