Los Papas han exigido el final de la pena de muerte antes, pero ahora el Papa Francisco ha ido incluso más lejos. El Papa, por primera vez, ha recomendado que los cristianos luchen contra las condiciones de pobreza en las prisiones e incluso contra la cadena perpetua.
“Todos los cristianos y la gente de bien están llamados hoy a luchar no sólo para que la abolición de la pena de muerte sea legal o ilegal, en todas sus formas, sino también por la mejoría de las condiciones en la prisión en respeto de la dignidad humana de aquellos que han sido privados de la libertad”, dijo el Papa en una audiencia el 23 de octubre con los miembros de la Asociación Internacional para el Derecho Penal. “Vinculo esto a la sentencia de muerte. En el Código Penal Canónico, la sanción de la cadena perpetua ya no existe. Una sentencia de por vida es una sentencia de muerte disimulada”.
El Santo Padre condenó la prácticas penales así como las celdas aisladas de las prisiones de máxima seguridad, a las que llamó “castigos y sanciones crueles, inhumanas y degradantes”, y las describió como una “forma de tortura”.
“Es un auténtico ‘excedente’ de dolor que se añade a las aflicciones de detención”, dijo. “En este sentido la tortura es usada no sólo en centros de detención ilegales o en campos de concentración modernos, sino también en prisiones, en centros de rehabilitación para menores, en hospitales psiquiátricos, en estaciones de policía y otras instituciones de detención o castigo”.
En su denuncia de la pena de muerte, el Papa unió su voz a la de sus predecesores inmediatos. En Evangelium Vitae, el magnífico reflejo sobre la distinción entre la “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte”, el Papa San Juan Pablo II escribió que “la naturaleza y el alcance del castigo deben ser valoradas y decididas atentamente, no deberían irse al extremo de ejecutar al preso salvo en casos de absoluta necesidad: en otras palabras, cuando no es posible defender a la sociedad de otra manera. Hoy, sin embargo, como resultado de las mejorías constantes en la organización del sistema penal, tales casos son muy raros, por no decir prácticamente inexistentes”.
Juan Pablo II concluyó citando el catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 2267, la parte que dice, “Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”.
El Papa emérito Benedicto XVI también elogió los esfuerzos por abolir la pena de muerte y animó a los grupos católicos que trabajan con ese fin. Por otro lado, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el futuro Papa una vez escribió que había una “legítima diversidad de opinión”, sobre el tema. Pero eso era en el contexto de comparar los temas de guerra y la pena capital, que podría ser aceptable en circunstancias específicas y limitadas, con el aborto y la eutanasia, que nunca pueden ser aceptables bajo ninguna condición.
Durante las últimas décadas, la Iglesia ha anunciado el principio que la pena capital es lícita “si ésta es el único camino de defensa efectiva de vidas humanas contra el injusto agresor”. Para los fieles católicos, la “diversidad legítima de opinión” sobre la que el cardenal Ratzinger escribió se refiere a la aplicación, no a la sustancia de este principio, que ha sido propuesta por el ordinario y universal Magisterio de la Iglesia y, por consiguiente, ordena “el consentimiento religioso” por el Pueblo de Dios (CCC #892).
El Papa Francisco y sus predecesores han aplicado este principio a las capacidades penales de los estados modernos y ha declarado a todos los propósitos prácticos la pena de muerte ya no es lícita. Además, ha animado a los católicos a pronunciarse contra esta práctica en testimonio del Evangelio y en fomento de la cultura de la vida.
Lo que es una novedad es el nexo que el Papa Francisco ha hecho entre las condiciones de la prisión, incluyendo la vida de reclusión, y la enseñanza prudente de la Iglesia sobre la pena de muerte. Como observa el Santo Padre, el Código Penal Canónico ya no aloja la cadena perpetua. También describe tales prácticas como el confinamiento aislado – el estándar en Estados Unidos con las prisiones de máxima seguridad – como “un ejercicio arbitrario e inmisericorde de poder sobre las personas que han sido privadas de su libertad”.
Existe un riesgo de perder de vista la proporcionalidad de los castigos que reflejan históricamente la escala de valores mantenidas por el estado”, dijo el Santo Padre. “La misma concepción de derecho criminal y la aplicación de las sanciones como una ‘ultima ratio’ (último recurso) en los casos de delitos graves contra los intereses individuales y colectivos se han debilitado. Como lo ha hecho el debate concerniente al uso de sanciones penales alternativas para usar en lugar del encarcelamiento”.
No cabe duda que estas posiciones representan el punto de vista personal del Papa Francisco, y que aún están por desarrollarse. En su forma naciente, no ordenan el consentimiento religioso, mucho menos el consentimiento de la fe.
Pero sí nos obligan a escuchar, y hacerlo atentamente, porque Francisco es el Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro. Los pensamientos del Papa Francisco en esta materia brotan explícitamente de sus reflexiones sobre la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. No hay duda que también emanan de su preocupación por los pobres, que constituyen la mayoría de la población de las prisiones.
Además, estas reflexiones son de particular importancia para los católicos estadounidenses porque Estados Unidos tiene la triste distinción de ser el carcelero más grande del mundo. Más de 2.2 millones de nuestros ciudadanos están en la cárcel, un número que supera con creces incluso a China, una dictadura comunista con una población cuatro veces más grande que nosotros. En el 5 por ciento de la población mundial, contamos con el 25 por ciento de sus reclusos. Y muchos de esos prisioneros están cumpliendo condena o viven en condiciones que el Santo Padre condenó en sus observaciones.
Treinta y dos de nuestros cincuenta estados, el gobierno federal, y la milicia estadounidense aún tienen los estatutos de la pena de muerte en sus libros. Lo que es más, Estados Unidos es uno de los 58 países que aún practican la pena capital, junto a China, Corea del Norte, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, y otras bien conocidas balizas de la dignidad humana. La pena de muerte ha sido prohibida en toda Europa, a excepción de Bielorrusia. Aún es técnicamente legal en Rusia, pero ahí ha sido suspendida indefinidamente desde 1996.
El alardeado efecto disuasorio de la pena capital no se ha concluyentemente probado, y lo mismo se puede decir sobre su eficacia en la rehabilitación. Por lo que es claramente posible para nuestro sistema penal proteger a la sociedad de asesinos condenados, sólo la naturaleza retributiva de la pena de muerte puede explicar porqué los estadounidenses permanecen tan obstinadamente apegados a ella.
Pero ese apego es directamente contrario a la enseñanza de la Iglesia. Y quizá es el mensaje principal para los fieles católicos: la enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte quizá no llega al nivel de su enseñanza sobre el aborto o la eutanasia, pero sigue siendo un tema serio sobre el cual los disidentes deberían ser muy cuidadosos.
Mark Gordon es un socio de PathTree, una firma de consultoría enfocada en la resistencia y la estrategia de la organización. También trabaja como presidente tanto de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de la Diócesis de Providence, como del refugio para personas sin hogar y comedor comunitario. Mark es el autor de Forty Days, Forty Graces: Essays By a Grateful Pilgrim. Él y su esposa Camila llevan casados 31 años y tienen dos hijos adultos.
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