El 23 de febrero de 2014, personal de la Oficina de Investigación Criminal de Sudán irrumpió en el recinto de la Iglesia evangélica de Omdurmán y arrestó al ministro, el Rvdo. Yahya Abdelrahim Halu, como parte de un plan del Gobierno para hacerse con las propiedades de la Iglesia.
Se dice que el Ministerio Federal de Orientación y Donaciones Religiosas había intentado sustituir al Rvdo. Halu, líder de la Iglesia y moderador del sínodo del SPEX, por un comité nombrado por el Gobierno que apoya la devolución de las propiedades de la SPEX al Gobierno. El Rvdo. Halu fue retenido en la Comisaría Central de Jartum durante dos días.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos informan de que los médicos de Sudán son obligados a aplicar a presos castigos inhumanos basados en la sharía. Entre ellos se cuentan las amputaciones cruzadas (mano derecha y pie izquierdo) que deben realizar por orden del Gobierno de Sudán.
Funcionarios del Gobierno, en concreto el ministro de Orientación y Donaciones Religiosas, declararon públicamente que al independizarse Sudán del Sur “en Sudán no se necesitan iglesias nuevas”.
El ministro afirmó que no se concederán licencias para la construcción de iglesias. Además, informes confidenciales refieren que muchas iglesias, escuelas parroquiales y centros educativos de las Iglesias han sido confiscados o clausurados por el Gobierno en Omdurmán, Jartum, Bahri y Jartum Central.
Ahora es más difícil obtener visados de entrada y permisos de trabajo/residencia para el personal de las Iglesias (misioneros, cooperantes de organizaciones confesionales, voluntarios).
Esto empezó después de las declaraciones gubernamentales de que no tiene sentido mantener las oportunidades de trabajo educativo y pastoral para personas originarias de Sudán del Sur, porque estaban abandonando el país en masa.
Se dice que algunos misioneros han estado trabajando sin la documentación apropiada. A otros se les ha impedido regresar a Sudán después de varios años desarrollando su labor allí.
El personal de la Iglesia, entre el que se cuentan los obispos, ha sido interrogado en las oficinas gubernamentales y les han preguntado por las actividades que realizan.
Se reciben informaciones sobre iglesias, colegios y otros edificios religiosos de los montes de Nuba destruidos de forma intencionada mediante bombardeos aéreos en numerosas ocasiones.
Meriam Yahia Ibrahim Ishaq, embarazada, condenada a muerte por apostasía
En Sudán, la pena de muerte impuesta el 5 de mayo de 2014 a Meriam Yahia Ibrahim Ishaq, provocó una ola internacional de protestas.
Fue declarada culpable de haber apostatado del islam, delito que se castiga con la pena de muerte, conforme a la ley islámica, la sharía. Meriam declaró que siempre había sido cristiana, a lo que la acusación respondió que ella tenía que haber profesado el islam, la religión de su padre.
En su defensa, Meriam manifestó que su padre había abandonado a la familia cuando ella era pequeña, dejando a su madre, ortodoxa etíope, educarla en solitario. Aportó pruebas que demostraban que se había casado con un cristiano llamado Daniel Wani, en la catedral católica de San Mateo de Jartum.
El juez concedió a Meriam tres días para que se convirtiese al islam, pero ella se negó diciendo que en conciencia no podía abandonar su fe. Fue enviada a la Prisión Federal para Mujeres de Omdurmán, cerca de Jartum, la capital de Sudán, con su hijo de 20 meses, Martin.
Allí, el 27 de mayo de 2014, dio a luz, a su debido tiempo, a una niña. Las autoridades manifestaron que la pena de muerte no se podría ejecutar hasta pasados dos años desde el nacimiento del bebé. El 31 de mayo, unos funcionarios sudaneses comunicaron a la BBC su pronta liberación, pero a continuación le fue denegada. Su marido, Daniel, negó que le hubieran informado de la puesta en libertad.
En una carta dirigida al periódico londinense The Times, con fecha del 31 de mayo de 2014, John Pontifex, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, describió el trato judicial dispensado a Meriam como “una oportuna llamada de atención para nosotros, occidentales, sobre el grado al que llegan las violaciones de los derechos humanos en Sudán”.