La acción ejecutiva de Barack Obama tiene muchos “no” como para que los inmigrantes echen campanas a vuelo

Como era previsible, finalmente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso en marcha a despecho del Congreso –de mayoría republicana—puso en marcha medidas ejecutivas que pretenden evitar la deportación de cerca de cinco millones de indocumentados, la mayor parte de ellos, centroamericanos.

Ante la derrota de su Partido el pasado 4 de noviembre, en las elecciones intermedias, Obama ha reaccionado donde más duele a los republicanos y en el tema que puede recomponer su figura (y su caída en los niveles de aceptación del segundo mandato) frente a la sucesión en la Casa Blanca en 2016: la comunidad hispana.

En una alocución el pasado jueves, al anunciar la acción ejecutiva, Obama dejó en claro que existen medidas que puede tomar con autoridad legal, como lo han hecho presidentes republicanos y demócratas antes que él, que ayudarán a que nuestro sistema de inmigración sea más justo y más adecuado”.

Cabe recordar que la comunidad hispana es ya la primera “minoría étnica” en Estados Unidos y que un anuncio de esta naturaleza tiene tientes eminentemente políticos ya que de cada tres indocumentados que permanecen de forma ilegal en esa nación, solamente uno se vería beneficiado con la acción ejecutiva promovida por Obama.

Ni se piense que otorga ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, y sus voceros en la Casa Blanca, se han apresurado a subrayar que no se está en la línea de la exigencia de gran cantidad de organismos pro-migrantes en el país del norte, entre ellos, de manera vehemente, la Iglesia católica.  Es decir, que no va a otorgar ciudadanía a los indocumentados, solamente se les dará –y a los que cumplan los requisitos—permiso de trabajo y evitarán la deportación por tres años.

Los únicos beneficiarios del anuncio serán inmigrantes indocumentados que llevan más de cinco años en Estados Unidos y que tengan hijos que ya son ciudadanos del país o residentes legales; además, que demuestren que llevan en el país desde antes del primero de enero de 2010 y no cuenten con ningún tipo de antecedentes criminales.

“No será aplicable para nadie que haya entrado a este país en fecha reciente. No será aplicable para nadie que venga a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera permanente ni ofrece los mismos beneficios que reciben los ciudadanos”, terminó diciendo Obama, en un anunció que, en principio, fue celebrado con cautela por la comunidad hispana en Estados Unidos: diez millones de indocumentados quedan fuera de ella.

La Iglesia

Por su parte, nada más conocerse el proyecto de reformas a una ley migratoria que la Iglesia católica de Estados Unidos no ha dudado en llamar como “una ley fallida”, el obispo auxiliar de Seattle y presidente de la Comisión para la Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense (USCCB), monseñor Eusebio Elizondo, dijo que en la Iglesia se ha hecho vida el acogimiento de los migrantes en la historia de ese país.

“Contamos con una larga historia de acogida y ayuda a los pobres, los marginados, los inmigrantes y las personas desfavorecidas; cada día la Iglesia católica en los Estados Unidos y todas sus estructuras de servicios sociales, hospitales, escuelas y parroquias, son testigos de las consecuencias humanas de la separación de las familias, cuando los padres son deportados y separados de sus hijos o de sus cónyuges”, dijo monseñor Elizondo.

Quien agregó que “a estas alturas todo el mundo sabe que hemos pedido a la administración hacer todo lo que esté en su poder legítimo, para llevar alivio y justicia a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Como pastores, acogemos todos los esfuerzos dentro de estos límites para proteger a las personas y para proteger y reunir a las familias y los niños vulnerables”.

Por su parte, el arzobispo de Louisville, Joseph E. Kurtz, presidente de la USCCB, dijo que “existe una necesidad pastoral urgente de una visión más humana de los inmigrantes y de establecer un procedimiento legal que respete la dignidad de toda persona, tutele los derechos humanos y sostenga cuanto establece la ley”.