Situación legal de la libertad religiosa
La Constitución garantiza el derecho a la libertad de conciencia y establece que todas las religiones y creencias se pueden practicar libremente y que todos los individuos tienen derecho a profesar su religión y practicar su credo, con la única condición de que no perturben el orden público.
Nadie puede ser obligado a pertenecer a ninguna organización religiosa o a recibir enseñanza contraria a sus convicciones. La ley establece las condiciones para el reconocimiento de las religiones.
Sigue en vigor el Concordato de 1860 entre la Iglesia católica y el Estado haitiano, aunque el catolicismo ya no es la religión oficial (desde 1987). Según este concordato, el Gobierno concede un estipendio mensual a los sacerdotes católicos, además de financiar algunos colegios católicos.
Ningún otro grupo religioso organizado dispone de esta ayuda.
El organismo responsable de la supervisión y administración de los grupos religiosos es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Confesiones Religiosas. Dentro del Ministerio está la Oficina de Culto donde se registran las Iglesias, los clérigos y los misioneros. Por ley, las comunidades religiosas están obligadas a presentar un informe anual de actividades.
Los matrimonios y certificados de bautismo de los grupos religiosos registrados tienen reconocimiento legal; además, estos grupos están exentos de derechos de aduanas sobre los artículos importados y de impuestos sobre los edificios dedicados al culto. El registro también les garantiza el estatus jurídico en las disputas legales y protege su condición de exención de impuestos.
Para registrarse, tienen que acreditar la cualificación del dirigente del grupo y adjuntar una lista de miembros y otra con los proyectos sociales del grupo.
Prácticas gubernamentales y otros incidentes
No se han producido violaciones de la libertad religiosa, aunque un grupo de representantes del vudú y del islam han denunciado que no gozan de la misma protección que los cristianos.
Líderes del vudú y otras personalidades manifestaron su temor ante una enmienda constitucional, que podría tipificar como delito la práctica del vudú y llevar a la discriminación contra sus miembros.
El primer ministro les garantizó que la enmienda no limitará la libertad de expresión religiosa. Algunos grupos musulmanes han denunciado que el Gobierno no concede al matrimonio musulmán el mismo reconocimiento que al cristiano y que los musulmanes solo pueden conseguir el reconocimiento de sus matrimonios en los juzgados civiles. El Gobierno defiende que sí disfrutan de reconocimiento legal.
En abril de 2013, un sacerdote misionero de Canadá murió asesinado en Haití, justo una semana antes de regresar a Canadá. Salía del banco donde había procedido a retirar una cantidad de dinero y, en un intento fallido de robo, dos jóvenes en motocicleta le arrancaron el paquete que llevaba y le dispararon tres balas por la espalda. Es cierto que llevaba dinero con algún propósito, pero seguía teniéndolo cuando llegó la policía. Estaba en Haití buscando plazas en colegios para unos alumnos, antes de terminar su misión en el país.
En noviembre de 2013 un informe de los Comisión de Justicia y Paz de los obispos haitianos denunció los elevados niveles de violencia del país, que ha registrado 179 asesinatos entre julio y septiembre. Culpan a razones políticas subyacentes y a la falta de una política de desarme coherente. Los obispos invitaron a las autoridades haitianas a adoptar medidas urgentes, para garantizar una mayor seguridad y exigieron al Gobierno que conceda mayor independencia a los jueces.
Hoy celebramos a...