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LIBERTAD RELIGIOSA EN India: Violencia física contra miembros del clero y ataques a iglesias

Christians in India – es

© RAVEENDRAN/AFP

Ayuda a la Iglesia Necesitada - publicado el 13/01/15

El informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, país por país

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La Constitución establece que la India es socialista y “laica”, palabra que para un indio no quiere decir que exista una separación entre la Iglesia y el Estado, sino que el país no tiene una religión oficial y que Gobierno trata a todas las religiones de la misma forma sin favorecer a ninguna sobre las demás. 

La mayor parte de la población de la India profesa el hinduismo. Los musulmanes se encuentran mayoritariamente en Lakshadweep (antiguamente Laquedivas) y Jammu y Cachemira. 

El porcentaje de musulmanes es considerable en Assam (30,9 %), Bengala Occidental (25,2 %), Kerala (24,7 %), Uttar Pradesh (18,5 %) y Bihar (16,5 %). El cristianismo es el credo mayoritario en Nagalandia, Mizoram, y Meghalaya, Manipur (34,0 %), Goa (26,7 %), islas Andamán y Nicobar (21,7 %), Kerala (19,0 %), y Arunachal Pradesh (18,7 %). Punyab alberga al 75 % de la población total de sijes del país. Los budistas dominan en el distrito de Ladakh de Jammu y Cachemira. 

Del censo de 2001 no se pueden extraer datos sobre la composición de la población desde el punto de vista de la religión. 

El Gobierno teme que divulgar este tipo de información sirva para prender y suscitar pasiones en una sociedad profundamente dividida por credos e identidades religiosas. 

Los últimos años han visto crecer el temor de la población hindú mayoritaria de que las minorías religiosas les superen y arrinconen, en concreto la población musulmana que tiene una tasa de crecimiento considerablemente más alta debido a las familias grandes. 

Para el censo de 2011 no se puede extrapolar la población de las minorías religiosas del censo de 2001 porque cada comunidad tiene una tasa de crecimiento distinta. En conjunto, el total de la población creció un 17,64 % en diez años, entre ambos censos. La tasa de crecimiento de la década rondó el 36 % para los musulmanes mientras que la de los hindúes se redujo hasta el 20 %. 

El 14 de agosto de 1947 la India británica se separó de Pakistán (y en 1971, Bangladés se separó de Pakistán), forjado como país de mayoría islámica. 

Se calcula que la Partición fue testigo del asesinato de alrededor de un millón de hindúes y musulmanes a ambos lados de la nueva frontera y de un intercambio forzoso de población que afectó a más de 10 millones de personas. Los continuos enfrentamientos entre musulmanes e hindúes (el Gobierno registró unos 20000 incidentes graves a lo largo de 60 años) son imputables a la sospecha y el odio que se originaron en la aventura de la Partición. 

Desde la década de 1970, los sijes han cometido ataques contra los hindúes en el marco de una rebelión sangrienta que busca obtener una nación sij independiente en el Punyab. En el verano de 1984 la primera ministra Indira Gandhi ordenó un ataque contra el Templo Dorado, sagrado para la comunidad sij, para limpiarlo de combatientes armados. 

El 31 de octubre de ese mismo año fue asesinada. En represalia, grupos hindúes airados mataron a unos 5000 sijes; se calcula que en la capital de la nación, Nueva Deli, murieron 3500 de ellos. Desde la década de 1990, grupos de activistas hindúes atacan a los cristianos, sobre todo a los grupos evangélicos y pentecostales. 

En 2007 y 2008, se produjeron ataques organizados contra los cristianos, sobre todo en los estados de Orissa y Karnataka. Los grupos de activistas hindúes de orientación derechista como el Rashtriya Swayamsewak Sangh y el Vishwa Hindu Parishad lo justifican diciendo que las “religiones no índicas” son “religiones extranjeras” para las que no hay sitio en el país. 

No existe unanimidad respecto al número exacto de miembros de la comunidad cristiana del país. La Iglesia católica, los grupos protestantes y, sobre todo, las comunidades pentecostales, en conjunto, afirman que cuentan con una cifra global que supera en dos o tres veces el 2,3 % del censo oficial. 

Muchos conversos de las comunidades de la antigua casta más baja, los “intocables”, no se registran oficialmente para conservar los beneficios otorgados por el Gobierno en las instituciones académicas, la administración pública y el sistema legislativo, que perderían por ley si se convirtieran oficialmente al cristianismo. 

Esta ley ha sido impugnada por el Tribunal Supremo de la India. Otros, como los Khrist Bhakts de Varanasi, manifiestan devoción a Cristo, pero no exclusivamente. Estos “fieles ocultos” o “creyentes callados”, muchos de los cuales acuden con regularidad a pequeñas iglesias de pueblo, son tildados de “criptocristianos” o “casi cristianos” por sus críticos hindúes. 

Los estadistas Todd Johnson y Kenneth Ross calculan que los cristianos de la India constituyen el 4,8 % de la población y establecen la cifra de 58 millones. Otros calculan que llega al 9 %. Las estadísticas también varían respecto al crecimiento de la Iglesia. Johnson y Ross estiman que la comunidad cristiana de la India creció aproximadamente un 2,75 % anual entre los años 2000 y 2010. 

La Iglesia católica se divide en tres ritos en la India: el rito latino universal, el dominante, con unos 10 millones de miembros; el rito siro-malabar que dice alcanzar los 6 millones de miembros y el rito siro-malancar, con un millón de miembros. 

Los católicos disfrutan de gran respeto, gracias a su red de colegios, hospitales y centros de servicios sociales. Con 2 millones de miembros, la Iglesia del Sur de la India es la Iglesia protestante más numerosa del país.

Los Adventistas del Séptimo Día, las Iglesias ortodoxas orientales, las Iglesias evangélicas luteranas unidas y la Iglesia de los Creyentes (Believers Church; asociada a la Misión Americana y a Evangelio para Asia) afirman contar con entre 1 y 2 millones de miembros cada una de ellas. La Iglesia del Norte de la India dice estar formada por 1 millón y medio de fieles. 

Ley y libertad religiosa 

La Constitución de la India garantiza la libertad religiosa. El artículo 25 establece que todas las personas gozan por igual de la libertad de conciencia y del derecho a profesar, practicar y propagar libremente la religión. 

El artículo 27 establece que hay libertad en el pago de impuestos para promover una religión en particular por lo que ninguna persona se verá obligada a pagar ningún impuesto, cuya recaudación esté específicamente destinada a la promoción o el sostenimiento de una confesión religiosa en concreto. 

El artículo 28 establece que no se dará formación religiosa en los centros educativos sostenidos íntegramente con fondos públicos. 

El artículo 26 garantiza un conjunto de derechos estableciendo que todas las confesiones religiosas, y cualquiera de sus grupos, tienen derecho a dirigir sus asuntos en materia religiosa, a establecer y mantener instituciones con fines religiosos y caritativos, y a poseer, adquirir y administrar bienes de cualquier tipo. 

El artículo 29 garantiza que cualquier grupo de ciudadanos, que tenga su propia escritura, lengua y cultura tendrá derecho a conservarlas. 

Y el artículo 30 establece que las minorías religiosas y lingüísticas tienen derecho a fundar y gestionar las instituciones educativas que deseen. 

Pero el Estado se reserva el derecho a imponer restricciones, y lo ha hecho con frecuencia. El derecho a la libertad de religión está sujeto, generalmente, al orden, la moral y la salud públicas y al resto de las disposiciones de la Constitución.

Según el All India Christian Council (Consejo Global de Cristianos de la India), la Conferencia Episcopal Católica de la India y grupos de otras Iglesias, tres leyes concretas coartan la libertad de credo y, en la práctica, son enormemente discriminatorias.

El artículo 341 (iii) que penaliza efectivamente a las Castas Clasificadas, o parias (dalits), si se convierten al cristianismo o al islam por el temor a perder todas las medidas positivas que les benefician, por ejemplo los puestos reservados en parlamentos, empleos y becas; las llamadas leyes de libertad religiosa de siete estados (que el partido Bharatiya Janata amenaza con convertir en ley nacional) que controlan las conversiones religiosas, y la ley de regulación de las donaciones extranjeras, claramente contraria a las organizaciones no gubernamentales, pero que se utiliza de forma selectiva contra los grupos y ONG cristianas, que contribuyen al fortalecimiento social de los pobres o marginados. 

El Ministerio para Asuntos Religiosos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para las Minorías son organismos gubernamentales creados para investigar las acusaciones de discriminación religiosa y de otra índole y realizar recomendaciones para que rectifiquen las autoridades relevantes gubernamentales, locales o nacionales. Pero los movimientos de la sociedad civil afirman que son inoperantes e ineficaces. 

Persecución violenta 

La violencia física contra miembros del clero y de las congregaciones y los ataques a iglesias, grandes o pequeñas, son una manifestación común de la intolerancia religiosa. 

La comunidad sigue traumatizada por la violencia que se desató en el distrito de Kandhamal, estado de Orissa, en las Navidades de 2007 y agosto-noviembre de 2008 durante la cual los actos de violencia masiva destruyeron, según cálculos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra, unas 5600 viviendas y 300 iglesias, se eliminó a la población cristiana de 400 pueblos, y unas 56 000 personas resultaron desplazadas y obligadas a vivir durante un año en campos de refugiados del Gobierno y la Iglesia. 

Alrededor de 100 cristianos, hombres y mujeres, fueron quemados vivos o asesinados a machetazos durante estos episodios. La justicia ha sido lenta. De los 31 casos de asesinato que llegaron a los tribunales de distrito sólo se ha obtenido una condena por asesinato.

Un grupo que ha estado trabajando con las víctimas ha conseguido llevar los recursos al Tribunal Supremo de la India, para que se realicen nuevas investigaciones y se vuelvan a juzgar los casos de asesinato. 

El doctor John Dayal, del Consejo Global de Cristianos de la India afirma que los grupos extremistas de las comunidades hindú y musulmana están obsesionados con las conversiones al cristianismo y que esa es la raíz de tanta violencia.

En Cachemira son los musulmanes fanáticos, y en el resto del país los miembros del Rashtriya Swayamsewak Sangh y grupos afines como el Bajrang Dal, el Vishwa Hindu Parishad, el Rame Sene, el Shiv Sena y varios grupos más pequeños. 

El Consejo Global de Cristianos de la India, la Hermandad evangélica y otros movimientos, han contado unos 200 casos de violencia entre octubre de 2012 y octubre de 2013. Gran parte de estos hechos se han registrado en cuatro estados: Karnataka, que cuenta con la mayor incidencia, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh y Chhattisgarh, mientras que en otros estados se han producido incidentes aislados a lo largo del año. 

En abril de 2013, el Consejo Global de Cristianos de la India organizó una audiencia pública sobre la violencia en el estado de Karnataka en la que 80 pastores, algunos de ellos mujeres, presentaron su testimonio sobre la violencia que sufren en zonas rurales y ciudades pequeñas. 

La abogada Tehmina Arora, al frente de la Alliance Defending Freedom India, que lleva la asistencia legal a pastores e iglesias perseguidas, declara que pastores independientes de todo el país soportan el embate de la violencia. 

Leyes anticonversión 

Las leyes anticonversión llevan décadas en la legislación de estados como Orissa, Madhya Pradesh y Arunachal Pradesh. En los últimos años se han promulgado leyes de este tipo en Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh y Rajastán. Miembros del partido Bharatiya Janata han declarado en numerosas ocasiones que, si llegan al poder del Gobierno federal, impondrán una ley nacional anticonversión.

Alliance Defending Freedom India declara que las leyes anticonversión son crueles y lo único que consiguen es fomentar la animadversión religiosa y la división, además de haber impulsado la violencia contra los cristianos. 

La Iglesia afirma que son leyes que violan la Constitución de la India imponiendo restricciones ilógicas al derecho a la libertad de palabra y expresión, de conciencia y de practicar y propagar la religión que se desee. El Tribunal Supremo y varios altos tribunales han defendido la ley. 

Libertad para recaudar y controlar fondos y para conseguir donativos procedentes del extranjero.

La ley de regulación de las donaciones extranjeras, promulgada durante el estado de emergencia declarado por la primera ministra Indira Gandhi en 1975, vigila y controla las remesas, préstamos y donaciones que efectúan países extranjeros a las organizaciones no gubernamentales de la India y otros voluntarios entre los que se cuentan movimientos eclesiales y pastores individuales. Se ha utilizado con frecuencia de forma abusiva para presionar a las iglesias y a otros grupos. 

En 2013, se cancelaron las licencias de 400 organizaciones, entre ellas la de una diócesis católica. Varias agencias donantes occidentales también han entrado en la lista negra. 

La India tiene leyes rígidas sobre la difamación y disposiciones penales contra el menosprecio a la religión. Pero no han impedido que numerosos periódicos se burlen del islam y del cristianismo, e incluso, en ocasiones, algunas películas de cine. 

Los grupos hindúes suelen tildar a los musulmanes de terroristas y a los cristianos de agentes del papa que intentan convertir la India al cristianismo. En ocasiones estas leyes se han utilizado contra pastores cristianos. 

Limitaciones a la evangelización 

Las actividades de evangelización, es decir, los encuentros de oración de grupos pequeños, las reuniones de sanación, la distribución de biblias y folletos, etc., suscitan la ira de una serie de grupos hindúes de activistas, apoyados con frecuencia por la policía local.

Un caso típico es el de un grupo de misioneros, hombres y mujeres, que distribuían panfletos en la carretera de Bayyanagudem, término de Koyyalagudem, distrito de Godavari Occidental, estado de Andhra Pradesh el pasado agosto. Un grupo de personas los atacaron, golpeándoles salvajemente y dejando heridos a varios de ellos. 

Dificultades para construir Iglesias 

Desde el pastor independiente más insignificante, pasando por los grupos pentecostales y hasta la Iglesia católica, todos tienen cada vez mayores dificultades para construir iglesias nuevas. 

Los impedimentos van desde la negativa del Gobierno a conceder licencias a iglesias en las zonas tribales de Orissa hasta las objeciones que puedan tener los vecinos hindúes incluso en algunos barrios de Nueva Deli. Algunas Iglesias han entablado pleitos contra el Gobierno. 

Este año, dos pastores de la Iglesia evangélica de la India en Thiruvananthapuram explicaron a la Comisión para los Derechos Humanos, que habían comprado un terreno en Melamcode y habían obtenido una licencia por escrito de los funcionarios locales para construir la iglesia. Pero cuando las obras del templo estaban a punto de concluir, los funcionarios ordenaron su paralización.

Activistas hindúes también consiguieron que no se celebrase el culto dominical en un salón temporal. El Tribunal Supremo permitió reanudar el culto dominical, pero los funcionarios locales volvieron a prohibirlo. 

La policía y las agencias gubernamentales se han arrogado en ocasiones el derecho de demoler iglesias, basándose en que estaban edificadas en terrenos tribales o en que no se habían solicitado las licencias previas, aun cuando se tratase de templos construidos en pueblos y ciudades, o incluso en cruces de caminos sin impedimentos en medio de distritos de la selva. 

El 15 de julio de 2013, en el distrito de Rangareddy, en Andhra Pradesh, un funcionario responsable de los ingresos del panchayat (gobierno local) de Dundigl hizo demoler una iglesia con la excusa de que se trataba una edificación sin licencia. Las súplicas de los fieles no sirvieron de nada. 

Otra treta habitual para impedir la construcción de iglesias en la zona es que las asociaciones de bienestar de los residentes o el consejo de la aldea afirmen que no quieren un lugar de culto cristiano en su zona, de mayoría hindú. 

Un ejemplo de esto son los continuos intentos del pastor BVN Bhaskar Rao, de Life in Christ Ministries (Ministerios “Vida en Cristo”) en Cherlapally- Ghatkeser, Andhra Pradesh, de construir una iglesia en el pueblo. Los vecinos no quieren ninguna iglesia. La policía y los funcionarios se muestran impotentes. 

Violencia contra pastores 

Los casos más numerosos de persecución contra los cristianos son las agresiones a pastores de las comunidades pentecostales independientes, y en ocasiones a sus esposas, o a sus pequeñas iglesias, en zonas rurales o ciudades pequeñas. El año 2013, registró la mayor parte de los casos en los estados de Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh y Chhattisgarh.

Algunos de los ejemplos registrados por el Consejo Global de los Cristianos de la India muestran la barbarie de esta violencia. La respuesta de la policía no siempre es la misma: unas veces se ponen de parte del agresor y otras ayudan a la víctima. Un caso típico es el ocurrido el 5 de octubre: un clérigo protestante, el Rvdo. Anil Kumar, de la ciudad de Hubli, fue a visitar a una viuda y a rezar por su marido. Le sacaron a rastras, acusándole de realizar conversiones forzosas y le dieron una paliza. Después la policía volvió a golpearle. 

En la localidad de Belgaum, activistas de Sri Rama Sene, grupo de extrema derecha, interrumpieron la celebración de un servicio de oración de Vida Nueva. Empezaron a dar una paliza a los fieles y solo pararon cuando la policía llegó a rescatar a los cristianos. 

En la colonia de Bhovi, en Tumkur, la policía entró en un encuentro de oración de una misión pentecostal y detuvo al sacerdote, T K Naik, esgrimiendo que la oración era una pesadez. 

Propuesta de ley contra la violencia comunitaria 

En vista de las campañas de odio y violencia contra la comunidad musulmana en concreto, y de la violencia contra los cristianos de 2008, el Consejo Consultivo Nacional del Gobierno ha elaborado el borrador de una ley de prevención de la violencia comunitaria, en la que se trata la asistencia, la compensación y la reparación a las víctimas (Communal and Targetted Violence Prevention [Relief, compensation and reparation] Bill 20119) con el fin de restaurar la confianza entre las poblaciones musulmana y cristiana. 

La ley aún tiene que ser debatida en el Parlamento. Intenta poner fin a la impunidad de la policía y de las autoridades civiles en los episodios de violencia contra las minorías religiosas. También introduce el concepto de responsabilidad de los estamentos de mando haciendo responsable de los hechos al funcionario superior. 

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