La Cámara de Diputados padece presión por luchas internas del partido en el poder
Mientras la Cámara de Diputados dominicana debata tres excepciones al aborto que serían incluidas en el nuevo Código Penal, las Iglesias católica y evangélica aunaron fuerzas para que se mantenga la plena penalización del aborto.
El pasado jueves, la Cámara decidió posponer unos días la discusión sobre está propuesta presidencial que ha generado una ola de opiniones en el país, a favor y en contra, entre creyentes y supuestos defensores de los derechos de la mujer.
Previamente, el 28 de noviembre el presidente dominicano, Danilo Medina, propuso modificar la recién aprobada reforma del Código Penal, por los artículos relacionados con el aborto, penalizado en el país.
Uno de los artículos es el 107, referente a la interrupción del embarazo, que el Poder Ejecutivo considera que "no satisface las exigencias que se derivan del principio de legalidad".
El Gobierno manifestó que el Ejecutivo comparte la penalización del aborto que contempla el Código Penal, pero considera que debe precisar tres supuestos: cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
Precisamente esos artículos fueron ampliamente debatidos en el seno de la Cámara en los días de su aprobación, con un pequeño grupo de seis diputados a favor de la despenalización. Al final el Código penal se aprobó por unanimidad.
Representantes de ambas iglesias acudieron al Palacio Nacional para reclamar que se rectifiquen las tres observaciones de Medina, de quien aseguraron que está intensificando su presión sobre los diputados para que aprueben las excepciones.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo, dijo a los medios en la concentración celebrada ante el Palacio Nacional que en la "mayoría de los casos" los diputados "no tienen voluntad propia para votar en contra y responden a lo que sus dirigentes ordenan. Todos sabemos que es del Palacio de donde sale la orden".
En este sentido, el portavoz del oficialista PLD en la Cámara de Diputados, reveló que el partido como bloque acogerá favorablemente las observaciones de Medina, aunque ellos mismos en las discusiones previas para la redacción de la ley estuvieron en contra de la despenalización.
Sin embargo, el opositor PRD, aseguró hoy que votará en contra de la despenalización, tal y como advirtió el diputado perredeísta Carlos Gabriel García, quien consideró, en declaraciones a los medios, que las tres observaciones son una invitación a violar la Constitución.
Por otro lado, varios Obispos ofrecieron hoy una oración "por la vida" en la iglesia de San Antonio de Padua, en Santo Domingo, para que Dios "ilumine" a Medina y los diputados en la votación de mañana.
A su vez, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que aglutina a 30 organizaciones como Oxfam Dominicana y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, aseguró hoy en una conferencia de prensa que en los últimos años se han llevado a cabo unos 85.000 abortos sin seguros en el país e indicó que las observaciones de Medina son constitucionales.
Una vez más, en América Latina, las organizaciones internacionales hacen presión mediática e ingerencia en asuntos internos de la cultura y leyes de un país.
La citada coalición exhortó a la Cámara de Diputados a legislar en función de la protección de los derechos de las mujeres y convocó a una concentración mañana frente al Congreso "a favor de la vida", olvidando que el embrión a los dieciocho días, cuenta con un corazón que late, a los veinte días con un sistema nervioso en constante crecimiento, a los cuarenta y dos días ya cuenta con esqueleto completo y reflejos, y a las ocho semanas, se le puede practicar un electrocardiograma, y es posible registrar sus parpadeos, reacciones, respuestas a estímulos y asir con la mano.
Por último, la presidenta de Senado, Cristina Lizardo, lamentó hoy la renuncia, este domingo, del sacerdote Manuel Antonio Ruiz, de su cargo como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica. Renuncia que, según el mismo manifestó, es debida a que el debate en la Cámara, en realidad no es sobre la despenalización del aborto, sino una lucha interna de poder entre dos facciones del partido que gobierna.