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LIBERTAD RELIGIOSA EN Bolivia: La convivencia entre Cristianismo y Neoindigenismo

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El análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo, país por país

Situación legal de la libertad religiosa

La Constitución define el Estado como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” fundado sobre un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. 

Dentro de este marco, la Constitución respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales; sin embargo, el Estado es independiente de todas las religiones.

En marzo de 2013 el Gobierno promulgó una nueva ley, la Ley 351, que regula el procedimiento para adquirir la personalidad jurídica corporativa, que afecta las ONG y también a las Iglesias y grupos religiosos y a cualquier grupo con creencias espirituales sin ánimo de lucro. El procedimiento de inscripción formal es complejo y difícil y las organizaciones afectadas pueden perder el estatus legal, si no cumplen los requisitos legales necesarios, o si persiguen fines distintos a los indicados en sus estatutos.

Medidas del Gobierno y otros incidentes

En el llamado Estado Plurinacional de Bolivia, los conflictos relacionados con la libertad religiosa también afectan a algunas poblaciones de los pueblos indígenas. En esta línea, han reivindicado terrenos de los ancestros y otras zonas que, por motivos espirituales, creen que no deben estar sujetas a la explotación económica. Por otro lado, algunos actos de violencia contra propiedades o personas hacen difícil distinguir entre las motivaciones políticas del “neoindigenismo” e intereses de índole más espiritual. 

En julio de 2012, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana publicó un comunicado en el que condenaba los actos de violencia perpetrados contra los pueblos indígenas (secuestro y enfrentamiento en la comunidad de Mallku Khuta), así como la represión ejercida por las fuerzas del orden contra los manifestantes del conflicto de TIPNIS. El comunicado llama al diálogo y al respeto por la dignidad humana.

En el último censo realizado, el de noviembre de 2012, se excluyó por primera vez el dato de la adscripción religiosa. La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, justificó esta decisión del Gobierno basándose en que Bolivia es “un Estado laico” en el que “no existe una religión oficial y hay libertad de profesión de culto”. Sin embargo, un portavoz de la Iglesia católica lamentó que la pregunta se hubiera excluido del censo, porque es una de las herramientas más importantes del Estado para conocer las características religiosas de los bolivianos.

A finales de 2013, la Iglesia católica reiteró su preocupación ante el número creciente de robos en iglesias y capillas y volvió a exigir que las autoridades continuaran e intensificaran las investigaciones para localizar a los autores y devolver un patrimonio nacional de gran importancia religiosa, histórica y cultural. La declaración también manifestaba la indignación de la Iglesia ante las acusaciones infundadas del presidente Evo Morales que, el día antes, había acusado a “algunos obispos” de ser responsables de los robos en las iglesias de Potosí y Copacabana.

Una consecuencia de los cambios en la legislación relacionada con la inscripción de las comunidades religiosas es, que algunos grupos prefieren no aparecer en el registro oficial y funcionar extraoficialmente.

En septiembre de 2013, algunos grupos protestantes se manifestaron en varias ciudades del país contra el nuevo procedimiento que consideran un ataque contra la libertad religiosa ya que somete a las iglesias al control estatal y les obliga a pagar impuestos. Además, según el presidente de la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas, la trampa de la ley está en que obliga a ejercer las actividades “en el horizonte del Vivir Bien”, imponiendo de esta forma la visión espiritual andina, ajena a las creencias cristianas.

El presidente Evo Morales se reunió este año con los dirigentes de la Asociación de Iglesias de Dios Reformadas y participó en la celebración del Domingo de Resurrección. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, “alabó a la Constitución por garantizar la libertad religiosa y la igualdad de derechos a los miembros de todos los grupos religiosos”.

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