El diario Abc, en su edición del 18 de diciembre de 2014, se hizo eco de la noticia relativa a la denuncia que la plataforma “La Vida Importa” ha interpuesto contra siete clínicas de Madrid, Navarra y Aragón.
Los datos de los pacientes que han sido hallados en la basura revelan sus identidades, historias clínicas, copias del libro de familia, post-it con nombres, números de teléfono y copias de pruebas médicas.
Pero no son estas, al parecer, las únicas irregularidades detectadas. La denuncia se refiere también a supuestas prácticas de abortos quirúrgicos no declarados.
Según afirma el diario, se calcula que los abortos no declarados en España suponen un 35 % del total de los oficialmente registrados y publicados cada año por el Ministerio de Sanidad. Esto supondría no sólo una estafa al erario público en forma de impuestos, tal como afirma el diario, sino además que las cifras que conocemos sobre la evolución del número de abortos en España pudieran estar bastante alejadas de las reales.
La mencionada plataforma afirma que, tras un seguimiento de tres meses a las clínicas denunciadas, han podido constatar la eliminación, en contenedores de basura de la vía pública, de restos humanos procedentes de los fetos abortados(ver noticia sobre el uso de restos fetales para alimentar las calderas de calefacción de hospitales ingleses), así como material quirúrgico contaminado, extremo explícitamente prohibido por la legislación que regula la actividad de estas clínicas.
En cuanto a los restos humanos, el Decreto 124/1997 que aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria afirma literalmente que “los restos humanos con entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas, deben tener como destino la incineración o el enterramiento en lugares autorizados”.
Los centros denunciados por algunos de los hechos expuestos son: Clínica Ginecológica Callao, Datos Partner Lina, Centro Médico Pacífico y Centro Médico el Bosque, de Madrid; Clínica Amec de Zaragoza; Clínica Ansoáin de Navarra y Centro Médico Aragón-Gerona, de Gerona.
A esta denuncia se ha sumado la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ha presentado otra ante la Agencia Española de Protección de Datos y piensa hacerlo también ante la Policía Sanitaria Mortuoria, por las razones ya expuestas.
La noticia no parece haber tenido excesivo eco. La propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) afirma desconocer por completo los hechos y la denuncia, aunque algunas de las clínicas denunciadas pertenecen a dicha asociación.
Resulta grave no respetar los protocolos de buenas prácticas que afectan al ejercicio de la actividad sanitaria en cuanto a la debida custodia de los datos de carácter personal, específicamente los relativos a la salud de los pacientes, que gozan de la máxima protección legal.
No lo es menos eliminar restos humanos, jeringas, agujas, DIUs, sangre, y material quirúrgico sin control, violando todas las normas de tratamiento de residuos y poniendo en riesgo la salud de la población.
Pero la falta absoluta de respeto a la vida humana, no referida sólo a la eliminación de los restos de abortos a la basura, sino al hecho de terminar con la vida de tantos seres humanos inocentes e indefensos, resulta lo más grave de esta noticia, que, sin embargo, mucha gente pasa por alto.
La conciencia endurecida puede alarmarse más por encontrar restos fetales en el contenedor o datos personales en la basura que por asistir a la eliminación de decenas de miles de personas víctimas del aborto, que, por legal, puede parecer menos grave que eliminar una historia clínica sin las debidas garantías.
Esta es la hipocresía de la sociedad opulenta que cuela el mosquito y se traga el camello.
Por Julio Tudela Cuenca
Observatorio de Bioética, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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