El Papa Francisco la ha calificado como "sentencia de muerte disimulada"
“Prisión permanente revisable” es el eufemismo que el Partido Popular y el PSOE han utilizado, en su firma del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, para incuir la cadena perpetua en la legislación.
El pacto entre ambos partidos, mayoritarios en España, se realiza con la intención de protegerse de los terroristas islámicos nacidos y criados en internet; con él quieren neutralizar o, al menos, reducir el peligro de los ‘lobos solitarios’ y de los yihadistas que vuelven a casa para traer la ‘guerra santa’.
De esta manera se impulsa una reforma del Código Penal que permita tener mejores herramientas para perseguir a los terroristas. No obstante, la inclusión de un compromiso para que los delitos de terrorismo se castiguen siempre como «la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal» es la gran polémica de esta ley. Un nuevo eufemismo, esta vez utilizado por el PSOE para adherirse al Pacto.
La máxima pena privativa de libertad en España es la prisión permanente revisable, tras una reforma en el mes de enero del Código Penal. Una pena que en la práctica es una cadena perpetua, porque supone que para delitos graves se revise el cumplimiento a los 25 o 35 años y sea posible el internamiento de por vida.
“Sentencias de muerte disimuladas”
“Todos los cristianos y la gente de bien están llamados hoy a luchar no sólo para que la abolición de la pena de muerte sea legal o ilegal, en todas sus formas, sino también por la mejoría de las condiciones en la prisión en respeto de la dignidad humana de aquellos que han sido privados de la libertad”, dijo el Papa en una audiencia el 23 de octubre con los miembros de la Asociación Internacional para el Derecho Penal.
“Vinculo esto a la sentencia de muerte. En el Código Penal Canónico, la sanción de la cadena perpetua ya no existe. Una sentencia de por vida es una sentencia de muerte disimulada”, añadía el Papa Francisco.
De igual manera se expresó la Conferencia Episcopal Española en mayo de 2006, que participó en el II Encuentro Europeo de Juristas y Pastoral Penitenciaria. Allí, los obispos mostraron que “el período de internamiento no debe ir más allá de los quince años, en cuanto el deterioro producido en las personas hace prácticamente inviable su rehabilitación y reinserción social”.
Por ello pedían “establecer un límite máximo de internamiento en prisión” y también un mínimo, “pues las penas cortas son igualmente inútiles al no permitir un tratamiento adecuado”.
En este congreso europeo se destacaba la existencia en países europeos de la cadena perpetua y añadían: “y en otros, aunque no reconocida como tal, cabe la posibilidad de imponer penas de hasta cuarenta años, lo que se traduce de hecho en cadena perpetua”.
España no era uno de estos países, hasta ahora. Los dos partidos mayoritarios en España, donde se encuentran aparentemente representados los votantes católicos, han unido a España a este “selecto club” de países con cadena perpetua.
Con esta firma, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llevan la contraria al Papa Francisco, obvian el Magisterio de la Iglesia e instauran un régimen penitenciario que Su Santidad ya ha denunciado.