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La lucha de una familia de inmigrantes mexicanos por permanecer unida

© AFSC
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Miles de familias han quedado divididas, muchas de ellas huérfanas, por la deportación de los padres o de alguno de ellos

La deportación de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos sobrepasa las dos millones de personas desde que Barack Obama se hizo de la Casa Blanca en 2008.  Han sido miles las familias que han quedado divididas, muchas de ellas huérfanas, por la deportación de los padres o de alguno de ellos.
 
Esto ha obligado a que muchos inmigrantes, para no ser separados de sus familiares y enviados de retorno a sus países de origen, especialmente mexicanos y centroamericanos, hayan buscado refugio en iglesias, templos o albergues religiosos de Estados Unidos.
 
Arturo: un caso entre miles
 
Tal es el caso, por ejemplo, del inmigrante mexicano Arturo Hernández García, quien desde el mes de octubre de 2014 ingresó en las instalaciones de un templo de la Primera Sociedad Unitaria de Denver (Estado de Colorado), donde ha permanecido hasta la fecha, viviendo en el subsuelo del propio templo.
 
El lunes pasado una fiscal de inmigración en Denver, Corina Almeida, rechazó la moción para evaluar la cancelación o postergación del pedido de deportación de Arturo, quien está refugiado en el templo Unitario para evitar ser separado de su familia, según informó el martes la organización que lo ayuda, la American Friends Service Committee (AFSC).
 
Este rechazo motivó que ayer miércoles se haya registrado una marcha de varios cientos de personas exigiendo –frente al edificio de la corte federal en Denver—una revisión exhaustiva del caso de Arturo.  Los manifestantes abogaban, además, porque se pusiera un alto a la división de las familias de los inmigrantes que, en Estados Unidos, se consideran como “ilegales” y, en algunos estados de la Unión Americana, incluso como “criminales”.
 
Respuestas sesgadas
 
La activista Jennifer Piper, del AFSC en Denver es quien ha estado defendiendo a Arturo y a su familia.  Piper es la creadora de la Coalición Santuario de Metro Denver que comenzó a operar en septiembre pasado con cinco iglesias afiliadas.
 
En diciembre de 2014, tras el anuncio presidencial del Programa de Acción Diferida para Padres (DAPA), Ana Hernández García, esposa de Arturo Hernández, y las dos hijas del matrimonio, marcharon por el centro de Denver hasta el edificio de la corte federal para pedir aclaración sobre su situación migratoria.
 
Anteriormente, la madre y sus hijas habían viajado hasta Washington D. C. para entrevistarse con congresistas y para entregarles a los legisladores cartas con testimonios de niños cuyos padres fueron deportados.  Un mes después de la "marcha y vigilia" en Denver, llegó la respuesta del gobierno federal al pedido de los Hernández García, pero no la respuesta que ellos deseaban.
 
La lucha sigue
 
Ana Hernández García y sus hijas, acompañadas por dirigentes religiosos y comunitarios, así como por miembros de organizaciones pro-inmigrantes marcharon nuevamente ayer miércoles al mediodía hasta la corte federal de Denver, esta vez para protestar por la decisión de la fiscal Almeida.  Tras de la marcha hubo una concentración con música y subasta de arte para apoyar a Arturo y a su familia en la lucha por permanecer unidos.
 
“Esta acción pública es necesaria, consideró Piper, porque son muchas las familias residentes en Colorado que siguen, como Arturo, resistiendo la deportación, padeciendo largas esperas y sufriendo por falta de justicia en sus casos".
 
Arturo Hernández García ingresó legalmente a Estados Unidos en 1999, proveniente de Chihuahua, México, pero luego se quedó dentro del país tras el vencimiento de su visa original. Su hija mayor era bebé cuando su familia dejó México. Su hija menor nació en Colorado.
 
Un incidente en 2010 (cuando un compañero de trabajo lo atacó) llevó a que las autoridades descubriesen la situación irregular del mexicano, ordenando su deportación a pesar de que no existen cargos en su contra.
 
Su caso es el de cientos de miles de familias hispanas que han recibido con alegría la acción ejecutiva anunciada por el presidente Obama, pero que no han visto aclararse su situación que sigue pendiente de un sistema de justicia migratoria que ha sido denunciado, por propios y extraños, como “un sistema fallido”.

 
 

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