El 1 de enero de 2013 Vietnam introdujo una nueva ley sobre la fe y la libertad religiosa. El Decreto sobre Religiones 92/2012 ND-CP o, para abreviar, el Decreto 92, pretende aportar una clarificación legal e interpretativa a la ley de 2005.
Sus promotores aseguran que protege la ley religiosa y que define con claridad el ámbito y los medios de aplicación de las directivas anteriormente promulgadas.
En realidad, según expertos y analistas, no es más que una confirmación del deseo evidente, que tiene el Gobierno de Hanoi, de controlar toda manifestación religiosa, en especial las cristianas (y dentro de ellas las católicas).
A lo largo del último año, se han producido numerosos casos de acoso, violencia, arrestos arbitrarios de individuos y ataques a comunidades enteras de cristianos.
Entre los años 2004 y 2005, las autoridades del partido comunista abandonaron la lucha ideológica contra las religiones (en continuo aumento en el país, tras años de doctrina marxista y ateísta impuesta por el Estado).
En su lugar adoptaron una estrategia más dirigista y controladora, explotando la exigencia de la inscripción y de la autorización para el culto, como forma de someter a los creyentes y sus organizaciones al control gubernamental. Fue un paso, que a muchos les pareció que ofrecía mayor libertad y que no iba a impedir un renacimiento religioso.
Actualmente en Vietnam, de una población de unos 87 millones de habitantes, el 65 % practican alguna religión reconocida.
En seguida se comprobó que el Decreto 92, que entró en vigor a principios de 2013, era un intento de sofocar la libertad religiosa. Según noticias difundidas por Radio Free Asia, los primeros en hacer sonar las alarmas fueron los miembros de la Oficina Internacional de Información Budista (IBIB, por sus siglas en inglés), organización con sede en París.
El nuevo decreto, advirtieron, era una fuente de “profunda preocupación”, porque restringe las actividades de los ciudadanos y permite a las autoridades “un margen de maniobra más amplio”, para eliminar a quien no quiera someterse a las directivas de este Estado de partido único.
Para los líderes budistas, la nueva normativa “añade un sello de legitimidad” a una política de “represión de la religión, planificada por las más altas esferas del Partido Comunista y del Estado”. Su objetivo, añaden, es colocar a las religiones “bajo el estricto control del Partido Comunista”.
La misma preocupación ha sido manifestada por la comunidad católica local, según confirman los testimonios reunidos a principios de diciembre de 2013 por AsiaNews. Un joven católico subrayó el hecho de que Vietnam está adoptando el modelo de “la política de China” para las cuestiones relacionadas con la religión.
El Decreto 92, elaborado sin consultar con las asociaciones religiosas o con sus líderes, consta de cinco capítulos y 46 artículos. Una parte de las secciones regula “las organizaciones religiosas” y las “actividades religiosas”. Son estos dos aspectos los que han suscitado mayor preocupación entre los creyentes.
En realidad, están formulados utilizando una terminología “vaga” y expresando conceptos “ambiguos”, que se pueden interpretar de distinta forma. Al mismo tiempo, exigen que los sacerdotes y los religiosos se sometan a un “programa educativo” sobre la historia de Vietnam y sus leyes, elaborado e impartido por representantes de los ministerios de Interior, Justicia y Educación.
Finalmente, a los miembros del clero se les exige presentar una solicitud oficial para viajar al extranjero, para asistir a conferencias y deben solicitar “permiso” de las autoridades para desplazarse a cualquier otra región dentro del propio país.
Esto supone un endurecimiento de los controles en un ámbito (el de la religión) que durante décadas Hanoi ha sometido a estrecha vigilancia.
El Gobierno vietnamita reconoce en la actualidad 31 organizaciones religiosas que representan a 11 credos distintos, entre ellos budistas, católicos, protestantes y religiones tradicionales como el “cao dai” y el “hoa hao”.
Sin embargo, los grupos religiosos “fuera de la ley”, como las casas de oración cristianas y la Iglesia budista unificada de Vietnam, afiliada a la IBIB, siguen prohibidas y su culto es contrario a las leyes de la nación.
Según la organización budista internacional de París, Hanoi trata de imponer “las directivas del Partido Comunista para incrementar el control estatal sobre las actividades religiosas”.
El informe de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Iglesia católica de Vietnam, que aparece en CatholicCulture, confirma esta afirmación.
Este documento demuestra que la situación de los derechos humanos, las libertades individuales y el avance hacia la democracia en el país, lejos de haber mejorado, parece irse deteriorando de forma paulatina, influyendo también en los ámbitos político, económico y financiero, así como en las relaciones internacionales y, de hecho, en la propia sociedad vietnamita.
Al realizar un análisis profundo del concepto de derechos humanos en la sociedad vietnamita, el informe examina detalladamente el sistema educativo nacional, denuncia la corrupción generalizada y las principales violaciones de los derechos humanos.
La nota más sombría hace referencia precisamente a la libertad religiosa que, aunque está garantizada por la Constitución, en la práctica se aplica y reconoce de forma absolutamente arbitraria”.
A lo largo del año pasado, Hanoi ha estado buscando una mayor legitimidad a nivel internacional, patrocinando reuniones entre personalidades reconocidas del Gobierno y el Partido Comunista y de la Santa Sede (Radio Vaticana y otras fuentes han concedido gran importancia a la visita que realizó Nguyên Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, al Vaticano a finales de enero de 2013).
Sin embargo, al mismo tiempo, ha golpeado con fuerza a los que dentro del país luchan por la libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos.
Se ha dirigido una campaña de represión, violencia y agresiones físicas contra católicos, protestantes, budistas y miembros de religiones no reconocidas, así como contra defensores de los derechos humanos y blogueros.
Tal y como informó AsiaNews, esta cuestión ha adquirido mayor importancia desde enero de 2013 cuando un grupo de intelectuales (entre ellos algunos obispos y religiosos católicos) firmaron una petición pidiendo reformas constitucionales, que acaben con el sistema de partido único comunista
A principios de enero de 2013, según apareció en el New York Times, se juzgó a un grupo de 14 católicos defensores de los derechos humanos de Nghe An, que fueron condenados a penas de entre 3 y 13 años de prisión.
El juicio solo duró dos días y acabó con la condena de los católicos bajo el cargo de “subversión”. Les habían acusado de pertenecer a un grupo conocido como Viet Tan, movimiento no violento y a favor de la democracia que las autoridades han clasificado como organización “terrorista”.
Algunos testigos comentaron que los acusados habían insistido continuamente en que lo único que pretendían con su labor era ayudar a la gente, difundiendo noticias y críticas contra la corrupción existente entre las personalidades del partido y del Gobierno y contra su gran enriquecimiento personal durante la crisis económica.
Dos días después, el 11 de enero, AsiaNews informó de que las autoridades de Hanoi habían empezado a demoler la centenaria iglesia del monasterio carmelita de la capital, que había sido objeto de una larga confrontación entre el Gobierno y los superiores de la Iglesia.
Según las autoridades, las reivindicaciones católicas de la propiedad, esgrimidas por el arzobispo Nguyen Van Nhon, carecen de fundamento porque el solar pertenece al Estado.
Sin embargo, hay documentos que demuestran con claridad que la propiedad del terreno en el que se edificó el monasterio lleva unos 100 años en manos de la archidiócesis. En respuesta a estos abusos, los padres redentoristas de Ciudad Ho Chi Minh han celebrado una misa especial todos los últimos domingos de mes durante todo 2013.
La política de mano de hierro de las autoridades ha acabado afectando también a defensores de los derechos humanos y a ciudadanos corrientes que han luchado por defender sus tierras y su trabajo.
A mediados de febrero, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y el Comité Vietnamita de Derechos Humanos (VHCR, por sus siglas en inglés) publicaron un informe conjunto que revela que las autoridades han arrestado, encarcelado y condenado a unos 30 defensores de los derechos humanos por hacer comentarios o críticas sobre acciones de las autoridades locales y del Gobierno central.
En abril los jueces condenaron a cinco años de prisión a Peter Doan Van Vuon, padre de la “familia coraje”, que se había atrevido a enfrentarse a las autoridades. Al leer la sentencia, el juez hizo hincapié en que los actos de esta familia habían impedido “las actividades normales de los organismos estatales” y habían ocasionado “daño al orden social” (HuffingtonPost).
La comunidad budista “extraoficial” ha sufrido el mismo acoso y violencia. Según noticias difundidas por AsiaNews, el 1 de mayo las fuerzas de seguridad vietnamitas rodearon una pagoda clandestina, que pertenecía a un grupo budista no reconocido, impidiendo que los monjes abandonaran el edificio.
Este ataque policial fue en parte una respuesta al apoyo otorgado por los monjes a las continuas manifestaciones de vietnamitas contra el “imperialismo” de Pekín en el Mar de China Meridional. También atacaron la pagoda Giac Hoa de Ciudad Ho Chi Minh, que pertenece a la Iglesia budista unificada de Vietnam.
En julio, en Hanoi, manifestaron su malestar ante la beatificación del cardenal François-Xavier Nguyên Van Thuân, no dejando que el crítico literario Nguyên Hoang Duc, uno de los testigos principales de la causa, viajara a Roma. El hecho tuvo lugar cuando le invitaron al Vaticano para asistir a la clausura de la fase diocesana del proceso. A pesar de tener una invitación oficial, la policía le impidió embarcar en el avión.
A principios de septiembre, se produjo un incidente que quizás sea el más grave y el más sintomático del clima de persecución abierta y violenta contra la comunidad católica. Empezó con el arresto ilegal y arbitrario de dos feligreses de la parroquia de My Yen, en la provincia de Nghe An, en la costa norte del país, y terminó implicando a las autoridades religiosas y a los fieles católicos.
Según Ucanews, el 5 de septiembre, la policía reprimió de forma brutal y sangrienta una manifestación en la que participaban cientos de personas, que habían tomado las calles para protestar contra la detención arbitraria de dos católicos, Ngo Van Khoi y Nguyen Van Hai, que ya llevaban varios meses en prisión sin cargos.
Unos 1000 policías atacaron a los manifestantes, disparando balas de fuego real y golpeando a todos. Unos días antes, las autoridades locales habían garantizado que los dos católicos serían puestos en libertad en breve, porque no habían cometido ningún delito.
Mons. Paul Nguyen Thai Hop, obispo de Vinh, intervino en defensa de la comunidad católica, con el respaldo de la Conferencia Episcopal y de los líderes de las principales religiones del país. Acusó a las autoridades de Nghe An de utilizar tácticas “turbias y carentes de escrúpulos”.
Unos días después, monseñor Paul hizo un llamamiento, a través de AsiaNews, a la comunidad internacional, en el que expresaba su “preocupación” por las agresiones del régimen y pidiendo “apoyo” ante una “situación peligrosa y preocupante” para los cristianos.
En las semanas siguientes, esta postura le granjeó ataques constantes de los medios de comunicación y de las autoridades locales que organizaron una campaña sistemática de difamación contra él.
El 23 de octubre, jueces del tribunal local de Vinh, capital de la provincial de Nghe An, condenaron a los dos fieles de My Yen a varios meses de prisión en una audiencia a puerta cerrada de la que no habían notificado ni siquiera a las familias.
Como respuesta, y a pesar de las amenazas, la diócesis de Vinh emitió un duro comunicado atacando los procesos ridículos que, afirma, habían terminado con un “veredicto injusto y equívoco”.
Días después, otros líderes religiosos vietnamitas (de hoa hao, budistas, de la Iglesia unificada de Vietnam, de cao dai, pastores protestantes y sacerdotes católicos), difundieron una declaración conjunta respecto a las leyes sobre religión del Gobierno. Lejos de ser “instrumentos de la ley” dirigidas a garantizar la libertad religiosa, afirman, las leyes promulgadas por el Gobierno comunista en los últimos años se han convertido en un instrumento de represión, sometimiento y opresión por parte del Estado.
A pesar de todo, en un clima caracterizado por las violaciones y el hostigamiento, la comunidad católica sigue creciendo; se han abierto nuevos lugares de culto y cada vez más jóvenes solicitan la admisión en seminarios y conventos.
A lo largo de 2013, según Ucanews13, se ha alcanzado el mayor número de solicitudes de entrada en el seminario mayor de Vinh de los últimos tiempos.
Y sin embargo, esta diócesis es la que sufre los ataques más directos por parte de las autoridades. Pero la Iglesia vietnamita es más fuerte que la persecución, como señalan tan a menudo sus líderes y atestiguan sus fieles.
En conclusión, la libertad religiosa ha estado cada vez más amenazada durante el período que se estudia. La introducción del Decreto 92 por parte del Gobierno ha impuesto mayores controles y restricciones a la libertad religiosa.
El concepto de libertad religiosa está ligado totalmente a los dictados y directivas del Gobierno y de un Estado de partido único comunista. La comunidad católica, y en concreto los fieles católicos de Vinh, han sido víctimas de violencia, arrestos y encarcelaciones arbitrarias. Se han producido episodios de persecución anticristiana grave y directa.
Hoy celebramos a...