La Constitución vigente en Argelia data de 1963; enmendada en 2008. El preámbulo del texto define a Argelia como “tierra del islam”, añadiendo que éste es el componente fundamental de su identidad.
También declara el islam como la “religión de Estado” (artículo 2), a la vez que garantiza que no habrá discriminación fundada en razón de nacimiento, raza, sexo u opinión (artículo 29) y proclama la inviolabilidad de la libertad de conciencia (artículo 36).
Sin embargo, ninguna disposición garantiza la libertad religiosa, y la libertad de conciencia no incluye la posibilidad de abandonar el islam para convertirse a cualquier otra religión.
Se estima que en el país residen unos 70.000 cristianos extranjeros, la mayor parte de ellos católicos. Al mismo tiempo, a lo largo de los últimos 20 años, un número considerable de argelinos ha decidido convertirse al cristianismo.
Las cifras sobre estas conversiones varían entre las 50.000 y las 200.000. Se están produciendo especialmente en la Cabilia, entre la población beréber del país.
Según el Gobierno argelino, actualmente los cristianos argelinos de nacimiento representan el 0,7 % de una población cercana a los 36 millones de habitantes, mientras que en 2006 representaban un 0,06 %.
La mayor parte de estas conversiones se han dirigido hacia las comunidades neoprotestantes. En 2011, Mustafá Krim, presidente de la Iglesia Protestante de Argelia, logró el reconocimiento del Estado para las veintisiete comunidades que forman este cuerpo.
Sin embargo, las autoridades civiles tratan de limitar este movimiento de conversión adoptando distintas medidas. Desde 2005, se ha ampliado el control sobre la predicación y la distribución de textos religiosos está sometida a estrecha vigilancia.
El 28 de febrero de 2006, el presidente argelino promulgó un decreto que regulaba el ejercicio de la práctica religiosa. Impone que todo culto religioso se practique exclusivamente en edificios aprobados específicamente por el Estado.
Estos edificios tienen que estar dedicados al culto y tienen que ser fácilmente identificables desde el exterior, medida que excluye cualquier celebración al aire libre o cualquier acto de culto en un domicilio privado. Otro de los objetivos del decreto es la supresión de la actividad misionera.
Establece condenas de entre dos y cinco años de prisión y multas de entre 500.000 y 1 millón de dinares (entre 5.000 y 10.000 €) a todo aquel que “incite u obligue a un musulmán a convertirse a otra religión, o que se sirva de medios de seducción, o utilice instituciones educativas, sanitarias o culturales, de formación, o cualquier otra institución, o medios económicos con este fin”, o incluso que “elabore, almacene, distribuya documentos, material impreso o audiovisual o cualquier otro soporte o medio dirigido a debilitar la fe de un musulmán”.
El arzobispo católico de Argel, Galib Bader, que lleva en el cargo desde 2008, ha exigido la enmienda del decreto, pero de momento ha sido en vano.
Se han tomado otras medidas que participan de este mismo espíritu, por ejemplo la prohibición a los argelinos de poner nombres no musulmanes a sus hijos y la enseñanza del islam en todos los colegios.
A principios de septiembre de 2012, el Ministerio de Asuntos Religiosos presentó al Gobierno un proyecto de ley para regular la organización de las asociaciones religiosas (de hecho, el 12 de enero de 2012 se había aprobado una propuesta de ley en este sentido).
El nuevo texto propuesto apela a estas asociaciones para que “respeten la unidad nacional y el referente religioso de la sociedad”; continúa precisando que la creación de este tipo de asociaciones se
“someta a una declaración constitutiva antes de ser presentada a las autoridades de asuntos religiosos” que deben examinar la solicitud.
Si se adopta este texto, el Gobierno tendrá la potestad de hacer cesar, en cualquier momento, las actividades sociales y de beneficencia de la Iglesia.
Finalmente, los controles sobre la observancia de ciertas prohibiciones religiosas se han endurecido a lo largo de los dos últimos años. Esto afecta entre otras cosas, al consumo de alcohol.
Desde principios de 2012 se han cerrado numerosos bares por lo que actualmente en Argel no quedan más de quince; en Constantina, Chelif, Batna y Bumerdas ya no hay ni uno. Sólo la región de Cabilia y la provincia de Orán siguen resistiendo.
Estos cierres son el resultado de una circular que el Ministerio de Comercio, dirigido por un miembro del partido islamista Movimiento por la Sociedad y la Paz, envió en 2006.
Dicha circular exige que todos los propietarios de bares renueven anualmente la licencia en el registro de la Cámara de Comercio. Para ello tienen que presentar una solicitud en la prefectura local, que con frecuencia no recibe respuesta. La consecuencia es que los propietarios de los bares se ven obligados a cerrar.
No obstante, el gobierno argelino ha contribuido a financiar la renovación de la basílica de San Agustín, en Annaba (Hipona).
Tras un período de obras de restauración, la iglesia se inauguró oficialmente el 19 de octubre de 2013 contando con la presencia del presidente del Consejo de la Nación (el Senado), Abdelqader Bensalah, en representación del presidente de la República, Abdelaziz Buteflika.
Hoy celebramos a...