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LIBERTAD RELIGIOSA EN PERÚ: La Universidad Católica que no es «católica»

Université Pontificale Catholique Pérou – es

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Ayuda a la Iglesia Necesitada - publicado el 14/11/14

El análisis de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo, país por país

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La Constitución reconoce el derecho a la libertad de conciencia y religión, tanto individual como colectivamente. Prohíbe la persecución relacionada con la creencia o la opinión religiosa. Establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Dicho esto, reconoce el papel que la Iglesia católica ha representado en el desarrollo cultural e histórico de la nación.

La Ley 29.635 sobre libertad religiosa prohíbe la discriminación por motivos religiosos y establece que todo individuo es libre de profesar la creencia religiosa que desee, o dejarla en cualquier momento.

También reconoce el derecho a practicar estas creencias de forma individual o colectiva, en privado o en público. Reconoce el derecho a no ser obligado a prestar un juramento contrario a las propias convicciones, así como el derecho a no prestar juramento y optar por la alternativa de una promesa. También se reconoce el derecho individual a recibir sepultura de acuerdo con los ritos y tradiciones de la fe religiosa.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aplica leyes y se relaciona con los creyentes a través de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica y de la Dirección de Asuntos Interconfesionales, mediante los cuales dialoga sobre las cuestiones relacionadas con la libertad religiosa con la Iglesia católica y con otros grupos religiosos organizados.

Todos los lugares de culto están exentos de impuestos. También los rendimientos del trabajo de los obispos y sacerdotes están exentos del impuesto de la renta. Según el concordato suscrito con la Santa Sede en 1980, los cargos más elevados del clero de la Iglesia católica reciben subsidios del Gobierno. Igualmente, otros miembros del clero católico que trabajan en determinados ámbitos reciben un sueldo (cerca del 1/8 del total).

Gobierno también paga una subvención mensual a cada una de las diócesis católicas. Según la ley actual, solo el clero católico puede estar empleado en las capellanías de las Fuerzas Armadas. Todos los colegios tienen que ofrecer enseñanza religiosa como parte del programa de estudios, que en la escuela estatal tiene que ser católica, aunque “sin violar la libertad de conciencia de los alumnos, sus padres o los profesores”.

La ley de libertad religiosa de diciembre de 2010 (Ley 29.635 a la que nos hemos referido anteriormente) permitió a numerosos grupos religiosos acceder a muchas de las ventajas fiscales que ya disfrutaba la Iglesia católica. Sin embargo, la misma ley, que entró en vigor en julio de 2011, exige que estos grupos se vuelvan a registrar en el plazo de un año. La inscripción en el registro no es obligatoria, pero sí necesaria para obtener la exención de impuestos, administrar colegios religiosos y recibir donaciones.

La ley ha recibido numerosas críticas, porque establece un número mínimo de 10 000 miembros para poder registrarse y exige que la lista de miembros sea certificada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, requisito que hay quien considera inconstitucional, ya que infringe el derecho a la privacidad sobre las creencias religiosas del individuo. Enmiendas posteriores a esta ley, de octubre de 2011, han intentado responder a algunas de las críticas de los grupos religiosos, que consideraron la ley discriminatoria.

Incidentes y acontecimientos acaecidos durante el año que se estudia en este informe

En julio de 2012 se suscitó una gran polémica en torno a la Pontificia Universidad Católica del Perú después de que un decreto del Vaticano le prohibía utilizar los títulos de “Pontificia” y “Católica”. La Santa Sede intervino ante la negación de la universidad a enmendar sus estatutos conforme a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.

La universidad ha mantenido su desafío a los obispos peruanos y a las autoridades del Vaticano y ha defendido posturas manifiestamente contrarias al magisterio de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Peruana también difundió una declaración en julio de 2012 en la que pedía a la universidad obediencia al decreto vaticano y adhesión a la legislación canónica.

En 1976, la universidad introdujo unos cambios legales sustanciales. Según el abogado de la Archidiócesis de Lima, cuando llegó 1994, la universidad ya había “abandonado completamente [su] identidad católica” y había retirado a la archidiócesis el derecho que tiene por ley de formar parte del Consejo de Administración. Hace tres años salió a la luz que la universidad había expulsado de su Consejo de Administración, de forma unilateral, al actual arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, hecho que la Corte Suprema de Perú juzgó ilegal.

También en julio de 2012, la Iglesia cristiana evangélica se manifestó en contra de una nueva propuesta de ley, que pretende legalizar las relaciones sexuales consentidas con adolescentes. Los representantes evangélicos advirtieron de que es una forma de fomentar la pedofilia y dificultar la presentación de demandas por prostitución infantil.

En diciembre de 2012, el tribunal Constitucional del Perú juzgó que la ley es inconstitucional, basándose en que “es incompatible con el derecho fundamental de los adolescentes al libre desarrollo de su personalidad…”.

En octubre de 2012, una polémica exposición en la ciudad de Miraflores fue condenada como “sacrílega” por varios grupos religiosos. Les indignó que las figuras de Cristo y de algunos santos católicos aparecieran desnudos.

Hubo peticiones de que se cerrara la exposición e invitaciones a detener los proyectos que “ofenden la fe católica y hieren los sentimientos religiosos de la población”. Finalmente, el alcalde, haciendo caso a las críticas, cerró la exposición y despidió al director de la galería. Varios artistas denunciaron la censura y la falta de libertad de expresión.

En mayo de 2013, la doctora Gisella Orjeda, presidenta del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica prohibió la exhibición de imágenes religiosas en los edificios del Consejo, ordenando que las imágenes que tenían los empleados en las oficinas fuesen retiradas en el plazo de una semana.

Defendió esta decisión diciendo, que la ciencia requiere espíritu crítico basado en la evidencia y las creencias religiosas pertenecen exclusivamente al ámbito personal. La Dra. Gisella Orjeda afirmaba, que sus argumentos se apoyan en la Constitución, que establece que la Iglesia y el Estado son independientes y autónomos.

El movimiento social Nacionalismo del Perú Andino, un pequeño grupo antisemita que dice tener 70 miembros, pidió la expulsión de todos los judíos del Perú e hizo declaraciones en las que negaba el Holocausto. La comunidad judía lo denunció al Gobierno, exigiendo que se detengan los esfuerzos de este movimiento para incitar al odio racial y religioso

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