El informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, país por país
Cuando el Ejército apartó del cargo de presidente a Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, el 30 de junio de 2013, se abolió la Constitución que él había elaborado. Esta Constitución había sido ratificada en diciembre de 2012, después de haber suscitado una creciente controversia.
En otoño, una serie de representantes clave de un comité encargado de elaborar el borrador del documento (entre ellos algunos cristianos y un número mayor de musulmanes liberales) dimitieron en señal de protesta, ante la posición dominante que se otorgaba al islam y la ambigua redacción de algunos de los artículos propuestos.
La Constitución de Mursi había conservado el artículo 2 de la Constitución anterior, en vigor bajo el régimen de su predecesor, el presidente Hosni Mubarak. El artículo 2 establece que el Islam es la religión de Estado y que “los principios de la sharía son la fuente principal de la legislación”.
El término “principios” era menos restrictivo que “preceptos” que los miembros salafíes querían imponer. Pero estos últimos consiguieron insertar un artículo en el que se definía el significado de “principios”.
El artículo 219 estipulaba que estos principios deben incluir “la opinión general, los principios fundacionales de la jurisprudencia islámica, fuentes fidedignas entre las escuelas de pensamiento suní”. Este artículo pretendía reducir la libertad de los representantes parlamentarios a la hora de elaborar leyes, así como la libertad del Tribunal Supremo Constitucional en la interpretación de los principios de la sharía.
Para el obispo católico copto Kyrillos William, de Asiut, esta Constitución suponía “un ataque a los derechos humanos [y] lo único que hace es conservar las prerrogativas de los musulmanes extremistas”.
La consecuencia de este cambio es que los tribunales tienen libertad para decidir si quieren una aplicación estricta de la sharía, hecho que se ha demostrado en un caso que llegó a los tribunales a principios de 2013.
El 14 de enero, el tribunal penal de Beni Suef condenó a una madre de familia, Nadia Abdel Wahab, a 15 años de prisión por haber vuelto a su fe cristiana anterior tras la muerte de su esposo, cuya religión adoptó. Los siete funcionarios civiles acusados de haber sustituido su primer nombre musulmán en sus documentos de identidad por su nombre de bautismo original también fueron condenados a la misma pena.
Tras el derrocamiento del presidente Mursi, se creó un comité encargado de revisar esta Constitución. Tres comunidades cristianas están representadas en él, la ortodoxa copta, la católica copta y los protestantes evangélicos, cada uno con un delegado. Otra serie de confesiones cristianas también participan en él según sus distintas capacidades.
En un referéndum celebrado entre el 14 y el 15 de junio, el 98 % del electorado se mostró favorable a la adopción de una nueva Constitución. La mayor parte de los cristianos votaron “Sí”, pero en el Bajo Egipto (Asiut, Minia y Sohag), muchos cristianos coptos se abstuvieron de votar por miedo a los islamistas, enormemente activos en estas provincias, alejadas de El Cairo.
En el nuevo texto, los principios de la sharía siguen siendo la principal fuente de la legislación. Sin embargo, el artículo 219 ha sido suprimido y la interpretación de estos principios corresponde al Tribunal Supremo Constitucional.
El Tribunal tiene que tener en cuenta los compromisos del Estado de respetar los acuerdos internacionales suscritos por el país sobre derechos humanos.
Egipto aparece ahora definido como “un Estado democrático moderno dirigido por un Gobierno civil” (en el preámbulo). El uso de la palabra “civil” pretende evitar los abusos de la explotación política de la religión. Aún más, los partidos basados en ideologías religiosas están oficialmente prohibidos (artículo 74).
Hoy celebramos a...
