El informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, país por país
En mayo de 2009, tras dos décadas y media de enfrentamientos militares, el ejército de Sri Lanka derrotó al grupo rebelde Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, (LTTE, por sus siglas en ingles; conocidos como los Tigres tamiles), acabando así la guerra civil. Según cálculos de Naciones Unidas, perdieron la vida unas 100 000 personas, muchas de ellas civiles, sobre todo durante la fase final de la guerra.
Desde que el Gobierno esrilanqués venció en la guerra, se ha producido un resurgimiento del nacionalismo budista cingalés. Según la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay: “A pesar de la oportunidad que ofrece el fin de la guerra para construir un nuevo Estado dinámico y para todos, Sri Lanka muestra signos de estar tomando el rumbo hacia una dirección cada vez más autoritaria”.
Disposiciones legales sobre libertad religiosa
La Constitución de Sri Lanka garantiza la libertad religiosa. El artículo 9 concede al budismo “el primer lugar” y ordena al Estado “proteger y promover la disciplina de Buda (Buda sasana), garantizando al mismo tiempo los derechos de todas las religiones” según lo dispuesto en la Constitución.
Según el artículo 10, “Todo individuo tendrá derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo la libertad de tener o adoptar la religión o creencia que desee”.
El artículo 12 declara que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho de protección por parte de la ley. Continúa prohibiendo la discriminación contra cualquiera “por motivos de raza, religión, lengua, casta, sexo, opinión política, lugar de nacimiento o cualquier otra razón”. Añade que no “se impondrá a nadie discapacidad, responsabilidad, restricción ni condición en el acceso a tiendas, restaurantes públicos, hoteles, lugares de ocio o culto públicos de su propia religión”.
El artículo 14 dice que todo ciudadano tiene derecho a una serie de libertades, entre ellas la de “manifestar su religión o creencia mediante el culto, la observancia, la práctica o la enseñanza”. Y que esta libertad se ejercerá “individual o colectivamente, en público o en privado”.
Sri Lanka también tiene un Ministro de Buda Sasana y Asuntos Religiosos con distintos departamentos para grupos budistas, hindúes, musulmanes y cristianos. Según la legislación que define sus competencias, el departamento debe desarrollar y aplicar programas que inculquen valores religiosos y fomenten una “sociedad virtuosa”.
La libertad religiosa en la práctica
Mientras la ley permite a los ciudadanos convertirse a la religión que deseen, hay una fuerte oposición social y política a las conversiones religiosas desde el budismo hacia otra religión, que se consideran como resultado de la coacción y la fuerza o un ataque contra la fe budista.
Un poderoso grupo budista, el Bodu Bala Sena (“Fuerza Budista”), que dice tratar de proteger el carácter budista-cingalés del país, se ha opuesto con vehemencia a las conversiones de budistas al cristianismo.
El Jathika Hela Urumaya (traducido sea como “Frente de Liberación Nacional”, sea como “Partido de la Herencia Nacional”), partido político dirigido por monjes budistas que forma parte de la alianza gobernante, también es contrario a las conversiones religiosas. En 2009 presentó en el Parlamento un proyecto de ley para regular las conversiones “inmorales” y volvió a intentarlo en 2011. Sin embargo, la ley no fue aprobada.
Las minorías no suelen enfrentarse a restricciones ni oposición a que enseñen su fe a sus miembros. Sin embargo, aunque es legal difundir la propia fe, las minorías pueden encontrarse con una violenta oposición cuando intentan ejercer esta libertad. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2013, un monje budista, identificado como Pitipana Seelawansa Thero del templo de Padukka Puraanas Viharaya, y cuatro subordinados suyos, identificados como Rangana Jayarathna, Chandrapala, Sunil Perera y Damith Nilanga, dirigieron el ataque de una multitud contra la iglesia Jeevana Diya de la región de Meegoda en el distrito de Colombo. Apalearon al pastor de la iglesia hasta dejarlo inconsciente y destruyeron toda la propiedad. Los agresores acusaban al pastor de conseguir conversiones de budistas por la fuerza.
En el país no es obligatorio que los grupos religiosos se inscriban. Sin embargo, hacerlo tiene ventajas como poder realizar transacciones económicas y abrir cuentas bancarias. Las religiones son registradas, bien por una ley parlamentaria, bien bajo la Ley de Sociedades Anónimas como un negocio. Mientras la mayor parte de las instituciones que pertenecen a la Iglesia católica romana o al Consejo Mundial de Iglesias han sido reconocidas mediante leyes parlamentarias o como compañías o sociedades, muchos grupos evangélicos se registran bajo la Ley de Sociedades Anónimas ante la falta de alternativas para ellos.
En la Declaración de Colombo de junio de 2012 sobre la Iglesia de Sri Lanka, la Asociación para la Libertad Religiosa (grupo internacional de organizaciones cristianas) manifestó su preocupación sobre esta zona. Solicitó que el Gobierno reconociera a los cristianos evangélicos protestantes“como ciudadanos iguales con el mismo respeto y los mismos derechos que se reconocen a otras comunidades religiosas del país”.
En 2012, numerosas comunidades evangélicas informaron de que habían recibido una circular del Gobierno informando de la obligatoriedad de aprobación previa por parte del Ministerio de Asuntos Religiosos para construir nuevos edificios o ampliar los lugares de culto. Cuando los líderes cristianos preguntaron por ello, las autoridades se negaron a ofrecer más detalles.
También se ha manifestado cierta oposición a la existencia de mezquitas en algunas zonas. Según BBC News Asia en agosto de 2013 en Colombo se clausuró una mezquita tras el ataque de una multitud de budistas.
El Ministerio de Asuntos Religiosos ha elevado una proposición de ley que pretende actuar contra las publicaciones, tanto en papel como en línea, que difamen las enseñanzas y tradiciones originales de las principales religiones del país. Según el borrador de ley elaborado por el Ministerio, se crearía una Oficina Budista de Regulación de Publicaciones con autoridad para regular cualquier publicación que difame el budismo, su filosofía o tradiciones.
Algunos hindúes tamiles también han denunciado episodios de discriminación, ya que el Gobierno ha construido numerosos templos y santuarios budistas en zonas del norte predominantemente tamiles12.
Violencia contra los cristianos
Entre enero y septiembre de 2013, se han registrado al menos 64 ataques contra cristianos e iglesias según la Alianza Evangélica Nacional Cristiana de Sri Lanka. En 2012, se produjeron un total de 52 ataques contra cristianos.
Por ejemplo, el 2 de septiembre, un grupo de desconocidos intentó prender fuego a la vivienda de un pastor de la Iglesia Asamblea de Dios en la región de Agunukolapalassa, del distrito de Hambanthota. Arrojaron bolsas de plástico llenas de queroseno y gasolina contra ella. Al oír el ruido, el pastor y su esposa se levantaron de la cama y el grupo salió huyendo.
Con anterioridad a estos hechos el pastor ya había recibido amenazas.
El 24 de diciembre de 2013, fueron atacadas tres iglesias del sur de Sri Lanka por multitudes: las iglesias de las Asambleas de Dios en Angunukolapalassa y Hikkaduwa y la de la Iglesia Casa de la Luz de Hikkaduwa.
La mayor parte de los ataques contra los cristianos se han realizado con total impunidad, según la Alianza Cristiana Evangélica Nacional de Sri Lanka. Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha observado “el crecimiento de la intolerancia religiosa y la falta de acción rápida contra los culpables”.
También en 2012, más de 30 obispos de la Conferencia Episcopal Católica de Sri Lanka, entre ellos el obispo de Mannar, pidieron la aplicación de la Comisión de Lecciones Aprendidas y Reconciliación (LLRC, por sus siglas en inglés), comisión de investigación designada por el presidente, Mahinda Rajapaksa, en mayo de 2010 para estudiar supuestos crímenes de guerra perpetrados durante la última fase de la guerra civil. Ante esto, el Jathika Hela Urumaya exigió que se le procesara.
El obispo de Mannar, Mons. Rayappu Joseph, recibió la visita de la policía que le sometió a un largo interrogatorio sobre su obediencia al LLRC al plantear los problemas a los que se enfrenta el pueblo tamil y la desaparición de más de 140 000 personas durante las últimas etapas de la guerra civil.
Violencia contra los musulmanes
Las agresiones a musulmanes se han incrementado desde el final de la guerra, llegando a un nivel antes desconocido después de que el Bodu Bala Sena, tras una reunión celebrada en Colombo en febrero de 2013, hiciera un llamamiento a la policía civil para que luche contra el “extremismo” musulmán y difundiera una resolución en diez puntos entre los que pide suprimir el certificado halal.
Según un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las ONG locales han registrado entre enero y julio de 2013 solamente, 227 episodios de agresiones por motivos religiosos, amenazas e incitación al odio contra los musulmanes.
El 28 de marzo de 2013, una multitud formada por unas 500 personas, al parecer dirigidos por monjes budistas de Bodu Bala Sena, atacaron un almacén de tejidos cuyo propietario era un musulmán, el Fashin Bug, cerca de Colombo, y apalearon al menos a seis personas.
En mayo de 2013, Azath Salley, líder de la Alianza Nacional Tamil Musulmana, de reciente formación, y antiguo vicealcalde de Colombo, pasó ocho días en prisión en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, que permite a las autoridades detener a sospechosos durante 18 meses sin acusación oficial. Salley fue arrestado sin orden judicial por presunta incitación a la discordia religiosa.
En abril de 2012, algunos monjes budistas se manifestaron por la presencia de una mezquita en la ciudad de Dambulla y exigieron su destrucción. Entonces, el Gobierno ordenó la demolición y reubicación de la mezquita. El conflicto sigue sin resolverse.
En enero de 2012, Sri Lanka dio la orden de que 161 predicadores musulmanes extranjeros abandonasen el país, por predicar el islam infringiendo la normativa que regula las visas. En 2012 el Gobierno concedía al clero extranjero permisos de trabajo para estancias breves de entre uno y cinco años por lo que, según Freedom House, organización con sede en Estados Unidos, muchos entran como turistas.