Distintas instituciones de Iglesia dedicadas a la labor con las personas migrantes solicitan, mediante un comunicado, “la retirada inmediata de la disposición sobre las expulsiones sumarias”. Según muestran el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, “criminaliza la pobreza y la movilización social”,
Además, explican que la disposición incluida dentro de esta ley (explusiones sumarias) viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla”.
Estas organizaciones (Caritas, CONFER, CEE o Justicia y Paz), recuerdan que ya existen procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares y muestran que además, “existe la posibilidad de solicitar asilo y refugio, e identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables”.
La vulneración de la directiva europea y una posible violación del artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (CEDH) son otros de los argumentos utilizados por estas organizaciones que piden que “ninguna persona puede ser devuelta a un país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro”.
“España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada”, finalizan las organizaciones que piden diálogo, solidaridad y una verdadera política de cooperación internacional.
Hoy celebramos a...